Carmelo Encinas Asesor editorial de '20minutos'
OPINIÓN

Disfunción democrática

La ex abogada de Podemos acusa a Iglesias y Montero ante el juez de usar a una empleada del partido como niñera
El vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.
EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press
La ex abogada de Podemos acusa a Iglesias y Montero ante el juez de usar a una empleada del partido como niñera

Hace tiempo que nada era como debiera ser en la política española. Que los acercamientos de ahora entre el PP y el PSOE para la renovación de CGPJ y los órganos de RTVE, pendientes desde hace más de dos años, constituyan todo un acontecimiento informativo da idea de hasta qué punto se daban la espalda. Una cultura del desacuerdo, que contraviene la propia razón de ser de la política a la que ya nos habíamos habituado. El despropósito lo acrecienta el hecho de que la oposición, en lugar de centrarse en las cosas de comer, pusiera todo su empeño en deslegitimar a un Gobierno que, guste o no, fue democráticamente elegido y que, por contra, quien ejerza en términos reales la labor opositora sea un sector del propio Ejecutivo. Porque son los miembros de UP y no el PP, como en su condición de primer partido de la oposición sería lo natural, quienes más ejercen la presión política y mediática a la acción de gobierno.

"Estaba asumido que se producirían divergencias en el Ejecutivo, pero no semejante recital de deslealtad"

Pablo Iglesias utiliza la vicepresidencia del Gobierno como una plataforma de agitación desde la que espolea a sus socios de gabinete. La aireada defensa de sus controvertidas posiciones en asuntos de tanto calado como la reforma del sistema de pensiones, la regulación de los alquileres o el propio cuestionamiento de la forma de Estado, entre otros muchos asuntos, proyecta una imagen de irresponsabilidad institucional que no solo debilita al Ejecutivo ante sus rivales políticos, sino que le resta crédito y fortaleza ante la UE y los foros internacionales. El colmo de tan aberrante disfunción se ha producido estos días a raíz de la detención del rapero Pablo Hasel, que sirvió de excusa a los violentos de siempre para desatar una ola de barbarie y pillaje en la supuesta defensa de una libertad de expresión, cuando puede que no haya un país en el mundo donde esté más garantizada. Las expresiones de apoyo a los mal llamados "jóvenes antifascistas" por parte del portavoz de UP en el Congreso, que tardó una semana en matizar, y la alergia de los dirigentes morados a condenar la violencia callejera resultan tan insólitas cuando se ostentan labores de gobierno que nadie en el mundo comprende lo que pasa en España.

Es obvio que Iglesias no está en el Gobierno por el afecto que le profesaba Pedro Sánchez y dudo mucho que sus sentimientos hayan cambiado. Él y los suyos entraron en el Ejecutivo porque sus 35 escaños eran imprescindibles para la investidura y la aritmética parlamentaria no ofrecía otra alternativa posible más allá de repetir una y otra vez las elecciones. Esa dinámica del desencuentro vigente en España no hacía viable un acuerdo trasversal entre bloques, ni siquiera una operación como la de Mario Draghi en Italia. Aquí hay demasiados patrioteros y pocos patriotas.

Aunque a nivel nacional no hubiera experiencia en gobiernos de coalición, estaba asumido que se producirían divergencias en el Ejecutivo por las diferentes procedencias y sensibilidades de sus socios, pero no semejante recital de deslealtad e irresponsabilidad institucional. Pablo Iglesias es un tipo inteligente y con una formación política muy por encima de la media de quienes ocupan escaño en la Carrera de San Jerónimo. Cuando cuestiona públicamente la democracia plena en España o la libertad de expresión sabe bien que lo que dice no es verdad. Ese ejercicio de cinismo, unido a su falta de fiabilidad como socio, le pueden condenar a una decrepitud galopante que condicione su futuro y el de su organización. Desestabilizar el país que se supone gobiernas, además de una disfunción democrática es una estrategia pésima.

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