El Partido Popular se echa atrás. La misma mayoría absoluta popular que impulsó desde el Senado un choque institucional con el Congreso de los Diputados suspenderá este martes aquel acuerdo aprobado en abril a raíz de la tramitación de la ley de amnistía. En consecuencia, la Cámara Alta no llevará el conflicto a su última consecuencia, que consistía en acudir al Tribunal Constitucional.
"El Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 188 del Reglamento de la Cámara, propone al Pleno del Senado la suspensión del acuerdo adoptado en su sesión del 10 de abril de 2024 sobre el planteamiento de un conflicto de atribuciones al Congreso de los Diputados", reza el escrito remitido a primera hora a la Mesa del Senado.
El mecanismo que iniciaron los populares el 10 de abril está regulado en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que en este caso ofrece al Congreso de los Diputados, la Cámara interpelada, la opción de responder al conflicto planteado por el Senado y aceptar o rechazar su requerimiento, que consistía en anular la tramitación de la amnistía porque supone una "reforma encubierta" de la Constitución.
El 16 de abril, el Senado recibió una respuesta del Congreso. La contestación vino directamente de la Mesa de la Cámara Baja, que acordó "rechazar el requerimiento formulado por el Senado, por estimar que el Congreso de los Diputados ha actuado en el ejercicio constitucional y reglamentario de sus atribuciones".
Una vez recibida esta respuesta, el Senado contaba con el plazo de un mes para elevar el conflicto al Tribunal Constitucional, pero la Cámara Alta consideró que el Congreso había incumplido el procedimiento. Según denunció, la Mesa del Congreso no tenía competencia para contestar a este conflicto: con Francina Armengol al frente, había privado al Pleno de la Cámara de este derecho.
"Únicamente conociendo la posición del Pleno del Congreso respecto al requerimiento del Pleno del Senado, tras el debate y la votación correspondiente, estará en disposición esta Cámara Alta de plantearse la iniciación de la vía judicial ante el alto tribunal", resume el documento firmado por la portavoz popular, Alicia García Rodríguez.
Con este argumento, el PP da carpetazo a un procedimiento inédito en esta democracia. La Mesa del Senado, de mayoría popular, aprobó un escrito la semana pasada en el que dejaba patente su disconformidad con la respuesta que había remitido la Mesa del Congreso, controlada por la mayoría del PSOE y Sumar. "El Congreso ha incumplido el requerimiento del Senado", denunciaba el escrito.
A su vez, la Mesa del Congreso había reprochado al Senado que "bajo la apariencia de la defensa de sus atribuciones" había tratado de "subvertir" las atribuciones que "legítimamente" había ejercido por el Congreso. En definitiva, los letrados de la Cámara Baja concluyeron que el conflicto no era más que un "artificio" orquestado en el Senado para "suplantar al Congreso".
En todo caso, el mecanismo quedará suspendido este mismo martes, si bien cabe esperar que el Partido Popular acabe llevando la amnistía al Tribunal Constitucional una vez la norma se haya aprobado. También este martes, el Pleno del Senado vetará la proposición de ley. Acto seguido, la medida de gracia volverá al Congreso, que previsiblemente levantará el veto del Senado a finales de este mes.
¿Suspender o aplazar?
Horas más tarde de presentar el escrito de suspensión del procedimiento, el Grupo Parlamentario Popular ha explicado que la iniciativa "se mantiene". Fuentes explican que el PP ha pedido al Pleno del Senado "que aplace el trámite" hasta que el Pleno del Congreso conteste al requerimiento (algo que la Cámara Baja ya ha rechazado".
A efectos prácticos, el plazo del Senado para acudir al Constitucional termina este jueves, y la ley orgánica del Tribunal Constitucional no prevé que la Cámara Alta pueda "aplazar" este periodo. La ley orgánica tampoco especifica que sea el Pleno del Congreso, y no la Mesa, quien deba responder al conflicto de atribuciones planteado por la Cámara Alta.
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