Asociaciones e individuos en España de corte conservacionista, ecologista y de defensa del territorio frente a la agresión que perciben e el despliegue de energías renovables han mostrado una notable capacidad de coordinación para dejar claro ante Bruselas su posición en contra de los grandes parques eólicos y fotovoltaicos alejados del lugar de consumo y en tierras agrícolas y partidarios, en su lugar, de los techos solares. Así lo han expresado en una consulta pública que lanzó la Comisión Europea sobre el desligue acelerado de eólica y solar para lograr definitivamente suplir el gas ruso, en la que las respuesta de España han sido las más novedosas y, dentro de ellas, las que procedían de la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE) o de otras organizaciones o personas con posiciones que la propia Comisión vincula con las de esta ONG.
Bruselas ha hecho balance este lunes de la consulta que lanzó durante cuatro semanas para que empresas, ongs o ciudadanos de la UE dieran su opinión para ayudar en la preparación de la guía para facilitar que los gobiernos de la UE designen las llamadas "zonas de aceleración de renovables" en cumplimiento de una directiva aprobada el año pasado que establece la obligación de crear estas zonas prioritarias donde regirá un sistema 'exprés' para autorizar parques eólicos o fotolvaicos en plazos que no deberían prolongarse más allá de los 12 meses, cuando ahora tardan años. De lo contrario, la ley comunitaria que deben aplicar España y el resto de países de la UE reconoce el silencio administrativo positivo y esos proyectos tendrán luz verde automática cuando transcurra ese año.
Una vez cerrada la consulta, la Comisión constata que España es el país de procedencia del mayor número de aportaciones, 49 -le sigue de lejos Bélgica, con 30-, y la mayoría ha sido remitidas, bien por esta ALIENTE, que agrupa a más de 200 organizaciones ecologistas y de defensa del territorio, o por ONG y personas con posiciones en las que la Comisión ve coordinación. "La plataforma [de la consulta pública] identificó una campaña por parte de la ONG española e individuos", dice la Comisión sobre 13 de las 49 respuestas desde España además de "otros 20 remitentes, ong e individuos", que comparten la misma posición en parte o totalmente, dice.
Esto eleva a 33 de las 49 aportaciones españolas que defienden postulados similares que muestran "preocupaciones" sobre los proyectos renovables que ya se han instalado en España y al reclamar "un enfoque planeado, democrático y científico" para designar unas áreas de aceleración que, reclaman, "excluya áreas de elevada biodiversidad, valor paisajístico y agrícola".
"Además, pidieron priorizar el despliegue en los tejados y en zonas degradadas e industriales, cerca de los puntos de consumo, para que no sea necesario lanzar nuevas redes eléctricas", añade la Comisión acerca de una petición que también ha detectado en otros países.
Las respuestas 'coordinadas' en torno a ALIENTE insisten también ante la Comisión en algo que hace dos años levantó muchas críticas, no solo entre defensores del territorio y de la España despoblada, también de los técnicos, y pide que se anule el reglamento europeo que en diciembre de 2022 abrió la puerta a que los proyectos renovables no tuvieran que contar necesariamente con una evaluación de impacto ambiental si las autoridades nacionales daban el visto bueno a un informe de aceptación aportado por el promotor, así como el real decreto que días después aprobó el Gobierno español para aplicar en España dicha disposición.
800km2 de Cataluña para producir electricidad verde
Con todo, la Comisión continua con sus planes para que los gobiernos europeos aceleren todo lo posible la generación de electricidad con fuentes de energía renovable, de modo que La UE sea capaz definitivamente de prescindir del gas natural que sigue llegando de Rusia.
Uno de estos elementos consiste en facilitar todo lo posible la creación de nuevos parques eólicos y fotovoltaicos, mediante leyes como la que dispone que cada gobierno debe hacer un mapa de esas zonas de bajo impacto ambiental -o donde exista, previa evaluación- donde las instalaciones renovables podrían ponerse en pie en menos tiempo. Para ello es la guía que ha publicado este lunes, donde pone como ejemplo lo que han hecho algunos países y regiones, como vías que otros podrían seguir.
Por ejemplo, dice la Comisión, empezar por determinar qué porcentaje de su territorio debería estar disponible para instalar parques eólicos o fotovoltaicos para poder cumplir con los objetivos en generación eléctrica renovable. Y una de las que ya lo ha hecho es Cataluña que "ha determinado que las capacidades adicionales de proyectos de eólica y solar fotovoltaica requerirán una extensión de unos 800 kilómetros cuadrados, que representa un 2,5% de su territorio".
Alemania ha hecho algo parecido y ha determinado que para 2026 sus 13 landers de mayores dimensiones deberán designar una media del 1,4% de su territorio para instalar parques eólicos y en 2032 esta superficie tiene que llegar a entre 1,8 y 2,2%, dependiendo de sus condiciones de viento y del tamaño de sus zonas de protección.
Techos, lagos y tierra degradada
Otro tipo de territorio donde la Comisión considera que se podrían crear zonas de aceleración de renovables son lagunas artificiales y planas de tratamiento de agua, por ser lugares como poco valor ecológico, así como en canales para el riego, donde poder instalar también paneles solares. En este último caso, España también aparece citada como ejemplo de buenas prácticas, en concreto por el desarrollo del Canal de Navarra, la red artificial de regadío artificial más grande del país sobre la que se han instalado una planta fotovoltaica de 160 MW.
Además, la Comisión recuerda que, según lo acordado, son lugares especialmente apropiadas para designarlas como zonas de aceleración de renovables las cubiertas y fachadas de edificios, infraestructuras de transportes, aparcamientos, granjas, lagos y embalses o zonas de tratamientos de residuos, así como tierra degradada que no aprovechable para uso agrícola.
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