La Audiencia Nacional juzga desde este lunes al jubilado burgalés Pompeyo González, que en 2022 fue detenido y procesado como presunto autor del envío de cartas explosivas a varias instituciones, entre ellas al Palacio de la Moncloa, al Ministerio de Defensa, a la Embajada de Estados Unidos y a la Embajada de Ucrania.
La jornada se ha inaugurado con la declaración de un agente que investigó al jubilado. El policía ha señalado que Pompeyo sabría que estaba siendo vigilado dos días antes de su detención, por lo que habría podido aprovechar para eliminar pruebas.
"Cuando salía de casa siempre tomaba medidas de seguridad. Era muy maniático", ha explicado el agente, que ha relatado que, dos días antes de su detención, comenzó a "hacer cosas raras". "Empezó a andar para arriba y para abajo. No descarto que viera algo", ha añadido.
Ante esta situación, la destrucción de algunas de las pruebas habría sido relativamente fácil, ha apuntado, puesto que las mismas eran "muy pequeñas", hasta el punto de poder desprenderse de las mismas tirándolas "por la taza del váter".
De hecho, ha continuado el agente, Pompeyo González llevaba entre cinco y diez clavos muy grandes encima el día de su detención. Fue instantes antes de la misma cuando "los tiró en la bolsa de basura" que posteriormente recuperaron los investigadores.
El rastreo de los sobres les llevó a la conclusión de que "esos paquetes procedían de la provincia de Burgos, de unas determinadas rutas donde casualmente también se transitaba por Miranda de Ebro". Eso, "con el resto de indicios como la venta de sobres", les permitió centrar "el tiro" en Pompeyo González.
Los agentes se cercioraron entonces de que, "en fechas anteriores al envío de los artefactos, esta persona había comprado a través de Amazon etiquetas que eran exactamente idénticas que las que figuran en los sobres" así como "bisagras muy pequeñas que podían ser como las que rezan los artefactos".
Cabe destacar que la Fiscalía pide que el jubilado sea condenado a una pena de 22 años de cárcel por un delito de terrorismo con resultado de lesiones —por las sufridas por el empleado de la Embajada ucraniana Mykola Velychko— y un delito de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.
En ese escrito de acusación el Ministerio Público interesaba además su inhabilitación absoluta y la inhabilitación especial para profesión u oficios educativos. Además, solicitaba que se le condene a indemnizar al trabajador herido con 1.500 euros por las lesiones sufridas.
Descargó manuales de explosivos
Pompeyo González, según ha explicado otro de los agentes que ha declarado este lunes, llegó a descargarse manuales para la elaboración de explosivos e incluso a consultar vídeos de una persona que envió paquetes de este tipo.
El instructor del primer atestado, por su parte, ha dado cuenta de cómo se inició la investigación contra el jubilado, que arrancó el 30 de noviembre de 2022 después de que se produjese la explosión en la Embajada de Ucrania en Madrid.
"Empezamos a investigar por entender que podía ser un tema de terrorismo", ha señalado el agente, que la primera hipótesis apuntaba a que, por los objetivos atacados, lo que buscaría el autor sería "influir en la postura de España" en la guerra de Ucrania.
Y es que, además del ataque a la sede del país, el acusado envió un sobre explosivo a la empresa Instalaza en Aragón. La misma se dedica, como ha detallado el agente, a la elaboración de armas y municiones, habiendo enviado algunas de las mismas a Ucrania.
La explosión en la Embajada de Ucrania
En la sesión de este lunes, el tribunal también ha escuchado la declaración como testigo de una trabajadora de la Embajada de Ucrania que colaboró en la evacuación del edificio después de producirse la explosión.
"Escuchamos un ruido y bajamos del coche. Al lado había un edificio en obras, pensamos que venía de ahí. Minutos más tarde nos metemos en el coche y al rato sale un trabajador de la Embajada pidiendo ayuda, que había habido una explosión y había un hombre herido", ha relatado.
Fue entonces cuando la mujer volvió a abandonar el vehículo y, al acudir a la legación, se encontró con el hombre que resultó herido en una mano. "Vi que había como plástico por el recinto de la Embajada y un sobre. Me dediqué a evacuar la Embajada y avisar a mi superior", ha apuntado.
La testigo ha explicado, además, que el hombre herido decidió marcharse al hospital "por sus propios medios". "No quiso ni esperar a los médicos", ha afirmado.
Carta explosiva a Pedro Sánchez
Fue en junio de 2023 cuando el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama propuso juzgar por terrorismo y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista a Pompeyo como presunto autor del envío de seis cartas que contenían explosivos caseros a, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Así constaba en un auto en el que el magistrado recordaba que también fueron objeto de esas misivas explosivas la ministra de Defensa, Margarita Robles, las instalaciones de la empresa Instalaza en Zaragoza, las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y el centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
En su resolución, el magistrado atribuía el delito de terrorismo a Pompeyo González porque si bien no hay indicios de que pertenezca ni colabore con banda o grupo terrorista organizado, las acciones que se le imputan, el contexto en que se produce (la guerra de Ucrania), la viabilidad de que los artefactos estallaran (como ocurrió en el caso de la Embajada de Ucrania) y los destinatarios de sus acciones, "evidencian que en el ánimo de dicho procesado está presente (...) el objetivo de alterar la paz pública".
Apuntaba además que con sus cartas buscaba transmitir el mensaje de que esas acciones eran efectuadas por personas vinculadas a Rusia "como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa". Y que su interés era "obligar a los poderes públicos (...) a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa".
El magistrado señalaba que Pompeyo González, que fue puesto en libertad con medidas cautelares en abril de 2023, era "antagonista" de ese apoyo español y norteamericano a Ucrania, y que sus artefactos contaban con un sistema de activación mecánico, un sistema de iniciación pirotécnico y una carga explosiva de 7 a 10 gramos.
La vista oral se reanudará este martes con la testifical del trabajador de la Embajada de Ucrania que resultó herido. La declaración de Pompeyo González, por su parte, será la última en producirse antes de las conclusiones, los informes finales y el turno de última palabra.
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