Tirón de orejas de la ONU al PP y Vox. Tres relatores de la organización han concluido en un informe que las denominadas leyes de concordia que ambas formaciones están impulsando en tres de las comunidades en las que gobiernan en coalición —Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana— "podrían" vulnerar los derechos humanos.
Desde la ONU precisan a 20minutos que el informe no proviene directamente de la propia organización, sino de relatores, "expertos independientes que trabajan de forma voluntaria", pero el escrito es importante y deja en evidencia que las normas autonómicas pueden "invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen", según se señala en el documento al que ha tenido acceso este periódico.
De esta manera, los tres relatores de la ONU instan al Gobierno de España a que "tome las medidas necesarias" para que las normas autonómicas no se materialicen. Precisamente, el informe nace a raíz de una denuncia del propio Ejecutivo, que denunciaba que dichas leyes eran "contrarias" a la de memoria democrática que impulsó durante la legislatura pasada y que también ha elevado el asunto al Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, además de anunciar que llevará la iniciativa del PP y Vox al Tribunal Constitucional si ambos partidos no dan marcha atrás.
"Las llamadas leyes de 'concordia' aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León y Valencia podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos", se lee en el documento.
Según explican los relatores, estas leyes "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica" y pueden "acarrear límites al acceso a la verdad" sobre el destino o paradero de "las víctimas".
Asimismo, apuntan a la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas, si bien señalan que las leyes de concordia podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil "a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España".
Este último apunte hace referencia a la exposición de motivos de la norma de la Comunidad Valenciana, en cuya exposición de motivos se aúna a todas las víctimas: a "las de la II República, la guerra civil y el "terrorismo etarra e islámico", restando la excepcionalidad de las de la dictadura. Esto, según los relatores de la ONU, "desvirtúa" el objetivo de las leyes de memoria de "atender las necesidades y derechos de las centenas de miles de víctimas del franquismo y la Guerra Civil".
Asimismo, los relatores de Naciones Unidas hacen referencia a dos puntos de las leyes que PP y Vox pretenden impulsar en Aragón y Castilla y León. En la comunidad presidida por Jorge Azcón, se señala que "no se hace referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista, sino que se refiere a las 'atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil'", mientras que sí menciona la "violencia política ejercida durante la llamada Segunda República que le antecedió".
En la región presidida por Alfonso Fernández Mañueco ocurre algo parecido: "El proyecto de ley suprime la palabra dictadura para referirse al periodo histórico del franquismo, y no incluye una condena expresa a las graves violaciones de derechos humanos perpetradas entre 1936 y 1978", señalan los relatores.
"Reiteramos asimismo que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, (propuestas o aprobadas) obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación", se afirma en el informe.
Los firmantes del documentos son el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé; y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.
Las reacciones del Gobierno y el PP
Las reacciones al escrito de los relatores de la ONU no se han hecho esperar. Ha sido el Gobierno el primero en referirse al asunto a través del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ve "contundente" el documento y ha anunciado que, por lo pronto, convocará a Aragón a una comisión bilateral la próxima semana. Asimismo, ha insistido en que el Gobierno irá al Tribunal Constitucional si no se da marcha atrás en las normas autonómicas.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que lo "mejor es leer los textos y no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado", así como que para el PP "los 40 años de Franco han sido una dictadura". Además, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que los relatores de la ONU "posiblemente desconozcan" las denominadas leyes de concordia y ha defendido que "lo peligroso" es la ley de memoria democrática que "ha impuesto Bildu, que ha querido impulsar que la transición no es un periodo democrático".
Por otro lado, también los aludidos por el informe de los relatores de la ONU se han pronunciado sobre el mismo. El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha defendido que lo que se señala en el escrito "es lisa y llanamente mentira". "Si se hubieran preocupado de hablar con el Gobierno aragonés les habríamos explicado qué es lo que de verdad está ocurriendo", ha espetado.
En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente valenciano, Carlos Mazón, quien ha dicho que los relatores que han firmado el informe "ni se habrá leído la ley valenciana" y ha presumido, "orgulloso", de que con su Gobierno "se han iniciado 422 exhumaciones de la dictadura franquista". Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, ha sido el único de los tres barones del PP que ha admitido no haber leído el informe, pero ha condenado "públicamente" la dictadura franquista.
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