El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado este viernes que lo "mejor es leer los textos y no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado", en alusión a un informe de tres relatores de la ONU sobre las leyes de la concordia impulsadas por PP y Vox en varias comunidades autónomas.
"Lo mejor que se puede hacer es leer los textos, segundo, no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado. Y tercero, decir muy claramente que para el PP los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA es una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica", ha dicho durante un acto en Figueres.
Acompañado por Dolors Montserrat, que ha anunciado que será la cabeza de lista del PP en las elecciones europeas, el líder popular ha concluido que su formación no va a olvidar "la dictadura ni la banda terrorista". "Lamentablemente, el Gobierno tiene un compromiso con Bildu y no puede hablar de grupo terrorista. Nosotros sí".
En un escrito conocido este viernes, la ONU insta al Gobierno español a adoptar "todas las medidas necesarias" en relación con las "leyes de la concordia" impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana para garantizar "la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de los derechos humanos".
Desde la ONU precisan a 20minutos que el informe no proviene directamente de Naciones Unidas, sino de relatores, "expertos independientes que trabajan de forma voluntaria", pero el escrito es importante y deja en evidencia que las normas autonómicas pueden "invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen", según se señala en el documento al que ha tenido acceso este periódico.
Según explican los relatores, estas leyes "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica" y pueden "acarrear límites al acceso a la verdad" sobre el destino o paradero de "las víctimas".
Asimismo, apuntan a la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas, si bien señalan que las leyes de concordia podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil "a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España".
Este último apunte hace referencia a la exposición de motivos de la norma de la Comunidad Valenciana, en cuya exposición de motivos se aúna a todas las víctimas: a "las de la II República, la guerra civil y el "terrorismo etarra e islámico", restando la excepcionalidad de las de la dictadura. Esto, según los relatores de la ONU, "desvirtúa" el objetivo de las leyes de memoria de "atender las necesidades y derechos de las centenas de miles de víctimas del franquismo y la Guerra Civil".
Asimismo, los relatores de Naciones Unidas hacen referencia a dos puntos de las leyes que PP y Vox pretenden impulsar en Aragón y Castilla y León. En la comunidad presidida por Jorge Azcón, se señala que "no se hace referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista, sino que se refiere a las 'atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil'", mientras que sí menciona la "violencia política ejercida durante la llamada Segunda República que le antecedió".
En la región presidida por Alfonso Fernández Mañueco ocurre algo parecido: "El proyecto de ley suprime la palabra dictadura para referirse al periodo histórico del franquismo, y no incluye una condena expresa a las graves violaciones de derechos humanos perpetradas entre 1936 y 1978", señalan los relatores.
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