Tres relatores de las Naciones Unidas han emitido un informe en el que señalan que las conocidas leyes de la concordia que PP y Vox están impulsando en Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana, "podrían" atentar contra los derechos humanos.
La conclusión del informe precisa que estas leyes autonómicas pueden "invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen", según se señala en el documento al que ha tenido acceso este periódico. Pero, ¿qué son las leyes de la concordia? ¿Dónde se aplican y desde cuándo?
Qué son y en qué se diferencian de la Ley de Memoria Democrática
Estas leyes sustituyen en los territorios citados anteriormente a la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno central, que tiene como objetivo "fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de la historia de España y de las figuras y movimientos que fueron construyendo los nexos de cultura democrática, así como preservar la memoria de las víctimas de la Guerra de España y la Dictadura franquista".
Como indican desde La Moncloa, "desde su entrada en vigor (octubre 2022), esta ley ha guiado la atención del Estado a las víctimas de la dictadura franquista con el objetivo general de rehabilitar su memoria y reparar los daños causados". En este sentido, desde el PSOE han instado a PP y Vox a "retirar sus leyes de la vergüenza" en estas comunidades porque "blanquean al franquismo".
Algunas de las principales polémicas y discrepancias incluyen la inclusión de víctimas en la Segunda República, las exhumaciones o la ampliación al terrorismo.
Las leyes de la concordia en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León
En Aragón se aprobó el pasado mes de febrero la Ley 1/2024, de 15 de febrero, de derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón. El Gobierno en coalición de PP y Vox presidido por Jorge Azcón derogó el pasado 15 de febrero la normativa previa.
La nueva ley recoge que la previa imponía "un relato oficial" y que "cualquier pretensión de crear una historia oficial vulnera las mencionadas libertades públicas, puesto que al legislador no le corresponde construir un relato histórico de ninguna época determinada. La memoria es algo subjetivo y personal y no debe ser objeto de desarrollo legislativo".
Uno de los puntos clave de la controversia radica en la consideración de "víctima" a "la guerra civil y el franquismo" en el artículo 6 de la Ley de Memoria Democrática, mientras que las leyes de concordia defienden su ampliación para incluir también la Segunda República.
En la Comunidad Valenciana, el Gobierno de PP y Vox presentó este mes de marzo una proposición de ley para sustituir a la ley autonómica de 2017. El foco es el mismo que en el caso de Aragón, la definición de víctima. Desde Vox indican que la nueva proposición de ley eliminará conceptos "guerracivilistas" para la reparación de "todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa" en la región.
En Castilla y León han anunciado que modificarán el decreto de 2018 con una nueva ley de concordia, que ha sido duramente criticada por otras formaciones al considerar que no condena expresamente la dictadura franquista.
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