La Comunidad de Madrid se ha sumado al frente común formado por la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía para presentar alegaciones ante la próxima modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Así lo han confirmado este martes los presidentes autonómicos valenciano y murciano, Carlos Mazón y Fernando López Miras, durante el acto de celebración del 45 aniversario del trasvase ante medio millar de representantes del mundo agrario del ámbito geográfico del trasvase. Ambos dirigentes han subrayado que estas cuatro comunidades, que piden el mantenimiento de la infraestructura hídrica, representan a más de 23 millones de españoles.

El presidente de la Generalitat ha destacado que "por primera vez" y "de forma conjunta y coordinada" cuatro comunidades autónomas presentan ante la Junta de Explotación del Trasvase Tajo-Segura alegaciones contra los "recortes injustificados al trasvase por no tener unas reglas de explotación técnicas y serias".

Mazón, al igual que López Miras, advirtió que las reglas siempre se han regido por criterios técnicos y que no deben ahora ser criterios políticos alentados desde Castilla-La Mancha los que primen en ese cambio que rige los envíos de agua desde la cabecera del río Tajo hacia la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. "Nada menos que 26 ó 27 recortes injustificados que hemos sufrido por no tener unas reglas de explotación de rigor, de justicia, técnicas y serias, y por tener demasiado margen al capricho político de la que realmente ahora en estos momentos va a ser la número uno nada menos que del partido socialista en las elecciones europeas", remarcó Mazón, en alusión a Teresa Ribera.

Mazón criticó que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica no haya otorgado "una audiencia mínima" a las autonomías afectadas en un "momento clave para España", al tiempo que pidió que el Gobierno central "abandone de una vez la política, la ideología o el sectarismo y que se ponga a trabajar con rigor, con ingenieros, con datos, con justificaciones adecuadas" en este tema.

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia recordó la época de consenso vivido en la Transición española, en la que se inició el trasvase demostrando ser una infraestructura "importante" en las últimas décadas, con una reutilización de agua del 98% y con el 85% del riego modernizado.

López Miras criticó a quienes intentan hacer creer que los trasvases "son de derechas y la desalación de izquierdas, y no es así", y lamentó que el Ejecutivo central, que está obligado a gestionar las políticas de agua, mire hacia otro lado y no aborde un Plan Nacional del Agua.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) sospecha que el primer recorte que se debe llevar a cabo como consecuencia del aumento de los caudales ecológicos en el Tajo sea superior a los 30 hectómetros cúbicos. Su presidente, Lucas Jiménez, acusó al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, de abrir una campaña y presionar al Ministerio para aprobar la modificación de las reglas de explotación a su conveniencia.

"A partir de ahí, todo el coro de ángeles y arcángeles que se lanza a la calle a pedir con urgencia la modificación de las reglas de explotación que deberían de haber estado en febrero, pero que el Ministerio dice que no estarán antes de octubre. Esto nos tiene muy preocupados. Algo se nos ha escapado. Algo conoce Castilla-La Mancha que no conocemos nosotros", advirtió Jiménez.

El caso del Júcar-Vinalopó

Mazón se mostró orgulloso de representar a una tierra que "ha demostrado la solidaridad antes de reclamarla" y de mantener "después de 20 años" el trasvase Júcar-Vinalopó entre provincias de una misma comunidad "con un esfuerzo extraordinario de generosidad, de vertebración y de rigor". Del mismo modo, destacó el ejemplo "en toda Europa" en el uso responsable del agua de la C. Valenciana, Murcia y Almería.

Empleo e impacto ambiental positivo

El trasvase, según se reflejó en el acto de aniversario, crea más de 100.000 empleos, elimina casi 2 millones de toneladas de CO2 y aporta 3.000 millones de euros al PIB nacional, ya que produce el 71% de las exportaciones de hortalizas y 25% de frutas de toda España.