Quedan todavía muchos años, pero la UE ha marcado el inicio del fin de las compras de gas natural en contratos como los que se cierran a día de hoy, de 10, 15 ó 20 años. La norma por la que se organiza el mercado de gases renovables como el biometano o de hidrógeno renovable que se publicará en breve en el Diario Oficial de la UE establece que los operadores no podrán cerrar compras de gas natural a largo plazo que vayan a estar vigentes más allá de 2040 cuando lleguen sin la posibilidad de capturar las emisiones de CO2 que emita al quemarlo.
Este plazo figura entre las disposiciones de la directiva que creará en la UE los mercados interiores del gas natural y los gases renovables como una forma de promocionar la inyección de gases renovables como el biometano y el hidrógeno renovable, para los que la norma fija pautas sobre cómo debe organizarse el mercado, las infraestructuras de transporte o medidas de crisis o de protección de los consumidores vulnerables como las que existen ahora para el gas natural y la electricidad.
La UE reconoce que los contratos de compra de gas a largo plazo son una "parte importante" del suministro de sus Estados miembros. Son, además, una forma muy habitual de comprar esta materia prima por parte de los operadores de energía y una manera de garantizar precios más estables, según subrayan en el sector. Por ejemplo, la francesa Total firmó recientemente un contrato de compra con Qatar que estará en vigor durante 20 años, de modo que todavía estará dentro del límite fijado por la UE a 2040. También a 20 años es el contrato de suministro de gas desde Argelia a Naturgy, con una cláusula de revisión anual del precio para actualizar el precio en caso de ser necesario. En el otro extremo estaría el mercado diario, donde en 2022 se reflejaron de manera muy clara las tensiones geopolíticas con Rusia, que hizo que el precio del gas escalara en el verano de aquel año hasta superar unos inasumibles 300 euros el MWh.
Para que las compras de gas natural no supongan una "barrera" para el desarrollo del biometano o el hidrógeno renovable -o "hipocarbónico", que también incluye al hidrógeno azul, cuyo origen es el gas-, la directiva que entrará en vigor en 2025 establece que "la duración de los para el suministro de gas fósil no podrán extenderse más allá de 2049". Esta restricción no afectará, sin embargo, a aquel gas que venga acompañado de garantías de que el CO2 que libere cuando se queme para generar electricidad, hacer funcionar la calefacción o la industria podrá ser capturado, es decir, retirado de la atmósfera. Precisamente las tecnologías de captura de emisiones son un asunto espinoso puesto que de momento no hay tecnologías que se haya demostrado totalmente efectivas y, a pesar de ello, la Comisión Europea ha hecho descansar en ellas buena parte de su estrategia para que los países de la UE logren reducir las emisiones de CO2 en un 90% para 2040, el objetivo de descarbonización intermedio hasta el total de 2050.
Ambición y tiempo
Para el Ministerio de Transición Ecológica esta disposición forma parte e una directiva que considera "muy ambiciosa" y sobre la que todavía queda pendiente saber cómo se van a poner en práctica ciertos elementos, como las medidas para proteger al consumidor, con la creación prevista de suministradores de último recurso para el hidrógeno que, sin embargo, no obliga a crear un tarifa más barata, como la TUR del gas natural. O la espinosa y muy técnica cuestión del llamado "blending" o de cómo compatibilizar la posibilidad actual en España de mezclar hasta un 5% de hidrógeno verde en la red de gas natural con el límite del 2% que fija para comerciar con él en otros países, Francia o Portugal en este caso.
El sector gasista, donde se asegura que la descarbonización ya no es algo discutible, se ve este veto a los contratos a largo plazo como una cuestión muy lejana, para la que todavía los operadores tienen tiempo de firmar largos contratos y que, en todo caso, tendrá siempre que garantizar la seguridad del suministro de gas hasta que esté claro que ya no se necesita.
También forma parte de la nueva regulación sobre gases renovables -aunque de su reglamento, lo que hace que entrará en vigor previsiblemente en mayo- la claúsula de salvaguarda que permitirá a los países que lo deseen vetar de forma unilateral las importaciones de gas natural desde Rusia y Bielorrusia. España, como uno de los grandes importadores junto con Francia y Bélgica, es uno de los países donde más efecto tendría una decisión en este sentido pero el Gobierno no parece querer tomar de forma unilateral. Hace unas semanas la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, buscó sin éxito unanimidad entre los 27 ministros europeos de Energía para que sea una medida que tomen todos de forma conjunta.
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