Dos años después de que empezara la guerra en Ucrania y de que la UE empezar a desgranar medidas y sanciones para desasirse de su dependencia energética de Rusia, España sigue siendo uno de los principales países importadores de su gas natural licuado (GNL). Este comercio no está sujeto a sanciones que sí afectan al petróleo o al gas que se transporta por tubería y lo realizan operadores privados contra los que, hasta ahora, el Gobierno no ha podido hacer más que mostrar su malestar y pedir que dejen de firmar contratos con productores de Rusia. Sin embargo, esta situación está a punto de cambiar con una regulación que se ultima en la UE que permitirá que cada país pueda decidir si veta las llegadas de GNL desde Rusia, aunque no exista una sanción que así lo determine para los Veintisiete. Según los plazos que se calculan en Bruselas, esta posibilidad será ya una realidad en abril, de modo que a partir de entonces el Gobierno deberá decidir si la aplica o no. De momento, el Ministerio de Transición Ecológica no se pronuncia.
Esta disposición es una "cláusula de seguridad" que se incluye en la directiva que establece normas comunes en la UE para los mercados interiores del gas natural y los gases renovables y del hidrógeno, sobre la que Parlamento Europeo y Consejo de la UE llegaron a un primer acuerdo a finales del año pasado. En abril terminarán de cerrar el acuerdo, con el voto en el Pleno de la Eurocámara del acuerdo resultado de su negociación con los gobiernos europeos. En este caso no será necesario un proceso de trasposición a la legislación nacional de cada país, de modo que la posibilidad de vetar la llegada de gas ruso por barco será una realidad previsiblemente en el mes de mayo.
Lo que dice el acuerdo, todavía provisional, es que los países de la UE podrán adoptar medidas para restringir temporalmente el suministro de gas procedente de Rusia y Bielorrusia, con vistas a eliminar progresivamente la dependencia del gas ruso, durante un período determinado que podrá renovarse si está justificado, limitando las ofertas iniciales de capacidad. Esta restricción podrá hacerla cualquier usuario de la red de gas en los puntos de entrada desde estos dos países, en los lugares donde se ubican las regasificadoras que reciben metaneros con GNL, cuando sea necesario para proteger sus intereses esenciales de seguridad y los de la UE. El país que quiera activar esta cláusula tendría que consultar antes la Comisión Europea y a países vecinos que puedan verse afectados por un corte del flujo de gas ruso, que no deberá afectar tampoco al mercado interno de gas de la UE ni poner en riesgo la seguridad del suministro de ninguno de sus países.
Según lo acordado entre el Parlamento y el Consejo de la UE, la medida también se extendería a prohibir el almacenamiento de este GNL ruso en sus plantas y se abre la posibilidad a que este veto se amplíe también a la plataforma de compras conjuntas entre los países de la UE.
De la petición al veto
Fuentes comunitarias indican que se trata de algo voluntario, una opción que tendrán los países para restringir el gas desde Rusia y contribuir así a la reducción de la dependencia energética de este país. En el caso de España, será un instrumento que hasta ahora no ha tenido el Gobierno para frenar, si así lo decide, la llegada de GNL más allá de los llamamientos repetidos durante todo este tiempo desde la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, para que los operadores dejen de firmar contratos de compra de gas, a un precio que generalmente ha sido más ventajoso, dada la condición de 'paria' de Rusia desde que atacó Ucrania en febrero de 2022.
"Aunque no esté incluido expresamente en los paquetes de sanciones por la UE, es recomendable que los comercializadores busquen cauces alternativos y reduzcan estas importaciones", decía Ribera en uno de sus llamamientos, en julio de 2022, sin demasiado éxito porque la llegada de gas de Rusia por barco no ha dejado de crecer, en buena medida porque, como otros países que importan también mucho gas licuado ruso, España tiene regasificadoras y es puente entre estas terminales y otros países destino final de los cargamentos.
De acuerdo al seguimiento de las importaciones europeas de GNL desde Rusia que elabora el think tank con sede en Londres IEEFA, Rusia fue el segundo exportador de gas natural licuado a la UE después de Estados Unidos y solo España, Francia y Bélgica recibieron el 80% de estas importaciones, que entre 2021 y 2023 crecieron un 11%. Según Enagás, en enero de 2024 Rusia era el tercer principal origen del gas que entra en España, después del GNL de Estado Unidos y del gas que llega desde Argelia por gasoducto y llegaron de allí 8.687 gigavatios de gas, un 26,9% más que en enero de 2023.
El año pasado, la UE gastó más de 8.000 millones en importar GNL ruso, de los que los operadores españoles pagaron la mayor cantidad, 2.310 millones, por delante de Francia, Bélgica y Países Bajos. Según el mismo informe de seguimiento de IEEFA, hay dos puertos españoles entre los cinco que más metaneros rusos con GNL han recibido en estos dos años, el de Bilbao y el de Mugardos, en Ferrol.
En estos dos puertos están dos de las siete regasificadoras que hay en España, gestionadas por el operador español del sistema gasista, Enagás. Su consejero delegado, Arturo Gonzalo, apuntaba hace unos días que, aunque la compañía gestiona las regasificadoras y los almacenes de gas asociadas a ellas, no le corresponde tomar la decisión de 'cortar' la llegada de gas ruso y también mostraba su preferencia por que fuera una decisión colectiva de la UE y no individual de uno o varios países solamente. "Hasta ahora nadie lo ha hecho porque es una visión compartida en el Consejo de la UE que esta debe ser una decisión comunitaria". "No soy yo quien tiene que responder [a un eventual veto de GNL ruso]. Ni compramos ni vendemos gas ni decido de dónde tiene que venir", afirmó Gonzalo, que, como el Gobierno, añadió que "preferiríamos que no viniera gas ruso", pero también "una decisión adaptada a nivel europeo" más que solo de Gobierno español.
Contrato de Naturgy
De momento no se sabe si el Gobierno vaya a echar mano de este instrumento. El Ministerio de Transición Ecológica todavía no se pronuncia sobre una regulación que aún no ha sido publicada definitivamente en el Boletín Oficial de la UE. Bélgica, otro de los principales importadores de GNL ruso de la UE, ha mostrado sus dudas sobre la posibilidad de recurrir a esta "cláusula de seguridad", debido a los contratos previos de compra que tienen firmadas compañías de este país.
En España, uno de las compañías que actualmente comercia con gas natural licuado desde Rusia es Naturgy, en virtud de un contrato que se firmó en 2013 y entró en vigor en junio de 2018, hasta final de esta década. Según sus términos, la compañía debe llevarse la mercancía -el GNL- porque de todos modos tiene que pagar por ella, de modo que si España vetara la entrada no significaría que se ahorraría el gas no entregado. "Estamos obligados a honrar nuestros contratos", afirmó hace unos días el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, sobre la posibilidad que en breve se abrirá a los países europeos. "Desde el inicio de la guerra [en Ucrania] no hemos comprado en Rusia ni un megavatio más de lo que dice nuestro contrato, solo hemos cumplido con nuestros compromisos", apuntó.
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