La guerra política que se ha levantado por el supuesto caso de fraude fiscal de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue recrudeciéndose y sumando actores principales. Este viernes, el entorno jurídico de Alberto González Amador anunciaba que podría presentar tres denuncias contra la Fiscalía de Madrid, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la Agencia Tributaria. La razón: la filtración de algunos de sus datos fiscales y de sus negociaciones.
"Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado", denunciaba Ayuso después de publicarse este pasado jueves la nota de prensa donde se exponían aclaraciones sobre la denuncia contra González Amador y el supuesto pacto con la Fiscalía.
Desde las filas del PP, además, arremetían contra Montero, a la que acusaban de acceder ilegalmente a los datos tributarios de la pareja de Ayuso solo para dañarla, ya que la ministra aludió a la venta de mascarillas que habría cobrado González Amador antes de que esta información fuese publicada. Pero el ministerio lo negaba tajantemente este viernes. "La vicepresidenta y ministra de Hacienda no ha revelado ningún dato fiscal de ningún contribuyente. Quien sostenga eso está mintiendo", indicaban fuentes del departamento.
En este sentido, el departamento apunta que la inspección fiscal a la pareja de Ayuso se inició en mayo de 2022, un año antes de que la presidenta se presentara a las elecciones autonómicas de mayo de 2023 y que el caso solo se ha conocido cuando se ha judicializado.
"Lucha político-mediática"
Pero la bomba ha llegado hasta asociaciones de jueces y fiscales. El Colegio de la Abogacía de Madrid consideraba este viernes de "extrema gravedad" la revelación por parte de la Fiscalía de Madrid de datos de las conversaciones del abogado con el fiscal.
No fueron los únicos. La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, daba un poso más al frente y exigía "inmediata dimisión" del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, como máximo responsable. AF, en un comunicado, hacía hincapié en que la Fiscalía tiene "deber de sigilo" y que el derecho de defensa se puede ver vulnerado con "indeseadas filtraciones de las conversaciones sobre negociaciones". Además, añadían que "de haberse producido la filtración por algún miembro de la Fiscalía, se habría vulnerado de forma grave, como mínimo, la ética que debe presidir su actuación" .
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), por su parte, mostraba su "rotundo apoyo" a la Fiscalía de Madrid tras la polémica y pedía no "instrumentalizar" a la institución en la "lucha político-mediática".
En este sentido, García Ortiz se reunía con el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, y con la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, tras las críticas. El encuentro se produjo a petición del Fiscal General para aclarar varias cuestiones. Algo que no impedía que el Consejo General de la Abogacía condenara, tras la reunión, la difusión de comunicaciones entre la defensa de un investigado y el fiscal por suponer "una clara vulneración de la garantía de confidencialidad" y exigía que se estudie su autoría.
Presiones de la izquierda
Desde los sectores de la izquierda y el Gobierno las presiones para que Ayuso dimita siguen al alza. El ministro de Transportes, Óscar Puente, urgía a Ayuso a dimitir mismo después de "haber mentido en directo" al salir en defensa de González Amador y acusar a Hacienda de deberle 600.000 euros.
El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, recriminaba durante la Asamblea de Madrid a Ayuso su "victimismo", mientras que la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, acusaba a la popular de "estar en el centro de todo" y favorecer a su familia. "Estamos hartos de escándalos, dimita, dimita de una vez", le ha espetado.
De nada ha servido. Ayuso mantiene su versión de que hay "una campaña de asedio" contra ella y su familia y asegura que todo está "sacado de quicio". "No hay trama de facturas, no hay sociedades pantalla", apuntó en sus últimas declaraciones.
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