El Colegio de la Abogacía de Madrid considera de "extrema gravedad" la revelación de datos del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por parte de la Fiscalía Provincial. El organismo ha anunciado que "tomará las medidas pertinentes" en su Junta de Gobierno del próximo lunes. Sin embargo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que haya filtrado informaciones sobre estas investigaciones.
Los colegiados recuerdan que el Estatuto de la Abogacía establece en su artículo 22 sin paliativos "el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendidos",
Además, añaden que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal destaca en su artículo 4 el límite de la obligación de informar por parte de la Fiscalía, haciendo hincapié en el respeto al secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción inherentes al cargo, así como a los derechos de los implicados".
A juicio del Colegio, "la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes sin un acuerdo de conformidad formalizado constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal".
Por ello señala que a instancias de su Comisión Ejecutiva la Junta de Gobierno del Colegio se reunirá el próximo lunes "para examinar con todo detalle estos hechos con el compromiso de velar por el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional, como pilares básicos del derecho a la tutela judicial efectiva, piedra angular del Estado de derecho, llegando hasta las últimas consecuencias".
Reclama una investigación
Tras una reunión de su Pleno, el Consejo de la Abogacía ha rechazado esta supuesta revelación de datos en una declaración institucional, en la que también han reclamado una investigación "para determinar su autoría e iniciar las acciones penales o disciplinarias contra quien corresponda".
Según ha explicado la Abogacía, "es legitimo que el Ministerio Fiscal, en el uso de las facultades que le atribuye su Estatuto Orgánico, informe en relación con hechos aparecidos en medios de comunicación en los que se cuestione su actuación".
Sin embargo, el Consejo de la Abogacía ha expresado que "dichas comunicaciones no pueden, en ningún caso, exceder de las facultades de información que atribuye a la Fiscalía el citado Estatuto en el artículo 4.5, sino que deben realizarse en el marco de la Instrucción de la Fiscalía 3/2005 de 7 de abril sobre relaciones del Ministerio Fiscal con medios de comunicación".
Así, ha instado "a respetar, en todo caso", el Protocolo de conformidades suscrito entre el Consejo General de la Abogacía y el Ministerio Fiscal, "para impedir que se puedan revelar datos que pueden perjudicar la posición del investigado en el proceso".
El Pleno ha requerido "el máximo respeto a la confidencialidad de las comunicaciones entre las partes como garantía del Estado de Derecho", además de pedir "que se adopten las medidas oportunas para evitar que se produzcan este tipo de actuaciones y se garanticen el respeto debido a la confidencialidad en los procesos de esta naturaleza".
Por último, ha exigido "la inmediata constitución" de una Comisión Mixta Fiscalía General del Estado-Consejo General de la Abogacía Española "para la revisión y actualización del Protocolo de actuación para juicios de conformidad".
El Gobierno niega las filtraciones
María Jesús Montero ya negó el pasado miércoles que hubiese filtrado informaciones sobre las investigaciones al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero, este viernes, el Gobierno ha reafirmado la postura. Además, Montero reclamó que Díaz Ayuso debe asumir "responsabilidades", dar "explicaciones" y dejar de "echar balones fuera".
Díaz Ayuso acusó en una rueda de prensa a la ministra de revelar "por los pasillos" del Senado "datos personales" de su pareja, "que ni siquiera el propio afectado conocía" sobre las comisiones que cobró presuntamente su pareja durante la pandemia. Pero Montero ha recalcado que esta acusaciones son "rotundamente falsas".
La titular de Hacienda también ha defendido a la Agencia Tributaria que, según ha recalcado, hace "un trabajo riguroso, independiente" y que está "permanentemente combatiendo el fraude fiscal y comportamientos que se alejan de la norma". "Ayuso podría tomar nota, aplicarse su propia receta y asumir las responsabilidades que correspondan", ha concluido.
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