Ni los socialistas ni los populares transmiten resquicios de esperanzas de avanzar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ni siquiera con la ayuda del comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, que media en la negociación de sendos dirigentes desde el pasado mes de enero. La tercera cita que mantendrán Félix Bolaños [PSOE] y Esteban González Pons [PP] en Estrasburgo para desbloquear el órgano que lleva más de un lustro caducado se produce en vísperas de que el Congreso vote la ley de amnistía. Y es en torno a la medida de gracia sobre la que giran los argumentos de unos y otros para justificar su ausencia de expectativas.
Este lunes, el PSOE hacía referencia a las declaraciones que dio la semana pasada a la prensa el vicesecretario de Internacional del PP e interlocutor en esta negociación desde 2022. Desde Bucarest, dijo ver "muy difícil" llegar a un acuerdo sobre el CGPJ "con alguien que al mismo tiempo está humillando, desautorizando y obligando al Tribunal Supremo a corregirse, rompiendo la división de poderes", en alusión a la ley de amnistía acordada entre el Gobierno y los independentistas catalanes.
El vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, se refería este lunes desde Ferraz a las palabras de González Pons, "el peor" interlocutor posible para llegar a un acuerdo, y auguraba un mal final para la negociación. "Nos tememos lo peor", aseguró De Celis, que se remitió a las "excusas del PP para no renovar el CGPJ", como viene haciendo desde hace tiempo el negociador del ala socialista, Félix Bolaños.
No obstante, en Génova matizaban este lunes las palabras de su vicesecretario. Fuentes del PP aseguran que el problema no es tanto el hecho de que la amnistía se apruebe esta semana en el Congreso, coincidiendo con la reunión en Estrasburgo, como el contenido de esta. Y es que interpretan que la ley viene a reforzar que los socialistas van en un camino opuesto al de los populares sobre el CGPJ, pues exigen que los jueces sean los que elijan directamente a los vocales del turno judicial. En cambio, según estas fuentes, a través de la amnistía, el Gobierno asume que durante un periodo concreto en Cataluña hubo persecución por parte de los jueces, conocido por el concepto de lawfare.
Además, a esto se suma que "el Gobierno no se ha movido en nada", de su posición, pues no es partidario de cambiar el sistema de elección de los vocales. Al mismo tiempo, la oposición recuerda que Pedro Sánchez "es bueno cediendo cuando quiere", en referencia a Junts o a ERC, con quienes ha pactado la amnistía. Por esto mismo, los populares defienden que el problema no está en su interlocutor Pons ni en el comisario Reynders, sino en el socialista Bolaños, que no cambia un ápice su postura. En todo caso, ambos dirigentes acudirán a la reunión con el comisario europeo, la tercera de este proceso de negociación.
Pese a augurar una pérdida de tiempo, el PP no se pone ninguna fecha límite para la negociación. Si bien Reynders dejará su puesto en pocas semanas, los de Alberto Núñez Feijóo plantean que la Comisión Europea escoja a un sustituto. Es más, insisten en que cuando Feijóo pidió la mediación de Europa, no dio nombres concretos.
La misma desesperanza que trasmiten desde Génova reina en la calle Ferraz, donde sostienen que la "actitud permanente del PP para boicotear el acuerdo" es ya "un hecho comprobado". A diferencia de los populares, el Partido Socialista es partidario de resolver este conflicto bajo el paraguas de la actual legislación, "y después se reformará lo que haya que reformar".
También la desconfianza es mutua, como demuestra la frase pronunciada hoy por De Celis: "Los que querían controlar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por detrás ahora lo que quieren es controlar el CGPJ". Fuentes del PSOE aseguran que acudirán a la reunión del miércoles "con la mejor intención", y atribuyen el posible frenazo en la negociación al "modus operandi del PP". "Cada semana es una nueva excusa, a vez cómo lo justifican ante Europa", resumen.
La marcha de Guilarte, a la vuelta de la esquina
Mientras las dos formaciones responsables de desbloquear el Consejo parecen alejarse de nuevo, la inminente marcha del presidente del órgano se suma a la presión de la Comisión Europea. Según ha anunciado Vicente Guilarte, el segundo presidente interino del CGPJ, su intención es dimitir antes de que acabe marzo en caso de que no haya un acuerdo sobre la mesa.
Su partida ahondaría aún más en la precariedad del actual Consejo, el más mermado de la historia de la democracia. Pero ni la dimisión de Carlos Lesmes, presidente del Consejo desde 2013, ni la jubilación de Rafael Mozo, que le sustituyó en primer lugar, lograron el golpe de efecto necesario para zanjar el conflicto. Tampoco parece que las advertencias de Guilarte estén dando frutos en este sentido. Con él fuera del órgano, el vocal conservador Wenceslao Olea pasaría a presidirlo, como hiciera su antecesor, por ser el de mayor edad en el Pleno. Además, solo quedarían en el Consejo 15 vocales de los 21 que prevé la ley (incluyendo al presidente, que lo es también del Tribunal Supremo).
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