A lo largo de este lunes, el Partido Popular registrará formalmente su denuncia por el caso Koldo ante la Fiscalía Europea y la Oficina europea contra el fraude. Tal y como ha explicado la secretaria general, Cuca Gamarra, se adjuntarán todas las informaciones que se tiene hasta el momento sobre la presunta trama de corrupción que afecta "al corazón del PSOE" con el fin de que ambos órganos las investiguen. 

Casi tres semanas después de que saltara a la luz el caso, el PP promete llegar "hasta el final". Tanto es así que volverán a copar la agenda parlamentaria de esta semana con todas las incógnitas que giran en torno a la trama ante el "silencio, la opacidad y contraataque" del Gobierno de Pedro Sánchez que aplica la "política de autodefensa en lugar de asunción de responsabilidades". 

La número 2 de Alberto Núñez Feijóo ha insistido en que "no eran cuatro pillos" quienes habrían participado en la supuesta trama, sino "algo estructural dentro del Gobierno de Pedro Sánchez". Por esto mismo, aprovecharán el control al Gobierno que tiene lugar tanto en el Congreso como en el Senado para lanzar de nuevo aquellas cuestiones que consideran que los actuales ministros y altos responsables socialistas no han querido resolver. 

Por ejemplo, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le forzarán a responder "por qué no acudió a la Justicia si ha admitido que su ministerio conocía la trama"; a la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, le repreguntarán "quién le recomendó contratar con la empresa de trama y si fue a ella a quien se le llamó o a alguien de su equipo"; al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, le preguntarán "por qué mantiene a altos cargos implicados en la trama" y qué información maneja ahora para haber cesado al secretario general de Puertos del Estado. También se dirigirán al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para saber "si su ministerio conocía las investigaciones que se estaban llevando a cabo y si ha torpedeado la investigación", como indican algunos medios de comunicación.

Al responsable de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, le preguntarán "por qué rectificó los contratos para pedir fondos europeos y si va a dimitir por estar investigado por la fiscalía europea por malversación". A la actual ministra de Sanidad, Mónica García, le exigirán revelar "qué sabe" de la trama así como "abrir de manera inmediata una investigación interna en el ministerio de Sanidad para saber qué ha pasado" y que "se comprometa" a facilitar la documentación de la que dispone. Por último, a su antecesor en el cargo y actual primer secretario del PSC, Salvador Illa, le cuestionarán "su participación en el megacontrato que él impulsó" como ministro.

El control al Gobierno de esta semana estará acompañada por la aprobación de la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Tal y como ha detallado la secretaria general del PP, este martes la Mesa—  donde los populares tienen mayoría absoluta— hará que este órgano eche a andar. Y a todo ello se sumará el debate sobre la amnistía que el Gobierno lleva al Congreso el jueves para su aprobación. Los populares también aprovecharán sus intervenciones y las sesiones de control para pedir explicaciones sobre una ley que consideran que no viene a resolver la "convivencia sino de conveniencia". 

Los populares tachan el caso Koldo de "corrupción económica" y la amnistía de "corrupción política", dado que —según la oposición— Sánchez la concederá para mantenerse en la Moncloa. Además, Gamarra recuerda que los mismos que se van a favorecer de esta ley son los que la han redactado y los que "ya dicen que lo van a volver a hacer y que van a por la autodeterminación". Esto es, según los de Feijóo, lo que cambiará la situación en Cataluña con la nueva ley: "Ahora van de la mano del PSOE y con la colaboración de Pedro Sánchez".

Asimismo, se apoya en el texto que emitió la Comisión de Venecia para mantener el rechazo a la norma. "No se cumplen las exigencias de las que habla la Comisión de Venecia: estamos ante un ejercicio de corrupción política a través de una ley que no busca la convivencia sino la conveniencia de un presidente del Gobierno que necesita unos votos para permanecer en el poder", ha dicho Gamarra.