En la Unión Europea las cosas han cambiado mucho en los últimos cinco años. Llegan las elecciones de junio y en el balance de la legislatura hay dos puntos clave más allá de la invasión rusa de Ucrania: son la reacción ante la pandemia de covid y el acuerdo para la emisión de deuda común y los fondos de recuperación. Con la compra conjunta de vacunas o el reparto de ayudas entre los Estados miembros la UE rompió importantes tabúes, y por eso cualquier sombra de corrupción en torno a uno de estos dos hitos preocupa mucho -más si cabe- en Bruselas. El caso Koldo ha hecho encender las alarmas y poner a España en el foco.
De momento, la Fiscalía Europea ya ha abierto una investigación. "En base a la información recabada, se tomó la decisión de iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea", explicaron este lunes en un comunicado, después de que fuera la Comisión Europea la que remitiera el caso al organismo. Los contratos de mascarillas en Canarias y en Baleares son los elementos más importantes de la posible trama ahora mismo, y el Ejecutivo comunitario quiere resolver cualquier duda.
El presente tiene que ver con la investigación y con las posibles consecuencias que tenga el caso Koldo para el Gobierno de Pedro Sánchez, pero si la UE pone la mirada larga, la preocupación crece todavía más. ¿Por qué? Porque cualquier sombra de duda sobre cómo gestionaron algunos Estados miembros la pandemia y el uso de los fondos de recuperación puede llevar a que la fórmula no se repita en el futuro o a que, si se hace, ya sea con la mosca detrás de la oreja. Y no será porque no hubo avisos. Ya en 2022, Europol y la OLAF (oficina europea para la lucha contra el fraude) alertaron de que el riesgo de fraude en lo relativo a los fondos europeos era "considerable".
Precisamente la OLAF investiga el fraude al presupuesto de la UE, la corrupción y las faltas graves en las instituciones europeas y elabora la política de lucha contra el fraude para la Comisión Europea. El artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE es una tarea común de la Unión y de los Estados miembros. Ya solamente eso lanza un aviso de cómo puede avanzar la investigación sobre el caso Koldo.
"Las investigaciones de la OLAF se pueden alargar durante meses", aclaran las fuentes consultadas, y esos avances "se tendrán que dar en colaboración" con las autoridades españolas, aunque quien recibirá las conclusiones que se saquen será también la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario es la 'pata' que en último término tomará decisiones sobre España.
El país, con todo, se arriesga a un bloqueo de los fondos de recuperación, en cuya recepción es el Estado miembro más avanzado ahora mismo; por motivos diferentes ya hay precedentes de congelación de esas ayudas, en el caso de Hungría y también con Polonia, aunque Varsovia está resolviendo la cuestión desde la llegada de Donald Tusk al Gobierno.
¿Cuál es el principal valor europeo que tenemos que defender?
Todo esto es relevante en muchos sentidos, pero sobre todo si se atiende al hecho de que España es, junto a Italia, uno de los grandes beneficiarios de las ayudas de recuperación poscovid. En total, se suman 163.000 millones, entre la adenda (93.500 millones) y los 69.500 millones en transferencias no reembolsables que ya se desbloquearon en la primera fase iniciada en 2021. De todos ellos, el país ha recibido hasta el momento 37.000 millones en tres desembolsos, es decir, un 23% de todos los fondos disponibles hasta 2026.
La base jurídica para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE es el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el cual encomienda a la UE y a sus Estados miembros la tarea de proteger el presupuesto de la Unión. En ese ámbito, la OLAF lleva a cabo investigaciones administrativas independientes sobre el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que implique fondos o ingresos de la UE, "con el fin de garantizar que el dinero de los contribuyentes de la UE llegue a proyectos que puedan ayudar a crear puestos de trabajo y a promover el crecimiento en Europa".
A futuro una meta es conseguir que estos formatos de deuda común y de fondos compartidos se vean como una herramienta 'limpia', sobre todo si se tiene en cuenta que es un modelo que se pretende replicar: se puso encima de la mesa para ejecutar compras conjuntas de energía y de ese modo reducir la dependencia de Rusia, y ahora se ha hecho lo propio a la hora de hablar de la inversión en Defensa. Por eso cualquier amago o prueba de corrupción puede echar al traste una iniciativa pionera en el marco de la UE.
A todo ello se suma la parte más emocional, sobre todo en lo relativo a la pandemia de covid. La crisis sanitaria coincidió casi con el arranque de la legislatura en la UE y se generó un ambiente de solidaridad y de trabajo que todavía los eurodiputados, por ejemplo, recuerdan. La compra conjunta de vacunas se sumó al fondo de recuperación ya mencionado o al envío de dosis a terceros países. El tema es quizá el más sensible en la Unión de las últimas décadas, si no el que más; y ese es un factor muy importante a tener en cuenta sobre cómo puede quedar 'denostado' el país que se pueda ver involucrado en un caso de corrupción.
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