La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha negado toda responsabilidad que pudiera haber tenido como presidenta de Baleares por la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión, empresa central en el caso Koldo. En una rueda de prensa ofrecida desde el Congreso, Armengol no ha aclarado quién se puso en contacto con su Gobierno para la adjudicación del contrato, pero ha asegurado "nadie" coaccionó ni presionó a su Ejecutivo para contratar a una empresa concreta.
Armengol ha dicho que no se plantea dimitir, como viene exigiendo el PP desde hace días por la "responsabilidad política" que podría haber tenido la presidenta, ya que, según ha manifestado, su Gobierno pudo ser "víctima" de la trama, pero "jamás cómplice ni colaborador".
En 2020, la comunidad autónoma firmó un contrato con Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas FFP2 por valor de 3,7 millones de euros. Sin embargo, las mascarillas recibidas no cumplían las condiciones necesarias para ser consideradas FFP2, sino mascarillas quirúrgicas. Aún así, la Administración balear dio por bueno el pedido y, tres años mas tarde, reclamó a la empresa una compensación económica equivalente a la diferencia en el precio de los dos tipos de mascarilla.
Este lunes, el Partido Popular registró en la Cámara Baja una petición de dimisión de la presidenta, que lejos de atender a esta petición se ha mostrado hoy muy crítica con los populares. "El principal partido de la Cámara ha decidido saltarse todas las fronteras y todas las líneas rojas posibles", ha reprochado la presidenta del Congreso, "en política no todo vale".
Armengol ha defendido su gestión al frente del Ejecutivo balear y ha señalado que entró en política motivada por "la lucha contra la corrupción", un fenómeno que le resulta "repugnante", según ha indicado. "No dejaré que mancillen mi nombre, que mezclen mi nombre ni mi gestión con nada que se parezca a la corrupción", ha exclamado Armengol. A lo largo de su primera comparecencia desde que quedó señalada por el contrato de su Gobierno con la trama, la expresidenta de Baleares ha incidido en la desesperada situación en la que se encontraba su Administración al comienzo de la pandemia.
"Estamos hablando de abril de 2020, que no teníamos EPI, respiradores, mascarillas, que teníamos a voluntarios que hacían mascarillas en sus casas para proteger a los sanitarios", ha recordado para explicar que su Gobierno trató de comprar material sanitario "donde se vendía". "Lo volvería a hacer mil veces", ha acotado.
Según ha relatado, cada oferta para la compra de mascarillas se sometía a análisis y se compraba el material "a decisión de los técnicos, rigurosamente, con contratos bien hechos y con gente seria que decidía según el precio y las condiciones del material". Al tratarse de una isla, ha defendido Armengol, había una mayor necesidad de aprovisionamiento.
"En mi comunidad autónoma lo mandábamos todo a analizar al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo", ha asegurado la presidenta del Congreso, quien ha desmentido que las mascarillas que encargaron fueran "fake". Sobre la tardanza a la hora de reclamar una devolución de dinero por unas mascarillas que, si bien "no eran fake" tampoco eran FFP2, la expresidenta de Baleares ha recordado que la Administración estaba "colapsada". Con todo, ha justificado, se reclamó el dinero "en tiempo en forma". "Jurídicamente es válido hacer la reclamación el primer día y el último día", ha subrayado.
"A partir de ahí gana el PP en Baleares, se hace el traspaso se explica el expediente, y no me voy a extender en esa parte porque soy presidenta y tengo que mantener el equilibrio en esta casa. La responsabilidad está en manos del actual gobierno del PP", ha zanjado Armengol para, a continuación, pedir al Partido Popular "que explique qué ha pasado con el expediente" de reclamación a la empresa suministradora.
Sin embargo, a pesar de la insistencia de los periodistas, que le han preguntado varias veces, Armengol ha rehuido explicar quién de la trama corrupta contactó con su Gobierno para recomendar a la empresa Soluciones de Gestión, propiedad del considerado 'cerebro' de la trama Juan Carlos Cueto. "Nos llegaban a todos los gobiernos nombres de empresas, empresarios, de gente que tenía un contacto, de administraciones, ministerios e instituciones", ha justificado. En el caso de su comunidad, ha repetido, "se enviaban todos los nombres al servicio de salud, que se ponía en contacto y analizaba".
Así, ha negado su posible implicación en la trama sosteniendo que es incongruente pensar que estuvieran relacionados con la corruptela cuando analizaron la carga y reclamaron una devolución. "Por eso me indigna que se intente mancillar mi nombre. Y si alguien se lucró, que le caiga todo el peso de la ley". En todo caso, ha indicado que su Gobierno podría ser "víctima" de la trama, pero "jamás cómplice ni colaborador".
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