La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre los contratos firmados  en 2020 por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares para el suministro de mascarillas con la empresa de la denominada trama Koldo, dado que las adjudicaciones públicas para la obtención de material anticovid se sufragaron en parte con fondos europeos.

Los contratos con la empresa Soluciones de Gestión fueron firmados por los gobiernos que entonces presidían la balear Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso y principal foco de las críticas de la oposición por las revelaciones del caso, y el canario Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial. Las adjudicaciones se materializaron en cuatro contratos por poco más de 16 millones de euros.

La Fiscalía Europea ha emitido este lunes un comunicado en el que precisa que abre las diligencias tras recibir "una denuncia de un particular" y llevar a cabo "diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados".

Según ha indicado, para adoptar su decisión ha recopilado información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, así como de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la Unión Europea.

"En base a la información recabada, se tomó la decisión de iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea", ha señalado la Fiscalía, que sin embargo no precisa si ya figuran personas o empresas imputadas por dichos ilícitos o si de momento solo investiga hechos.

Tal y como recuerda el organismo europeo, este es responsable de investigar, perseguir y juzgar los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE. Siempre que exista la sospecha de que se ha defraudado o se está defraudando al presupuesto de la UE, tanto en sus ingresos como en sus gastos, las autoridades nacionales, así como todas las instituciones, órganos y organismos de la Unión, tienen la obligación legal de denunciarlo sin demora a la Fiscalía Europea. Dado que las mascarillas que proporcionó la trama corrupta a los gobiernos balear y canario se pagaron con fondos europeos, la Fiscalía Europea se considera competente para indagar en el asunto.

La Fiscalía Anticorrupción española remitió documentación a la Fiscalía Europea el 8 de junio de 2023, al afectar las pesquisas a fondos de la Unión Europea. En concreto, se trata de cuatro contratos firmados por Canarias y uno por Baleares con la empresa Soluciones de Gestión entre abril y mayo de 2020, por importe conjunto de 16.019.079 euros, de acuerdo a los datos que recoge la querella del Ministerio Público español. 

El PP ha puesto el foco principalmente en Armengol, ya que las mascarillas conseguidas por Soluciones de Gestión, de acuerdo con el contrato suscrito con esta empresa por 3,7 millones de euros, resultaron ser defectuosas -se habían reclamado FFP2, pero las que llegaron tenían menor protección-, si bien el Govern balear tardó hasta tres años en reclamarlo.

En el caso de Canarias, el primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por 5 millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95, informa Ep.