El PSOE cierra filas con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ante la presión del Partido Popular para que dimita por las posibles irregularidades en el contrato de compra de mascarillas con la empresa del caso Koldo cuando presidía las Islas Baleares, razón por la cual la Fiscalía Europea acaba de abrir una investigación por posibles delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
El PP registró ayer mismo en la Cámara Baja la petición de dimisión de Armengol, pero según comunicó la portavoz socialista, Esther Peña, en el PSOE consideran que esta reclamación es "sorprendente" y no tiene "fundamento" ni "recorrido jurídico". Peña, que la semana pasada dio un plazo de 24 horas al exministro José Luis Ábalos para asumir su "responsabilidad política" en la corruptela y dejar el escaño, ayer censuró al PP por manchar el "buen nombre" de Armengol, "que no aparece en el sumario ni en ninguno de los documentos en los que se está trabajando en este caso".
Durante una rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva socialista, Peña defendió que no hay "ningún artículo constitucional ni tampoco en el reglamento de la Cámara Baja" que obligue a Armengol a dejar el cargo, con lo que la petición del PP "no va a tener ningún recorrido jurídico".
Es más, la portavoz del PSOE situó al Gobierno de Armengol como la "víctima de un producto que no es que fuera malo, simplemente no era el solicitado", dado que encargó mascarillas FFP2 por valor de 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión –la empresa investigada– y recibió mascarillas quirúrgicas. Así, Peña recalcó que "no existen mascarillas fake", que las que recibió Baleares simplemente "no eran del tipo solicitado" pero en todo caso eran "aptas" para su uso. Por eso mismo, defendió la portavoz socialista, el Gobierno de Armengol solicitó a Soluciones de Gestión una compensación económica. Así ocurrió tres años después de que se encargase el material sanitario.
Sobre este asunto, la tardanza en la reclamación, pidió de nuevo ayer explicaciones el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, tras presentar la petición de dimisión de la expresidenta balear. Tellado cargó directamente contra Armengol y aseguró que tenía constancia de la falsedad de las mascarillas que el Govern compró. "Pagó mascarillas a sabiendas de que eran una estafa y que ese dinero de Baleares sufragó una estafa que acabó costeando los Ferraris de los implicados en el caso. El Gobierno, a los dos días, acreditó que eran inservibles y una semana después pagó 3,7 millones a la empresa que presuntamente premiaba a Koldo con jugosas mordidas", señaló.
"No es una víctima, sino presuntamente una colaboradora necesaria en esta estafa», enfatizó, instando a Armengol a "dejar de esconderse a ver si pasa el chaparrón" y a "dimitir de forma inmediata para hacer un favor a la institución y a sí misma". "Así podrá defenderse sin parapetarse tras la tribuna del Congreso", añadió, invitándola a dimitir "por higiene democrática".
Y mientras las presiones sobre Armengol continúan, al caso Koldo, y como consecuencia también al PSOE, se le acaba de abrir un nuevo frente judicial que salpica tanto a la presidenta del Congreso como al expresidente canario Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial. La Fiscalía Europea anunció este lunes que ha abierto una investigación sobre los contratos firmados en 2020 por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares para el suministro de mascarillas con la empresa de la trama corrupta, dado que las adjudicaciones públicas para la obtención de material anticovid se sufragaron, en parte, con fondos europeos.
El organismo europeo explicó que ha recopilado información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y de la Audiencia Nacional, así como de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la UE. El objeto de las pesquisas son cuatro contratos firmados por Canarias y uno por Baleares con la empresa Soluciones de Gestión entre abril y mayo de 2020, por importe conjunto de 16.019.079 euros, según los datos que recoge la querella del Ministerio Público español.
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