Pedro Sánchez tomó posesión de su cargo como presidente a mediados de noviembre y esta primera semana de marzo se antoja decisiva para el devenir de su Gobierno. En tres días se cumple el plazo para que el PSOE y Junts superen sus diferencias si quieren sacar adelante la ley de amnistía, pues el próximo día 7 es la fecha límite para que la Comisión de Justicia del Congreso presente un nuevo texto. De lo contrario, la iniciativa decaerá y tendrían que volver a empezar. Pero un invitado no previsto se ha colado en el panorama político y ha trastocado los planes del Ejecutivo: el caso Koldo.
Si la negociación de la amnistía ya se había torcido en enero, cuando Junts decidió tensar la cuerda y obligar al PSOE a nuevos contactos al exigir una amnistía "integral", casi dos meses después no se conoce nada de las conversaciones. Ni si avanzan o retroceden, o en qué sentido se están llevando a cabo. Ni los socialistas ni los de Carles Puigdemont han dado pistas en los últimos días, solo que esperan, o confían, en llegar a un acuerdo que desbloquee la situación y poder sacar adelante la ley de la que depende toda la legislatura.
"Nunca hemos dejado de negociar", apuntaba la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, estos días atrás en los pasillos del Congreso sin desvelar si habrá nuevas enmiendas y después de que se haya enfriado una posible modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar los plazos de instrucción judicial.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, también se pronunció este domingo sobre la amnistía. "No abaratemos la ley de amnistía, es sólida, aprobémosla cuanto antes", declaró en una entrevista en el diario El Periódico. Aragonés añadió que ya se verá después de la aprobación si hacen falta otras medidas, mostrándose "absolutamente convencido" de que esta ley de amnistía, tal y como está redactada a día de hoy, incluye al expresidente Puigdemont.
Por su parte, el exlíder de Unidas Podemos en el Congreso y negociador de Sumar en la última investidura, Jaume Asens, reiteró este fin de semana, una vez más, su convencimiento de que el acuerdo entre PSOE y JxCat para la ley de amnistía es "inminente" y agradeció a las partes su "responsabilidad" para "flexibilizar" y "acercar" posiciones.
Asens quiso aclarar que no habla "en nombre de Junts", sino en nombre de Sumar, aunque expresó su "convicción" de que las negociaciones están "en la recta final" y no se repetirá el guion de la última votación, cuando "el juez García-Castellón logró descarrilar el acuerdo en el último tramo de las negociaciones" al proponer que se investigue por terrorismo a Carles Puigdemont.
Si el bloqueo ya era un hecho desde hace semanas, en los últimos días se ha añadido una dificultad nueva: el Tribunal Supremo va a investigar a Puigdemont por delito de terrorismo. El alto tribunal confirma así el movimiento del juez Manuel García-Castellón, el que más ha influido en las negociaciones entre PSOE y Junts. Porque ya no es solo la intención de investigarle, sino que ahora al expresidente catalán se le ha abierto oficialmente un nuevo frente judicial en España, aparte de la causa pendiente del procés por la que aún no ha rendido cuentas. Pere Aragonés lo ha definido este fin de semana como una "aberración".
El PP, por su parte, ha seguido lanzando este fin de semana fuertes críticas sobre la ley de amnistía, en boca de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado: "El Gobierno se tambalea porque sus cimientos están podridos por el chantaje de una amnistía inasumible".
La cuenta atrás para desatascar la ley de amnistía en el Congreso llega también días después de conocerse el informe preliminar de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, sobre el que también hay grandes discrepancias entre el Gobierno y el PP. Ambos interpretan forma totalmente distinta este borrador —que será estudiado en un pleno los días 15 y 16 de marzo—: para el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el documento avala una norma "impecable y positiva" y que "cumple con los estándares internacionales". Sin embargo, desde el PP consideran que la Comisión no ha avalado la ley de amnistía, sino que, por el contrario, ha cuestionado varios puntos del anteproyecto que se tramita en el Congreso y sostiene que una amnistía no es contemplada por la Constitución Española.
Caso Koldo
A las fricciones, la tensión política que ha generado la amnistía y la incertidumbre se le han sumado en la última semana la sacudida que ha supuesto para el principal partido del Gobierno el estallido del caso Koldo. La trama corrupta de adjudicaciones de contratos para la compra de material anticovid a cambio de comisiones ilegales ha adquirido en los últimos días un cariz aún mayor con la salida de José Luis Ábalos, el que fuera mano derecha de Sánchez, del PSOE.
Pero no solo eso. Las sospechas afectan a varios estamentos relacionados con el partido: el Gobierno balear que presidió Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso y a la que el PP exige la dimisión; los contratos también suscritos por el Ejecutivo canario entonces liderado por el ahora ministro Ángel Víctor Torres; las compras que se hicieron desde el Ministerio del Interior; y, sobre todo, el epicentro que supuso el Ministerio de Transportes de Ábalos, por los supuestos tejemanejes del que fue su asesor más estrecho, Koldo García.
Desde el Gobierno y el PSOE defienden que no toleran la corrupción y que colaborarán con la Justicia caiga quien caiga, y casi su primer movimiento fue 'sacrificar' al hombre que lo había sido casi todo en el partido, señalado por la Guardia Civil y por el juez como "intermediario" de la trama, pero nuevas revelaciones ponen cada día a los socialistas contra las cuerdas.
Ante todas las informaciones que van apareciendo sobre los cobros de comisiones, el enriquecimiento patrimonial de García —de más de un millón y medio de euros—, los contratos millonarios para la compra de mascarillas que resultaron ser defectuosas, o los negocios entre cargos públicos como Koldo García y empresarios para traer a España mascarillas inflando los precios, el Gobierno ha centralizado este fin de semana sus respuestas en varios ministros y portavoces.
Por un lado, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, han señalado la "evidente" responsabilidad política de Ábalos que debería asumir al no haber dejado su acta de diputado y permanecer en el Grupo Mixto. "En ocasiones, aun no teniendo responsabilidades penales, hay que asumir las consecuencias políticas", apuntó Rodríguez en La Vanguardia. Del mismo modo, en una entrevista en laSexta Xplica, Puente consideró que la responsabilidad política de Ábalos queda patente al poner "al frente de algunas responsabilidades" a una persona "que no estaba a la altura", en referencia a su exasesor.
Otros socialistas, como el portavoz en el Congreso, Patxi López, o el secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, han echado balones fuera y han instado al Partido Popular a dar explicaciones sobre la reclamación de la compra de mascarillas en Baleares, así como por la aparición del nombre de Miguel Tellado en una parte del sumario sobre una conversación de Koldo García.
López defendió el sábado que fue la expresidenta de Baleares y ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien "reclamó el dinero" a la empresa de la trama por unas mascarillas que no eran servibles "para el uso clínico". "Y ha sido el Gobierno del PP, ahora vemos que parece que con la participación del señor Tellado y un tal Alberto, el que paralizó esa reclamación y la reclamación murió con el Gobierno del PP. Por lo tanto, explicaciones igual también tiene que dar el PP", subrayó. Para Andueza, Feijóo también tiene que dar explicaciones "porque su número dos —en referencia a Tellado— aparece en ese sumario".
Por su parte, el presidente del Gobierno y líder del PSOE ha evitado las cámaras esta última semana y el PP ya se está planteando solicitar su comparecencia ante un caso que, para los populares, le salpica directamente, pues señala a personas del partido estrechamente vinculadas con él.
Por el momento, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo presentará este lunes en el Congreso de los Diputados un escrito en el que piden la dimisión inmediata de la presidenta de la cámara, Francina Armengol, "por su evidente implicación" en el caso Koldo y han calificado de "podrido" el estado actual del Gobierno. Según anunció este domingo el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, "todo apunta a que (Armengol) colaboró con la trama y ha intentado engañar a la UE pidiendo que, con fondos comunitarios, asumiera el gasto de esta estafa", ha afirmado.
En términos similares se expresó Feijóo el sábado al exigir a Sánchez que dé la cara por esta trama y empiece a tomar medidas, "afecte a quien afecte" como destituir a Armengol. "Los españoles tenemos derecho a que nos aclare qué ha ocurrido en el Gobierno, en el partido y en su casa. Necesitamos saberlo, tenemos el derecho de saberlo", dijo.
Desde el PP no se plantean ceder ni un ápice y han hecho del caso Koldo el centro de su estrategia de desgaste. En el escrito para pedir la dimisión de Armengol, que presentan este lunes y que este domingo ya hicieron público, los populares consideran que la expresidenta balear está envuelta en "una gravísima causa por corrupción". El texto enumera, punto por punto, un "relato fáctico difícil de justificar" por parte de Armengol y concluyen que su presencia es "insostenible" y está "inhabilitada" para ejercer como tercera autoridad del Estado.
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