El foco del entramado corrupto del caso Koldo se posa sobre la presidenta del Congreso, Francina Armengol. La socialista envió un documento a la Unión Europea en 2020, cuando aún era presidenta del Govern de Baleares, avalando la calidad de las mascarillas compradas a la empresa de la trama después de haber reclamado porque no eran válidas para atajar el virus. 

Así lo pone de manifiesto un documento incluido en el sumario del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y que ha sido adelantado por el periódico El Mundo. En el mismo, se detalla que el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) señalaba como "satisfactoria" la transacción con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas (la compañía de la que los imputados sacaban mordidas) por 3,7 millones de euros y con las que el Govern balear adquirió las 1,5 millones de FPP2 que realmente eran inservibles. 

El documento, fechado en octubre de 2020, se redacta unos dos meses después de que el IbSalut tuviera conocimiento de que las mascarillas no se podían utilizar y tras ser retiradas y depositadas en un almacén. Esta reclamación, por su parte, se realizó casi tres años después de recibir el material y después de cargar el coste del mismo a los fondos europeos. 

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Pese a todo esto, IbSalut emitió un certificado de conformidad con el pedido a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, es decir, daba su visto bueno para que la compañía volviera a aspirar a otros contratos públicos.

En el momento que se destapó el caso, el pasado 21 de febrero cuando fueron detenidas 19 personas, la presidenta del Congreso aseguró antes lo medios que estaba "indignadísima" antes los hechos. "Me parece absolutamente reprochable y me das asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento en el que morían tantas personas", señaló. "Es una situación vergonzosa y estoy contenta de que el PSOE no se haya puesto de perfil", agregó. 

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Este miércoles, se defendía cuando se apuntaba al contrato firmado entre el Govern de Baleares y la empresa corrupta. "Fueron contratos de emergencia, pero legales y con los rigurosos controles del servicio de Salud", remarcaba, a la vez que dejaba claro que su Gobierno "sería el afectado y no el implicado". 

El PP pide su dimisión

Ante estas informaciones, el Partido Popular no ha tardado en centrar sus ataques sobre la presidenta del Congreso y este viernes pedía rotundamente su dimisión. Según el portavoz del partido, Borja Sémper, las sospechas "son más que fundadas y su situación es insostenible", por lo que no debería "llegar como presidenta del Congreso al próximo pleno". El popular no ha dudado en afirmar que "la tercera autoridad del Estado no puede estar comprometida en acusaciones tan graves, porque compromete la dignidad de los diputados y avergüenza a los españoles".

En este sentido, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que también ha sido nombrado en las conversaciones de la trama Koldo, ha afirmado este viernes que el asunto puede derivar en un caso de financiación irregular del PSOE. 

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"El foco de este caso está muy cerca de Sánchez y la mediación de su esposa así lo ratifica", ha afirmado en una entrevista en ESRadio. Este jueves, miembros del partido sacaban a la luz reuniones de Begoña Gómez con Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos. Tellado ha pedido así "explicaciones" inmediatas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que todavía no se ha pronunciado. 

"Quien tiene que pagar, que pague"

Desde las filas socialistas, las reacciones a las acusaciones contra Armengol han sido variadas. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido contundente al afirmar que la voluntad del Gobierno es "que se conozca todo y quien tenga que pagar, que lo pague" y ha pedido dar tiempo a la investigación judicial en curso.

Un discurso más que tibio frente al de la vicepresidenta del Gobierno y número dos PSOE, María Jesús Montero, que ha defendido la actuación de Armengol. Montero ha puesto de manifiesto que la socialista siguió "escrupulosamente el procedimiento" y ha recordado que "el juez no cuestiona que los contratos fueron legales", sino que investiga si "hubo personas que se aprovecharon de sacar rédito personal a costa de mordidas".

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Además, la vicepresidenta ha incidido en que es el PP el que debe dar explicaciones por la mencionada conversación en la que Koldo García asegura que había quedado con Tellado. 

La pelota de la trama cada vez se hace más grande mientras va de una mano a otra. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder del Sumar, Yolanda Díaz ha apuntado que "para estas situaciones ya no sirve el 'y tú más'" y ha reconocido que el momento es "delicado" y ha movido ficha al plantear una batería de medidas en el Congreso, entre ellas la creación de un Consejo de Prevención de la Corrupción.

Pero lo cierto es que la trama, con 19 detenidos, 88 cuentas bancarias intervenidas y unos cuantos nombres de peso salpicados, es el mayor escándalo que se vive en el PSOE y en el Gobierno de los últimos años. Mientras tanto, Pedro Sánchez da la callada por respuesta y en el horizonte se atisba una semana clave para el Gobierno de coalición.