La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha asegurado este martes que los contratos del Gobierno balear que ella presidía con la empresa vinculada a Koldo García, investigado por el cobro de comisiones ilegales por la venta de material sanitario durante la pandemia, fueron legales y, que en con todo caso, su Ejecutivo es un "afectado" de esa trama y en ningún caso cómplice de la misma.
"Fueron contratos de emergencia, pero legales y con los rigurosos controles del servicio de Salud", ha remarcado explicando que en aquel momento se analizaban todas las opciones para adquirir el material sanitario que se necesitaba, llegaran de Ministerio de Fomento, de otras instituciones o incluso de empresas.
"Todo el mundo pasaba nombres para poder valorar si tenían ese material, nosotros los pasábamos al servicio de Salud, este lo analizaba y contrataba", ha recordado. "Quiero decir que ese contrato tiene la fiscalización favorable de la Intervención General de la Comunidad Autónoma", ha detallado.
Además, se ha declarado "indignadísima" porque a los gestores públicos se les ponga a la altura de quien se quiso "lucrar con la compra de material sanitario cuando estaban muriendo tantas personas", una actuación que considera "absolutamente reprochable". "Me da asco", ha enfatizado.
Armengol ha agradecido al PSOE que "no se haya puesto de perfil" y haya lanzado el mensaje de "tolerancia cero con la corrupción" tras conocerse la implicación en esta trama del que fuera colaborador del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
Reclamaron dinero
"En todo caso nosotros seríamos afectados", ha apostillado la expresidenta autonómica, recordando que el Gobierno balear abrió un expediente para reclamar 2,6 millones de euros a la empresa que les proporcionó las mascarillas cuando detectaron que no les habían servido exactamente las que habían solicitado.
La tercera autoridad del Estado ha hecho hincapié en que en Baleares tenía "un equipo de gente maravillosa" que "se dejó la piel para comprar material" de protección para los trabajadores públicos. "Así conseguimos que Baleares fuera una de las comunidades con menor mortalidad por la desgracia de la pandemia", ha añadido.
Cumplió con su obligación
En este contexto, ha recordado que aquellos días hacían falta mascarillas y otros materiales y el "mercado estaba parado". "Teníamos que ir a comprar a China con contratos de emergencia, esa era la realidad que vivíamos y en Baleares lo que hicimos, evidentemente, fue comprar material. "Yo como presidenta lo haría una y mil veces para proteger a la ciudadanía. Era mi obligación", ha remarcado.
"Por tanto, todo hecho legalmente", ha concluido, antes de enfatizar que, además, en el caso de Baleares la transparencia ha sido máxima. "Nosotros, cuando teníamos alguna duda sobre algún material, una vez ya estaba a disposición del personal sanitario, se enviaba a analizar al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo", ha comentado.
Del análisis del material remitido por la empresa de Koldo García se dedujo que las mascarillas "no tenían la calidad por la que se había pagado" y, por eso el Gobierno de Baleares "reclamó en tiempo y forma que esa empresa devolviera una parte del dinero". En concreto, se dieron cuenta de que, en lugar mascarillas FFP2 les habían mandado el modelo KN95, y, por eso, les reclamaron la devolución de 2,6 millones de los 3,7 que se habían abonado.
Armengol ha señalado que cuando se produjo el cambio de gobierno en Baleares se informó de ese expediente de reclamación al nuevo Ejecutivo 'popular', al que ha exigido que lo "ejecute" y consiga la devolución de "ese dinero de esa empresa a la ciudadanía de Baleares".
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