El Parlamento de Canarias ha reclamado al resto del país que se proceda a un reparto "objetivo, equitativo y cuantificable" entre todas las comunidades autónomas de los migrantes menores de edad no acompañados que llegan a las islas, ante la imposibilidad de garantizarles una protección a la que obligan a España las leyes y los tratados internacionales.
Todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, han mostrado su unidad ante una comunicación presentada por el Gobierno de Canarias en la que se proponen cambios legislativos para que la solidaridad de las demás comunidades autónomas con Canarias sea "obligatoria". Esta iniciativa se debe a que los acuerdos alcanzados hasta ahora no han funcionado y los servicios de atención en las islas, donde hay tutelados 5.432 menores en 72 dispositivos de acogida, están desbordados.
"Los menores extranjeros no acompañados deben ser considerados antes que nada menores de edad, en lugar de inmigrantes, y merecen el mismo grado de protección que los menores de edad españoles sin distinción alguna, sea por su nacionalidad u otra circunstancia", ha advertido el órgano en un comunicado.
El escrito ha sido presentado ante el pleno del Parlamento por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien ha recordado que desde principio de año han llegado a las islas desde la costa de África casi 12.000 migrantes, un 650% más que en el mismo periodo de 2023.
Dos opciones para cambiar la situación
La institución canaria propone dos alternativas legales para abordar esta situación: una de aplicación rápida, que es la que defienden los grupos parlamentarios, y otra más compleja y lenta, que requiere de la modificación de dos leyes orgánicas, las de Extranjería y de protección del Menor. La primera opción que propone la Comunidad pasa por modificar el artículo 172.1 del Código Civil y el Protocolo Marco sobre los menores extranjeros no acompañados, de manera que la tutela de estos la asumiría el Estado hasta que sea asignada a una comunidad autónoma.
La propuesta canaria incluye la obligación del Estado de dotar a las comunidades autónomas de los fondos para hacer efectivo el cuidado y tutela de los menores. Actualmente las islas gastan unos diez millones de euros mensuales en este ámbito. En la comunicación, se ha instado a Pedro Sánchez a convocar la Conferencia de Presidentes autonómicos para concretar este reparto y se ha invitado a la Junta de Portavoces del Congreso a visitar las islas para conocer la realidad que se vive.
Declaraciones de los portavoces
El portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, ha garantizado el apoyo de los 120 diputados socialistas en el Congreso a "las modificaciones que sean necesarias". Además, ha instado al PP a comprometerse y ha anunciado que "en las próximas semanas" se formalizará un acuerdo sobre este asunto entre los dos gobiernos.
Jana González, de CC, ha constatado que no ha habido "solidaridad, compañerismo ni unión" de las demás comunidades autónomas con Canarias, lo que hace necesario exigir que la solidaridad sea "obligatoria". Luz Reverón, del PP, ha responsabilizado al Partido Socialista de que se llegara a esta situación y ha acusado al Gobierno de España de dejar a Canarias "abandonada y sin respuesta".
El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha considerado que el reparto de los menores es una "rendición" ante las mafias. "Todo lo que no sea una repatriación inmediata es un efecto llamada, no se debe regularizar a ningún inmigrante que entre de forma ilegal", ha dicho Galván, que ha defendido endurecer las penas contra la inmigración ilegal, sanciones a los países que la promueven y que no se premie a Mauritania y a Marruecos. El portavoz del partido ha añadido que la principal medida de protección del menor es devolverlos con sus familias de origen.
Comentarios