Doce menores inmigrantes han denunciado en un escrito, dirigido al Juzgado de Instrucción número seis de Las Palmas de Gran Canaria, haber sido objeto de malos tratos por los educadores y el director del centro en el que están acogidos, han confirmado fuentes del Gobierno de Canarias.
Según ha publicado este domingo el periódico La Provincia, se trata de un centro situado en Tafira y gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, y los hechos que denuncian comenzaron a producirse a principios de este mes cuando se incorporaron nuevos educadores, fecha en la que uno de los menores dice que fue objeto de "posibles tocamientos en el despacho del director".
La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha solicitado un informe sobre lo ocurrido para, si fuera necesario, dar parte a la Fiscalía, al tiempo que ha mostrado su determinación de proceder al cierre del centro en caso de entender que es conveniente, han señalado fuentes de su departamento.
Conforme al relato de los menores en su escrito, el pasado jueves uno de los chicos recibió "golpes fuertes" por parte del director mientras lo sujetaba otro empleado y, al escuchar sus gritos, varios menores "rompieron la puerta" para acceder a la habitación donde sucedieron los hechos.
Estos chicos, al día siguiente, el viernes, fueron "amenazados" si contaban algo de lo ocurrido. Ese mismo día, 23 menores se escaparon del centro, si bien los trabajadores trataron de impedir su marcha y a uno en su intento le ocasionaron rasguños, según el escrito presentado al Juzgado por los doce menores, quienes intentaron sin éxito poner en conocimiento estos supuestos hechos en la comisaría de San Cristóbal de Las Palmas de Gran Canaria, señala La Provincia.
Los doce denunciantes de los supuestos hechos no han regresado al centro de acogida, por lo que los representantes de los menores migrantes no acompañados denunciaron a la Policía Nacional su fuga, tal y como establece la ley.
La gestión de este centro de acogida, con capacidad para albergar a 71 menores migrantes, fue asignada a la citada ONG por el anterior Ejecutivo autonómico en 2021, indica La Provincia.
La Fundación Respuesta Social Siglo XXI es investigada por una supuesta malversación de fondos públicos destinados a la atención de menores migrantes, a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra la ONG.
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