Una mujer ha aceptado la pena de un año de cárcel por haber difundido en Twitter en 2019 un video en el que se veía a menores comportándose violentamente en un aula y que, según ella, eran menores migrantes no acompañados llegados a España, aunque en realidad se trataba de una escuela en Brasil.

En una vista celebrada este martes en la Audiencia Provincial de Barcelona, la acusada y la Fiscalía han llegado a un pacto de conformidad acerca de los hechos y de la condena, por lo que no ha hecho falta celebrar el juicio.

Según lo establecido en dicho pacto, la acusada ha reconocido ser quien subió el video a la red en junio de 2019 y el Ministerio Fiscal ha rebajado la petición de pena: de los dos años de prisión y multa de 6.400 euros que solicitaba inicialmente ha pasado a pedir un año de prisión y 900 euros de multa.

Según el escrito de acusación, reconocido como cierto por la acusada, esta colgó el mencionado video en la madrugada del 13 de junio de 2019.

En las imágenes se observaba a varios alumnos en un aula gritando, tirando y tumbando mesas y acosando a la profesora lanzándole papeles e insultándola.

La acusada acompañó la publicación del video con el siguiente texto: "Mando video de un centro educativo para emigrantes ilegales. Mirad cómo agradecen nuestra acogida".

La investigación policial aclaró que los hechos no tenían nada que ver con menores migrantes llegados a España, sino que se trataba de imágenes de una escuela en Brasil.

El ministerio público cree que la acusada pretendía, "con manifiesto desprecio a la verdad, asociar un comportamiento violento con el colectivo de menores migrantes, contribuyendo a crear prejuicios respecto a estas personas, con el consiguiente riesgo de crear un sentimiento de rechazo hacia ellos".

La causa judicial se instruyó a partir de una denuncia sobre el vídeo que interpuso la Síndica de Greuges de Barcelona.

Con todo, la acusada ha aceptado ser la autora de un delito de odio, por el que ha sido castigada con un año de prisión, una multa de 900 euros y la inhabilitación de seis años para ejercer profesión u oficio educativo (si bien la mujer ha reconocido en la vista que no trabaja y que es pensionista).

En todo caso, no entrará en prisión, ya que por no tener antecedentes penales y por ser la condena menor a dos años de cárcel el tribunal ha suspendido su cumplimiento, si bien lo ha condicionado al pago de la multa impuesta y a que la acusada realice un curso de aceptación de la diversidad.

Este caso supone la segunda condena por difusión de noticias falsas en la provincia de Barcelona, después de que en noviembre de 2022 la misma audiencia condenara a un guardia civil por difundir otro video en Twitter en el que atribuía una violación a menores migrantes ilegales en España que en realidad había ocurrido en China.