El Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona, que investiga los retrasos en la vacunación contra el coronavirus a policías y guardias civiles destinados en Cataluña, ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se encargue de la causa para incluir a la entonces consellera de Salud, Alba Vergés, que es aforada al TSJC por su cargo de vicepresidenta del Parlament.
En un escrito, el juez ha elevado una exposición razonada al TSJC después de que el 12 de enero tomó declaración a Vergés, que acudió voluntariamente a la citación en el Juzgado a pesar de ser una instancia inferior a la que le corresponde por su condición de aforada.
Vergés defendió que pararon la vacunación siguiendo el criterio fijado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y si después de esa declaración el juez quería seguir adelante con la instrucción debía hacerlo con esta exposición razonada con la que propone al TSJC que se encargue de la instrucción.
Para evitar duplicidades o contradicciones, sugiere que se traslade la causa entera, también con los otros investigados: el exconseller de Salud, Josep Maria Argimon; el exdirector del CatSalut Adrià Comella, el entonces director de Servicios de Salud, Xavier Rodríguez Guasch; y el exsecretario general de Salud, Marc Ramentol.
Con lo investigado hasta ahora, el juez considera que cuenta con suficientes indicios contra Vergés, que surgen "principalmente de la contundente declaración" de Ramentol, que afirmó que los altos cargos de la Conselleria acordaron parar la vacunación, y de una prueba documental sobre la participación de Vergés en la decisión de suspender la vacunación ya programada.
En este sentido cuenta con mensajes de Whatsapp en los que una asesora de Vergés dijo a la secretaria de Salud Pública y entonces subdirectora general de promoción de la salud, Carmen Cabezas, que la entonces consellera quería parar la vacunación: "Otra vez, la consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podremos argumentarlo. Lo tendríamos que parar".
Se da la circunstancia de que el TSJC ya se pronunció sobre este asunto en la vía Contenciosa-Administrativa, a raíz de un recurso de sindicatos policiales que derivó en una sentencia en la que el tribunal concluyó que el plan de vacunación de la Generalitat fue "discriminatorio" para los policías y guardias civiles en Catalunya.
Ramentol señala a Vergés, Argimón y Comella
El instructor sostiene que la decisión de paralizar la vacunación fue de Ramentol, Argimon, Comella, Rodríguez y Vergés. Además, recuerda que está documentada en un mail que el primero envió a Cabezas y Rodríguez, y que el propio Ramentol "admite haber participado en la adopción del acuerdo de paralización de la vacunación".
En su declaración como investigado, Ramentol "afirmó con contundencia que la decisión de parar la vacunación de Policía Nacional y Guardia Civil fue adoptada de manera colegiada en el departamento de Salut" y que participaron Vergés, Argimón y Comella. Según dijo al juez Ramentol, fue una decisión dialogada, discutida, debatida y consensuada entre esos tres responsables, e insistió en que la orden que él dio por mail "desde principio a fin es una decisión colegiada".
Investigación hasta ahora
A esta propuesta que envía al TSJC, el juez ha adjuntado una copia de todas las diligencias que ha hecho hasta ahora para investigar la causa, que a su parecer incluyen suficientes indicios de los presuntos indicios de prevaricación administrativa y contra los derechos de los trabajadores.
El juez también indica al TSJC que el ritmo de vacunación a policías y guardias civiles fue "muy diferente" del que tuvieron los cuerpos de emergencias de la Generalitat, y para ilustrarlo señala que el 24 de marzo de 2021 se habían vacunado un 77% de Mossos d'Esquadra, un 68,9% de policías locales y Bombers de la Generalitat, un 77,9% de la plantilla de la Guardia Urbana de Barcelona y el 66,9% de Bombers de Barcelona, y en cambio solo el 3,6% de la Policía Nacional y el 2,8% de la Guardia Civil en Cataluña.
Añade que parar la vacunación fue "una decisión arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria, adoptada por altos cargos del departamento de Salud contra funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil".
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