El retraso en la vacunación de policías nacionales y agentes de la Guardia Civil por el coronavirus durante los primeros meses de 2021 se sigue investigando. Este jueves, el juez que lleva el caso ha informado a Alba Vergés, ex consellera de Salut y actual vicepresidenta del Parlament de Catalunya que, debido al que era su cargo, será investigada en la causa abierta sobre el supuesto retraso y le da un plazo de veinte días para prestar declaración de forma voluntaria.
En el auto, el juez también mantiene como imputado al ex conseller de Salud, Josep Maria Argimon. El pasado mes de octubre, la defensa de Argimon aportó a la causa unos mensajes de Whatsapp que incriminaban a Vergés en las decisiones sobre el calendario de vacunación. Una prueba que motivó a la Fiscalía a pedir que el caso se remitiese al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Según indican, los mensajes que se filtraron estaban dirigidos a la subdirectora general de Promoción de Salud y responsable técnica de la vacunación en Cataluña, la doctora Carmen Cabezas. En una de las conversaciones, mantenida el 23 de marzo, se podía leer: “Carmen, hablando con la consellera y con el secretario no ven la vacunación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en todas las edades. Ven por franja. De 60 a 65 años. Otra vez la consellera pide parar la Guardia Civil y la Policía Nacional”.
Otro de los mensajes también señala que Vergés dio instrucciones en marzo de 2021 y a través de un miembro de su gabinete para detener la vacunación: “La consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo”, decían los mensajes que aportó la defensa de Argimon.
Las diligencias arrancaron tras la denuncia presentada por el Sindicato del Cuerpo nacional de Policía-Justicia Policial (Jupol) y por la Asociación de la Guardia Civil-Justicia Civil (Jucil).
El conseller de Salut, Balcells, apoya a Alba Vergés
El actual conseller de Salut, Manel Balcells ha dado a Vergés y los ex cargos investigados "apoyo explícito" y ha asegurado que "no hay caso". Además, Balcells ha defendido que actuaron siendo responsables y "siguiendo siempre criterios de salud pública y mejora de la vacunación a la población vulnerable".
Según el conseller, todo el caso es una "persecución política por parte de los sindicatos policiales contra los líderes y responsables independentistas". Asimismo, ha reafirmado que desde el Govern apoyan totalmente a los investigados.
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