La fiscalía ha decidido extender la causa penal por el retraso en la vacunación a la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña durante los primeros meses de 2020 a la exconsellera de Salud, y actual vicepresidenta del Parlament, Alba Vergès. Esta decisión viene motivada por la aparición de unos Whatsapps en los que colaboradores y técnicos del departamento señalan que la decisión de cambiar los criterios de vacunación a estos dos cuerpos de seguridad vinieron directamente de la entonces responsable máxima de Salud.

La prueba

El Whatsapp que señala como responsable del retraso a Vergès está dirigido a la Subdirectora general de Promoción de la Salud y responsable técnica de la vacunación en Cataluña, la doctora Carmen Cabezas. La conversación tuvo lugar el 23 de marzo, un día antes de que se reanudase la vacunación de la Policía Nacional y la Guardia Civil con dosis de Astra Zeneca. En el chat se decía: “Carmen, hablando con la consellera y con el secretario no ven la vacunaciónde la Policía Nacional y la Guardia Civil en todas las edades. Ven por franja. De 60 a 65 años. Otra vez la consellera pide parar la Guardia Civil y la Policía Nacional”.

De dónde sale el mensaje

Este whatsapp y otros que van en sentido parecido fueron presentados en mayo de este año por las defensas de dos de los encausados: la del entonces secretario de Salud Publica, Josep Maria Argimón, que posteriormente fue conseller de Salud con Junts en el Govern, y la de Carmen Cabezas.

¿Hubo realmente retraso?

El 24 de marzo, cuando como se aprecia en el whatsapp, desde Salud se decide vacunar solo a policías nacionales y guardias civiles mayores de 60 años, mientras que en Cataluña se había vacunado al 77 % de los agentes de los Mossos, al 68 % de Policía Local y al 77 % de la Guardia Urbana, tan solo se había inmunizado al 2,9 % de la Guardia Civil y al 3,6 % de la Policía Nacional.

La razones de la conselleria

Desde la conselleria se expone que no se empezó a vacunar a estos cuerpos hasta finales de febrero porque no se disponía de los censos. Además, según los whatsapps, se cambió de criterio y se dejó de vacunar masivamente a los servicios esenciales tras el problema de trombos que hubo con Astra Zeneca y se volvió al criterio de edad.

Quién pone la denuncia

La denuncia fue presentada por los sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil JUCIL, JUPOL, SPP y AEGC. Además de Josep Maria Argimon y Carmen Cabezas, también están encausados el secretario general de Salud, Marc Ramentol y el director del Servicio Catalán de la Salud, Adrià Comelles.

Quejas de la Generalitat

La sentencia de una denuncia previa en lo contencioso-administrativo por este mismo caso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, TSJC, el 8 de mayo ordenó a la Generalitat que vacunara de inmediato a los agentes de los dos cuerpos nacionales. En menos de quince días se imnunizó a casi 5.000, pero desde Salud se reprochó que para ello se tuvieron que utilizar dosis de la vacuna de Moderna que estaban destinadas a mayores de 70 años según el criterio de edad.