La vicepresidenta primera del Parlament y exconsellera de Salud, Alba Vergés (ERC), declarará este viernes ante el juez por la vacunación a agentes de los cuerpos de la Policía Nacional y Guardia Civil cuando era consellera, durante la pandemia de Covid-19, y tras las acusaciones de dos sindicatos policiales.

En su declaración, Vergés argumentará que "las acusaciones de los sindicatos y las agrupaciones de cuerpos policiales españoles no tienen fundamento", informa ERC en un comunicado este jueves.

Además, la exconsellera insistirá en que la campaña de vacunación que llevó a cabo el Govern de la Generalitat "se aplicó siguiendo los criterios técnicos fijados en cada momento y con el objetivo final de vacunar a toda la población, priorizando a la más vulnerable ante la Covid-19". 

En el mismo comunicado, los republicanos han trasladado su apoyo a Vergés y al resto de investigados por la vacunación, y han acusado a los sindicatos promotores de la querella de "instigar persecución política ante unos hechos que se ciñen a los criterios técnicos".

En este sentido, ERC ha señalado tanto "las dificultades de coordinación burocrática para el censo de estos agentes como las indicaciones del ministerio español respecto a la vacunación con Astrazeneca con cambios de criterio recurrentes".

Por todo ello, el partido mantiene que la causa contra los exresponsables de Salud es injusta, a su juicio, y ve "intencionalidad y persecución ideológica contra dirigentes independentistas".

Asimismo, lamenta que "se judicialice con mala fe y de forma política la gestión de la pandemia que hizo el Govern guiada por el criterio médico de los expertos y en un contexto de incertidumbre global". 

Supuesto retraso en la vacunación

El pasado 9 de noviembre el Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona notificó a la exconsellera su condición de investigada en la causa abierta sobre el supuesto retraso en la vacunación contra el coronavirus a policías y guardias civiles destinados en Cataluña.

Las diligencias arrancaron tras la denuncia presentada por el Sindicato del Cuerpo Nacional de Policía-Justicia Policial (Jupol) y por la Asociación de la Guardia Civil-Justicia Civil (Jucil) el 12 de abril de 2021 por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos de los trabajadores.

Según un informe, el 24 de marzo de 2021 el porcentaje de vacunación de los Mossos d'Esquadra era del 77%; de la Policía Local, 68,9%; de los Bomberos de la Generalitat, 69,8%; de la Guardia Urbana de Barcelona, 77,9%, y de los Bomberos de Barcelona, 66,9%, mientras que el porcentaje de la Policía Nacional era del 3,6% y el de la Guardia Civil del 2,8%.

El auto sostiene que lo que produjo "la constatada disparidad en el proceso de vacunación se debió a la decisión adoptada por los altos cargos del Departament de Salut" y argumenta que Vergés dio instrucciones en marzo de 2021 a los responsables de Salud Pública, a través de una miembro de su gabinete en un mensaje de WhatsApp, para detener la vacunación a policías nacionales y guardias civiles.