La Asociación Profesional de la Guardia Civil Jucil ha replicado a la exconsellera catalana de Salud Alba Vergés que si hubiera aplicado criterios sanitarios no estaría imputada por el retraso en la vacunación de guardias civiles y policías nacionales, ya que lo demoró "deliberadamente" por motivos "xenófobos".

La vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, ha aducido este viernes ante el juez que el calendario de vacunación contra el coronavirus se consensuó con el ministerio y las autonomías y obedeció a criterios sanitarios, para priorizar la inmunización de los más vulnerables.

Vergés ha declarado este viernes como investigada ante el titular el juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, a raíz de la querella que sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil presentaron contra ella por el retraso en la vacunación de guardias civiles y policías nacionales en Cataluña.

Pese a que Vergés es aforada y su enjuiciamiento correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juez instructor le ofreció declarar voluntariamente como imputada, al concluir que participó en la decisión "discriminatoria" de suspender el proceso de vacunación por el coronavirus a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña por su "desprecio" hacia estos colectivos.

En un comunicado, Jucil, una de las asociaciones personadas en el procedimiento como acusación particular, ha rechazado que Vergés hubiese aplicado criterios sanitarios ya que, a su entender, la Generalitat retrasó "deliberadamente y "sin motivo" la vacunación de los agentes en la comunidad.

En este sentido, Jucil también ha negado, como sostiene ERC, que se trate de un caso de "persecución ideológica" contra la exconsellera, ya que lo que persiguen es a los autores de la omisión del deber de vacunar a guardias civiles y policías nacionales "por motivos xenófobos".

Según Jucil, la demora fue "de tal envergadura" que, cuando prácticamente la totalidad de los Mossos d’Esquadra y policías locales estaban vacunados, sólo el 3% de guardias civiles y policías nacionales habían recibido su dosis.