La exconsellera de Salud y vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, ha declarado ante el juez que la investiga por el retraso en la vacunación contra la Covid-19 a policías y guardias civiles que interrumpieron la vacunación a estos cuerpos siguiendo el criterio fijado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Vergés se ha referido a la reunión de este organismo del 22 de marzo de 2011, cuando acordó retomar la vacunación con AstraZeneca, que se había parado por casos de trombos, y reservarla para personas de entre 55 y 65 años, según fuentes presentes en la declaración.
Vergés ha justificado ante el juez que aplicaron criterios sanitarios y técnicos de acuerdo con la citada decisión del Consejo Interterritorial para priorizar las dosis disponibles de AstraZeneca a personas de entre 60 y 65 años.
Vergès también ha explicado que en ese punto, su departamento se debatió entre priorizar el criterio de edad para administrar AstraZeneca a las personas de esta franja o bien vacunar también a los colectivos esenciales de cualquier edad.
Vergés está investigada en esta causa a raíz de unos mensajes de WhatsApp en los que una asesora escribió: "Otra vez, la consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podremos argumentarlo. Lo tendríamos que parar". En la vista de esta mañana, Vergés sobre ha replicado que se han malinterpretado al sacarlos de contexto.
La explicación de la consellera se basa en que el debate era sobre que el departamento no podría justificar seguir vacunando a policías cuando no se administraba AstraZeneca al resto de colectivos esenciales, como por ejemplo docentes, en favor de la franja de edad 60-65.
El Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona mantiene imputados también al exconseller de Salud, Josep Maria Argimon; al exdirector del CatSalut Adrià Comella, al entonces era director de Servicios del departamento de Salud, Xavier Rodríguez Guasch; y al exsecretario general de Salud de la Generalitat, Marc Ramentol. Sin embargo, ha archivado la causa para la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, y la exdirectora del área de organizaciones y profesionales del CatSalut, Sara Manjón.
Al recibir los Whatsapps, que podían ser nuevos indicios contra Vergés, el instructor decidió investigar a la exconsellera y, por su condición de aforada al TSJC, le dio la opción de declarar voluntariamente como ha hecho este viernes. Una vez oída la declaración de Vergés, si el juez quiere seguir investigando a la exconsellera deberá hacerlo con una exposición razonada al TSJC. El magistrado no se ha pronunciado hasta ahora.
La causa se abrió a raíz de una denuncia del Sindicato del Cuerpo Nacional de Policía-Justicia Policial (Jupol) y la Asociación de la Guardia Civil-Justicia Civil (Jucil) y también está personada como acusación el Sindicato Profesional de Policía.
Defensa de su actuación
Antes de entrar a declarar, Vergès ha realizado unas declaraciones en las que se ha defendido asegurando que toda la gestión de las vacunas se hizo siguiendo “criterios sanitarios”. La vicepresidenta primera del Parlament, ha asegurado que las acusaciones de los sindicatos y las agrupaciones policiales no tienen “base ni fundamento” y ha reiterado que delante del magistrado insistiría en que la campaña de vacunación se aplicó siguiendo los criterios técnicos fijados en cada momento por los responsables sanitarios y priorizando a la población más vulnerable.
En cuanto a las informaciones que apuntan posibles discrepancias dentro de la cúpula de Salud, Vergés ha repetido que en todo momento se decidió priorizar a la población que más necesitaba las vacunas y se hizo “sin excepciones”.
Antes de entrar al juzgado de Barcelona, Vergés ha recibido el apoyo del actual conseller de Salud, Manel Balcells y de la consellera de Exteriores, Meritxell Serret. Junto a ellos también han estado dirigentes de ERC, como la vicesecretaria general de Derechos, Libertades y Lucha Antirepresiva, Marta Vilaret y los diputados Jordi Albert y Najat Driouech, entre otros.
Esquerra denuncia "persecución política"
Esquerra Republicana trasladó su apoyo a la exconsellera de Salud este jueves mediante un comunicado. En él, la formación también denunció que los promotores de la querella quieren “instigar persecución política ante unos hechos que se ciñen a los criterios técnicos”.
Los republicanos señalaron que la causa contra los exresponsables de la gestión de vacunación es “injusta” y ven “intencionalidad y persecución ideológica contra dirigentes independentistas”. Asimismo, recordaron que las “dificultades de coordinación burocrática” para el censo de estos agentes y las indicaciones del Ministerio de Sanidad respecto a las vacunaciones con Astrazeneca provocaron cambios recurrentes en el calendario.
Por último, ERC lamentó que “se judicialice con mala fe y de forma política la gestión de la pandemia que hizo el Govern” porque, señalan, fue “guiada por el criterio médico de los expertos y en un contexto de incertidumbre global”.
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