El Gobierno trabaja desde hace semanas en un nuevo sistema para regular las jubilaciones anticipadas de los oficios más peligrosos, con más enfermedades profesionales o con mayores tasas de siniestralidad. La ley actual ya reconoce el derecho a adelantar la jubilación con menos penalización en casos concretos, pero el reglamento está "obsoleto", según coinciden Seguridad Social y sindicatos.
En consecuencia, el Ejecutivo ha presentado ya un primer borrador a los agentes sociales para reformar esta figura, cuyo anterior reglamento data de hace 13 años. Así lo ha adelantado este martes El País y confirman a 20minutos fuentes de Seguridad Social. El ministerio que dirige Elma Saiz señala que se está trabajando en un nuevo sistema de coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación en función de los requerimientos físicos o psíquicos que exige cada profesión. También se tendrá en cuenta los índices de morbilidad (enfermedad) o siniestralidad a partir de ciertas edades en cada sector a la hora de fijar esos coeficientes.
Los coeficientes reductores son el porcentaje en que se reduce la pensión inicial que cobra una persona al jubilarse cuando decide hacerlo antes de lo establecido legalmente. En 2027, la edad normativa de retiro se situará en 67 años o en 65 en casos de que se hayan cotizado 38 años y medio. La normativa ya establece que estos coeficientes se adapten a las actividades especialmente penosas o peligrosas para no penalizar la jubilación anticipada. Sin embargo, el Gobierno ya apuntó en durante el primer bloque de la reforma de las pensiones aprobado en 2021 que hacía falta una reforma.
Sin embargo, el Gobierno quiere ahora introducir indicadores con criterios objetivos con fórmulas que permitan comparar la situación de cada colectivo con la población general para definir esa peligrosidad o penosidad. Fuentes de Seguridad Social trasladan que se tendrá en cuenta la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral en cada colectivo, las incapacidades permanentes o fallecimientos.
El Ejecutivo se reunió el lunes con los sindicatos para negociar esta cuestión y les trasladó su propuesta. La reacción es mixta. Desde UGT, la secretaria de Política institucional y Políticas Territoriales, Cristina Estévez, señaló que están de acuerdo en que "no todas las actividades" pueden llegar a esa edad de jubilación de 67 años y añaden que hay que ser muy exhaustivos a la hora de establecer quienes pueden hacerlo.
Y aunque coinciden en la parte de la peligrosidad, no ven con buenos ojos las ratios que busca el Ejecutivo en el caso de las profesiones con más penosidad. "Parece que lo que quieren es que los coeficientes reductores los tengan las actividades masculinas y dejar la jubilación parcial para las femeninas. Estaríamos ante una desigualdad de trato inasumible", señaló Estévez. La representante de UGT puso el ejemplo de las trabajadoras en dependencia en el que pueden darse casos en los que ancianas acaban cuidando a ancianas.
Revisar el papel de las mutuas en las bajas
En la misma mesa en que se negocia la jubilación anticipada en profesiones de riesgo y penosidad, Gobierno, sindicatos y patronal están estudiando cómo reforzar el papel de las mutuas para desatascar la atención sanitaria a los trabajadores. Las mutuas son organizaciones de empresarios que gestionan determinados servicios de la Seguridad Social, pero sin ánimo de lucro. Se financian a través de las cuotas que los trabajadores pagan a la Seguridad Social y gestionan determinados servicios, como es el caso de las incapacidades temporales, o sea, las bajas en el lenguaje corriente.
La idea en que se trabaja es en cómo mejorar los tiempos de espera, la atención sanitaria y aligerar las listas. Una posibilidad que se recogía en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que firmaron sindicatos y patronal en mayo del año pasado. La medida estrella del pacto fue el acuerdo salarial, pero las partes se emplazaron también a revisar el papel de las mutuas, entre otros asuntos.
Sobre esta cuestión, los agentes sociales instaban a la administración a desarrollar convenios con las mutuas "encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes de origen traumatológico".
El Gobierno también ha presentado a los sindicatos un primer borrador, que en UGT —el único sindicato que se ha manifestado públicamente— han recibido con visiones mixtas. El sindicato apuesta porque las mutuas ayuden exclusivamente a que los trabajadores sean atendidos con mayor premura y sostienen que lo que buscan los empresarios es transferir prestaciones del médico a la mutua.
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