El clamor del campo: los costes suben un 41% desde la pandemia y las importaciones crecen al doble de ritmo que las exportaciones

Tractorada de protesta en la calle Virgen del Patrocinio, una de las entradas a Sevilla. A 6 de febrero de 2024, en Sevilla, (Andalucía, España).Cientos de agricultores con tractores, convocados por las redes sociales y sin previa autorización oficial de las administraciones competentes, han cortado carreteras en toda Andalucía. María José López / Europa Press 06/2/2024
Dos tractor junto a una pancarta en una protesta de agricultores en Sevilla.
Europa Press
Tractorada de protesta en la calle Virgen del Patrocinio, una de las entradas a Sevilla. A 6 de febrero de 2024, en Sevilla, (Andalucía, España).Cientos de agricultores con tractores, convocados por las redes sociales y sin previa autorización oficial de las administraciones competentes, han cortado carreteras en toda Andalucía. María José López / Europa Press 06/2/2024

Las protestas de los agricultores resuenan en toda España. El campo se ha puesto en pie para denunciar la difícil situación que atraviesa, asfixiado por la burocracia para acceder a las ayudas de la Política Agraria Común y el alza de los costes de producción, que se han incrementado un 41% en los últimos tres años. A la crisis provocada por la pandemia le siguió la guerra de Ucrania, que ha trastocado las reglas del comercio exterior en la Unión Europea. Los agricultores desaprueban las importaciones baratas desde terceros países, con las que dicen no poder competir. El valor de las compras al extranjero de productos agroalimentarios crece al doble de ritmo que el de las ventas, un escenario que alimenta las reivindicaciones de un sector esencial que clama por su supervivencia.

El camino para que una lechuga y un tomate acaben en la ensalada de cualquier almuerzo empieza en la tierra, con un proceso de producción que se ha encarecido significativamente en los últimos años. Desde 2020, según datos de Eurostat, los costes de producción agrarios han subido de media en España un 41,08%, a pesar de que en 2023 el alivio de la crisis energética desencadenada por la guerra de Ucrania anotó una rebaja del 6,75% en el precio de los insumos agrarios con respecto a los niveles de 2022. La energía y los carburantes para la maquinaria agraria se abarataron el año pasado de media un 27,05%, aunque, aun así, siguen siendo un 54,44% más caros que en 2020 y un 25,95% más que en 2019. 

Al alza en el precio de la energía se suma el encarecimiento de otros productos precisados en el campo como las semillas, los fertilizantes o los pesticidas, por los que los agricultores pagaron respectivamente en 2023 un 15,53%, 80,65% y 26,27% más que en 2020, antes de que la inflación empezara a hacer mella en los bolsillos. Carburantes, energía, fertilizantes y materias primas suponen aproximadamente el 70% de los costes de producción en el campo, a los que se suman otros como los costes laborales o el alquiler del terreno. 

Al mismo tiempo, los precios en origen -aquellos que perciben directamente los agricultores y ganaderos por sus productos- también han crecido, situándose de media en 2023 en España un 52,35% por encima de los niveles de 2020, según los datos de Eurostat. El alza ha sido especialmente pronunciado en productos como la aceituna, que ha duplicado su precio en origen en los últimos tres años, mientras que las patatas, los cereales, las frutas y las hortalizas se han encarecido respectivamente un 61,66%, 47,51%, 39,42% y 38,13% en origen. Solo en el último año, los precios percibidos por los agricultores se elevaron de media un 12,23% con respecto a 2022. Las subidas fueron generalizadas, con la salvedad del cereal, que se abarató un 20,28%.

Diferencias en los precios

Aun así, los agricultores denuncian que el precio que ellos cobran por sus productos no cumbre en ocasiones los costes de producción, por lo que se ven obligados a vender a pérdidas. La Ley de la Cadena Alimentaria, reformada a finales de 2021, prohíbe esta práctica, que supone para los agricultores y ganaderos perder dinero una vez ya han realizado su trabajo. "Con el fin de evitar la destrucción del valor en la cadena alimentaria, cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción de tal producto", establece la norma, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a fortalecer

"Siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo la Ley de la Cadena Alimentaria, pero ya que tenemos un instrumento tan importante que están copiando a nivel europeo, tenemos que hacerlo funcionar. No hay razones para que en España se estén pagando ciertos productos a una ridiculez total, que ya no es que no llegue a los costes de producción, sino que no llega ni a los de recolección y, sin embargo, tengamos en los lineales unos precios tremendamente abusivos para el consumidor", lamentaba recientemente Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), tras reunirse con el ministro de Agricultura, Luis Planas, con motivo de las protestas. El sector agrario se queja de que la ley no siempre se cumple y reclama garantías, como una mayor transparencia o la creación de índices de precios por debajo de los cuales no se pueda vender.

En ese sentido, Facua propone implantar un modelo de doble etiquetado que ofrezca a los consumidores, junto al precio de venta al público, información sobre el precio en origen de los productos del campo, permitiendo así conocer bajo qué condiciones y cuánto se está pagando a los productores. Desde que el agricultor cultiva un alimento hasta que este llega al supermercado, pasa por varias etapas que van encareciendo su precio. Una vez recolectados, los productos se trasforman -mediante proceso para lavarlos, perlarlos o cortarlos, por ejemplo-, o directamente se distribuyen a las tiendas y supermercados, con los gastos de transporte, almacenaje y manipulación que eso implica.

Según los datos recogidos en el Índice de precios en origen y destino de los alimentos (IPOD) elaborado por COAG, en ese recorrido el precio de algunos alimentos llega a encarecerse un 880%. Es el caso de los limones. Según los últimos datos de enero de 2024, los agricultores venden el kilo de este cítrico a 20 céntimos y en el supermercado el consumidor final lo paga en torno a 1,96 euros, casi diez veces más. Del mismo modo, el alza de precio desde el origen hasta el destino es del 733% en los plátanos y del 472% en las patatas. El aceite de oliva virgen extra representa una excepción: su incremento es de apenas un 17%.

Más importaciones

Otra de las reivindicaciones del sector agrario es equiparar las condiciones bajo las que se importan productos desde fuera de la Unión Europea, para evitar que la laxitud de las exigencias existentes fuera del club comunitario permita fijar precios demasiado bajos con los que el campo español no puede competir. España es un país netamente exportador de productos agrarios. Según los últimos datos de la balanza comercial agroalimentaria publicados por el Ministerio de Economía, en 2022 se vendieron al extranjero alimentos por valor de 67.275 millones de euros, frente a los 53.851 millones que se compraron, lo que supone un saldo positivo de 13.424 millones.

No obstante, en los últimos años las importaciones han crecido el doble de rápido que las exportaciones. En 2022, el valor de las compras al exterior de productos agroalimentarios se incrementó un 30,47% con respecto al año anterior, mientras que el alza fue del 13,45% en las ventas. Frente a un incremento del 25,57% en las exportaciones, el volumen de las importaciones en términos de valor ha ascendido un 51,64% desde 2020. Más de la mitad de las importaciones proceden ya de fuera de la UE, incluso estando pendientes todavía acuerdos comerciales como el tratado con Mercosur, que pretende liberalizar la entrada de productos agroalimentarios desde Latinoamérica.

"Somos defensores del comercio, adónde iríamos si no; pero de un comercio justo, en el que tengamos todos las mismas normas, que los productos que vengan de fuera cumplan los requisitos tan exhaustivos que tenemos dentro de la UE", defendía el secretario general de COAG tras la reunión con el ministro. Esas condiciones más laxas permiten precios significativamente más bajos, lo que preocupa al sector, especialmente después de que Bruselas eliminara en 2022 los aranceles a las importaciones procedentes de Ucrania como respuesta a la guerra, disparando así la compra sobre todo de cereal ucraniano. En España, las importaciones desde Kiev crecieron un 84,1% en 2022.

La dependencia de los productos extranjeros aumenta a la par que el campo español se resiente. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el sector agrícola cerró 2023 con 770.700 ocupados. Pese a crecer el volumen de trabajadores un 2,32% con respecto al año anterior, se trata de la segunda cifra más baja en nueve años -solo por delante de la de 2022-, lo que evidencia cómo las dificultades que atraviesa el sector pasan factura al campo como medio de vida, pese a su carácter esencial.

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