Los agricultores están decididos a que se les escuche. Desde hace varios días, olas de tractores están bloqueando carreteras de todo el país para reivindicar que, sin ellos, no hay comida en los platos. Sus exigencias son claras: quieren precios justos, y competir en igualdad de condiciones con los productores de fuera de Europa. Ahora, comienzan las negociaciones.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado el primer paso comprometiéndose este miércoles a reforzar los controles para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que impide las ventas a pérdidas, y a simplificar la burocracia relacionada con la Política Agraria Común (PAC), dos de las reclamaciones de agricultores y ganaderos.
¿Qué es la Ley de la Cadena Alimentaria?
La primera ley de la cadena alimentaria se aprobó en 2013 bajo el mandato de Miguel Arias Cañete al frente de la cartera de Agricultura. Años más tarde, EN 2020, ya con Pedro Sánchez en el Gobierno, se reformó esta ley por primera vez, prohibiendo la venta a pérdidas a lo largo de la cadena, es decir, vender por debajo del coste y cobrar menos de lo que se ha pagado.
El texto es, básicamente, un marco de buenas prácticas y sanciones que deberían definir la relación entre todos los agentes que participan en el sector de la alimentación, desde los productores –agricultores o ganaderos–, las cooperativas agrarias, la industria y fabricantes; hasta la distribución: supermercados grandes y pequeños.
Aunque la ley no fija precios para los productos, sí permite a las administraciones públicas diseñar un marco de recomendaciones. Concretamente, permite "elaborar, publicar y actualizar, periódicamente, índices de precios y de costes de producción mediante el empleo de los criterios que reglamentariamente se determinen, que en cualquier caso deberán garantizar la transparencia y objetividad en la formación de estos índices".
La ley no se cumple
La lógica de la cadena es la siguiente: en un primer eslabón, los agricultores y ganaderos tienen que hacer frente a una serie de gastos: carburantes, energía, fertilizantes, materias primas... que suponen alrededor del 70% de los costes de producción, además de otra serie de costes fijos como el alquiler del terreno, que habitualmente no es del agricultor o la inversión en maquinaria.
Actualmente, la crisis de los precios que se mantiene en el sector agrario desde hace años se ha visto acentuada con el encarecimiento de los costes, provocando que muchas explotaciones se tornen inviables.
A esto se le suma la polémica de las importaciones extranjeras como el cereal procedente de Ucrania o el maíz procedente de Brasil. "No podemos ser cómplices de las multinacionales que se están lucrando mientras a nosotros nos arruinan, exigiéndonos cumplir estrictas normativas comunitarias, nacionales y regionales en materia de medio ambiente, sostenibilidad y seguridad alimentaria, sin aplicar los mismos principios de reciprocidad con los productos que vienen de terceros países", denunciaba el vicepresidente de ASAJA CLM.
Además, los agricultores continuan denunciando que "la Ley de la cadena sigue sin funcionar y sin dar respuesta a los abusos comerciales. Seguimos insistiendo en la necesidad de contar con índices de precios referenciados que contemplen los costes de producción de cada alimento y que no se permita la venta por debajo de dichas referencias".
Comentarios