La juez de la Audiencia Nacional que instruye la investigación abierta por el asesinato de dos españoles, Iván Illarramendi y Maya Villalobo, en el ataque terrorista perpetrado por Hamás el pasado 7 de octubre ha acordado pedir a Israel que aporte toda la información que hayan recabado en relación con la autoría de los hechos y así como el informe relativo a la reivindicación del ataque.
En su auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, explica que los informes de la Guardia Civil que recogía el fiscal del caso en su petición de archivo de la causa enmarcan lo ocurrido en un contexto de incertidumbre informativa propia del tipo de acciones violentas y escenarios de guerra, por lo que puede resultar inviable el esclarecimiento de los hechos y determinar su concreta autoría.
Pero pese a ello, la magistrada considera que no se puede dejar de tener en consideración que el derecho a la información constituye uno de los derechos básicos de la víctima del delito, tal y como viene recogido en el Estatuto de la Víctima. Así que concluye que debe llevar a esta instrucción "al agotamiento de todas las posibilidades de investigación, recabando cuanta información pudiera aportarse al respecto por parte de las autoridades judiciales que pudieran resultar competentes en Israel, en cuyo territorio tuvieron lugar los hechos".
A todo esto la magistrada añade que, sin perjuicio de que finalmente se tenga que acordar el sobreseimiento solicitado por la Fiscalía si no se obtiene un resultado positivo sobre las circunstancias en las que se produjeron las muertes de los ciudadanos españoles, así como su posible autoría. Ese informe de Fiscalía se presentó el pasado 1 de diciembre después de recibir un informe policial en el que se afirmaba que todo apuntaba a que las dos muertes se produjeron por la acción terrorista de Hamás.
La investigación de la AN
Fue el pasado octubre cuando la Audiencia Nacional acordó el secreto de la investigación sobre la muerte de Maya Villalobo y sobre lo que en ese momento se valoró como secuestro de Iván Illarramendi tras los ataques perpetrados en el Estado de Israel y en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania. Tardón aceptó el caso al entender que la Audiencia Nacional era el tribunal competente para investigar estos hechos. Cabe recordar que Villalobo prestaba el servicio militar en las fuerzas de Israel al ser titular de la doble nacionalidad, y que Illarramendi, de 46 años, residía en el kibutz Kissufim, próximo a Gaza.
Éste último desapareció junto a su mujer, de nacionalidad chilena, a quien la magistrada también acordó incluir en la investigación. Pero el pasado mes de noviembre se constató que ambos fueron asesinados por Hamás durante el ataque terrorista del 7 de octubre y en ningún momento estuvieron secuestrados. Los cadáveres de ambos fueron identificados justo un mes después del ataque terrorista.
Atender la petición de Guardia Civil
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), personada en la causa como acusación popular, se opuso al sobreseimiento solicitado por la Fiscalía mediante un escrito al entender que se debía pedir antes a las autoridades judiciales de Israel toda la información relativa a estos hechos.
Por ello, interesaba que se acordaran las diligencias de investigación solicitadas por la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil en noviembre y que comprendían librar comisión rogatoria internacional para obtener "información relativa a la investigación desarrollada por las autoridades de Israel, incluyendo el informe pericial o dossier judicial elaborado por la Fiscalía de Israel que explique las causas y circunstancias del fallecimiento de Maya Villalobo, Iván Illarramendi y Loren Pamela Gargovich en territorio nacional de Israel".
La AVT recordaba que los investigadores también habían solicitado a la Audiencia Nacional que obtuviera de Israel el informe elaborado "sobre la autoría de los hechos, así como un informe relativo a la reivindicación del ataque en territorio nacional de Israel perpetrado por la organización terrorista Hamás". Para la asociación, era "necesario incorporar información relevante por parte de las autoridades judiciales de Israel sobre cómo se desarrollaron los hechos y su autoría a los efectos de poder ofrecer información oficial a los familiares de las víctimas".
Advertía, al hilo, que el origen de la mayoría de los datos de los que se disponía procedían de "fuentes abiertas", principalmente medios de comunicación y comunicaciones públicas del Ministerio de Asuntos Exteriores.
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