"El texto entró plenamente constitucional y saldrá plenamente constitucional". Fue una de las frases con las que Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, reaccionó ayer a la decisión de Junts de rechazar la ley de amnistía y devolverla a la Comisión de Justicia para seguir negociando con el PSOE. Pero no solo, sino que también es uno de los mantras con los que los socialistas afrontan la reapertura de las conversaciones para sacar adelante la medida de gracia, que beneficiará a los encausados por el procés independentista catalán y que fue el principal acuerdo por el que Pedro Sánchez fue investido por tercera vez como presidente del Gobierno el pasado mes de noviembre.
Las líneas de los socialistas están claras: la mano sigue tendida y seguirán hablando con los posconvergentes, pero no habrá más cambios en un articulado que ha costado meses acordar y que ha contado en su redacción con los propios juristas de la formación de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado de la Justicia en Bélgica. Más que nada porque la amnistía no solo deberá recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados, sino que es más que probable que deba ser refrendada por el Tribunal Constitucional ante un futurible recurso del PP. Y, según dejan entrever fuentes del Gobierno y del partido, las últimas peticiones de Junts amenazan con seriedad ese último paso porque piden el blindaje total frente a las acusaciones de terrorismo y el perdón de los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.
De hecho, estos cambios también se votaban ayer y fueron rechazados por el PSOE al ser "la ley sólida". Fue la excusa por la que Junts rechazó la aprobación casi definitiva de la amnistía. "No puede someterse a cambios con cada nueva noticia", apuntaron fuentes de la formación afincada en Ferraz, que añadieron que había llegado "la hora de la verdad". "Esta tarde elegimos entre la amnistía y el diálogo como vía de solución de conflictos o la continuidad de la judicialización de la política. Estamos ante una ley para una generación", añadieron.
No obstante, lo de ayer, siendo importante, no era definitivo. Porque el voto en contra de Junts sirve para devolver el texto a la fase anterior de su tramitación parlamentaria, en la que se abre un plazo máximo de un mes -al ser tramitación de urgencia, podría reducirse a la mitad, pero coincidiría de pleno con la celebración de las elecciones gallegas, previstas para el 18 de febrero- para que los posconvergentes y el PSOE renegocien los cambios que Junts exige para dar su sí definitivo a la amnistía. Los socialistas restan posibilidades a esa negociación. Aseguran que sus argumentos dentro de un mes "serán los mismos" porque el Constitucional podría tumbar las últimas condiciones de Junts. "Para este viaje no hacían falta tantas alforjas", apuntaba un miembro de la dirección socialista.
La pregunta es, pues, si Junts tiene margen para rectificar y recular su 'no' en este tiempo. Una cuestión que desde el PSOE se rehúye, aunque algunos diputados sí que piden fijarse en la necesidad de Junts de reivindicarse frente a ERC ante unas eventuales elecciones catalanas, que a más tardar se celebrarán en febrero del próximo año. Cabe recordar que el PSOE y los independentistas tuvieron un conato de choque la semana pasada. También, a cuenta de la ley de amnistía. El PSOE finalmente accedió a incluir en el redactado los casos de terrorismo "siempre que no haya habido una violación de los Derechos Humanos". El juez Manuel García Castellón pide juzgar por ese delito a Puigdemont al acusarle de estar al frente de la organización Tsunami Democràtic.
Fue entonces cuando los socialistas pusieron pie en pared y avisaron de que no cederían más. Con todo, en la formación afincada en Ferraz hay "tranquilidad". No ven la legislatura en riesgo, pese a que Junts les acusa de incumplir el pacto firmado. "Nos quedan tres años y medio", apuntó ayer Bolaños, que dijo que seguirían "trabajando". Lo había hecho por la mañana la portavoz, Pilar Alegría. "Aquí estamos para trabajar y queremos adoptar medidas que mejoren la vida de los ciudadanos", sentenció desde la sala de prensa de Moncloa tras el Consejo de Ministros. El Ejecutivo pretende minimizar la imagen de Junts provocando la primera derrota de su propia ley de amnistía. Además, los catalanes serán clave para otro hito del Gobierno: los Presupuestos de este año. "A ver cómo respiran", dicen fuentes gubernamentales, que restan importancia a la posibilidad de que se pueda seguir con las cuentas, actualmente prorrogadas, del año pasado.
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