La ley de amnistía va a hacer sufrir al Gobierno hasta el último momento. Este martes, Junts decidió cumplir su amenaza y votó en contra de dar luz verde de manera casi definitiva a la norma y enviarla al Senado, lo que, en la práctica, devuelve la proposición de ley a la fase anterior de su tramitación parlamentaria. Ahora, se abre un plazo máximo de un mes para que el partido de Carles Puigdemont y el PSOE renegocien los cambios que Junts exige para dar su sí a la amnistía, que básicamente tienen como objetivo ampliar el ámbito de aplicación de la medida de gracia a todos los presuntos delitos de terrorismo y de traición a España cometidos durante el procés y en los años siguientes.
La decisión de torpedear el envío de la ley de amnistía al Senado fue adoptada por 179 diputados: los de PP, Vox, UPN y Junts, quien sumó sus fuerzas a las del bloque de la derecha y la extrema derecha para paralizar la tramitación del texto. Eso no significa que la proposición de ley se haya tumbado de manera definitiva: únicamente implica que el redactado que se debatió y votó este martes en el Congreso tendrá que renegociarse. La formación de Puigdemont insiste en que no transigirá con nada que no sea aceptar sus enmiendas, mientras el PSOE se plantó este martes y, a través de un comunicado, espetó que "la ley es sólida y no puede someterse a cambios con cada nueva noticia que se conoce".
"Estamos ante una ley para una generación, no para responder a los titulares del día", sostuvieron los socialistas en este comunicado, en el que dejaron caer que las enmiendas planteadas por Junts pueden provocar que la ley de amnistía peque de falta de "seguridad jurídica". "Este avance será posible con pleno respeto al Estado de Derecho y con un funcionamiento ejemplar de las instituciones democráticas y de los tres poderes del Estado", deslizó el PSOE, que se mostró "dispuesto a hablar" con Puigdemont, pero también le pidió "madurez política y fortaleza".
La decisión final de Junts de bloquear, por ahora temporalmente, la tramitación de la ley de amnistía se tomó tras un día en el que la que parecía una amenaza lejana fue tornándose en un pulso cada vez más real con el paso del tiempo. Unas horas antes de que comenzara el debate en el Congreso -en el que estuvo presente el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien sí defiende la ley tal y como está-, los de Puigdemont hicieron un público un comunicado en el que dejaban claro que "Junts siempre ha defendido que la amnistía debería incluir a todos y que debería aplicarse de forma inmediata" y argumentaban que el texto que iba a votarse "no garantiza estos dos objetivos, sobre todo teniendo en cuenta la tendencia de varias instituciones judiciales a boicotear la ley y dejar fuera a muchos independentistas".
Con mucha más crudeza defendió unas horas después esos mismos argumentos la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, desde la tribuna del Congreso, donde en esta ocasión sí acudió el presidente Pedro Sánchez. Nogueras denunció que "la adaptación de la agenda judicial a la política es tan descarada que no hacen falta ni argumentos, y hoy el Gobierno debería demostrar su autoridad ante estos hechos inaceptables, pero se vuelve a dejar arrastrar por los titulares". "No están ustedes preparados para romper con el franquismo que está instalado en muchas instituciones del Estado, y solo depende de su voluntad erradicarlo. Hoy van a por nosotros, pero mañana irán a por ustedes", espetó la portavoz de Junts al PSOE.
Nogueras volvió a señalar a los jueces que en los últimos días han prorrogado causas judiciales que afectan directamente a líderes independentistas como Puigdemont y les calificó de "prevaricadores". "Esta ley tiene agujeros por donde la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado", afirmó.
La negociación se reabre
Tras la severa derrota que sufrió este martes el Gobierno, ahora el PSOE —Sumar está jugando un rol absolutamente secundario en la negociación con Junts— tendrá que volver a remangarse para hacer frente a unas conversaciones que calculaba que a estas alturas ya tendría cerradas. Lo cierto es que los socialistas ya han cedido con respecto a sus planteamientos iniciales, puesto que hace una semana acordaron con Junts y ERC amparar bajo el paraguas de la ley de amnistía la investigación de todos los delitos de terrorismo que no hayan causado "violaciones graves de Derechos Humanos", es decir, que no sean delitos de sangre o estuvieran relacionados con torturas.
Esas enmiendas ya pactadas e incluidas en el texto que se debatió este martes se quedan, y no hará falta volver a votarlas. Las conversaciones girarán, por tanto, en torno a las enmiendas de Junts, que básicamente exige tres cosas. En primer lugar, la enmienda menos problemática pide ampliar dos meses más el periodo que abarcará la amnistía —para que se aplique desde el 1 de noviembre de 2011—, además de garantizar que la ley tenga efectos de forma "inmediata" una vez sea aprobada.
En segundo término, no obstante, Junts propone incluir entre los actos amnistiados los "atribuidos" en base a "operaciones policiales artificiosas orientadas a la criminalización de cargos públicos", incluidos los realizados por "colaboradores" no directamente "vinculados" al procés, algo que podría beneficiar a altos cargos del partido condenados por corrupción, como la expresidenta del Parlament catalán Laura Borrás. Y, en tercer lugar, los de Puigdemont apuestan por amnistiar los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional, una enmienda para tratar de blindarse aún más en casos como el de la conocida como trama rusa, en el que se investigan los supuestos vínculos de la Generalitat con Rusia durante el procés.
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