España tendrá su primera ley de juventud, y abordará temas como el empleo, la vivienda, la salud mental o la participación política. Según ha anunciado este miércoles la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, una de las líneas de trabajo en las que se va a centrar su departamento durante esta legislatura será impulsar una nueva norma, en cuyo borrador trabajarán también los propios jóvenes durante un proceso de "participación activa" previo a la tramitación parlamentaria.
En la que ha sido su primera comparecencia en la Comisión de Juventud e Infancia en el Congreso de los Diputados, Rego ha indicado los cuatro ejes sobre los cuales se va a desarrollar la iniciativa legislativa. Por un lado, pretende fortalecer los derechos económicos y la cobertura social, con medidas relacionadas con el empleo, la vivienda y los servicios públicos. Un segundo pilar contemplará aspectos relacionados con los "derechos democráticos" y la "participación política" de los propios jóvenes. "Tenemos que garantizar la participación de los jóvenes en los asuntos políticos del país", ha defendido.
En esa línea, la ministra ha explicado también que van a ponerse, "con carácter inmediato", a "desarrollar el artículo 48 de la Constitución Española" que plantea que "los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural". "El sentido común de la juventud es el sentido común del futuro del país", ha subrayado.
Se abordará igualmente el deterioro de la salud mental entre jóvenes y adolescentes que, según ha señalado, se puso en relieve durante pandemia; así como la "crisis ecosocial", la "justicia intergeneracional" y los derechos de las generaciones futuras. Sin detallar mucho más ni concretar con medidas específicas, Rego ha aseverado que el objetivo, en definitiva, es impulsar una ley con "una visión amplia y completa de los derechos de nuestra juventud". La ley, ha afirmado, tendrá como base la Estrategia de Juventud 2030, y ya se ha empezado a trabajar "en algún aspecto" con el Consejo de Juventud de España (CJE).
Jóvenes: precariedad, vivienda y salud mental
La titular de Juventud e Infancia ha desgranado igualmente las líneas generales que van a guiar la política de un departamento creado ene esta última legislatura, y cuyo nacimiento ha celebrado durante su comparecencia, porque así las políticas de infancia y juventud "se convierten en políticas de Estado". Rego ha contado que en los dos meses que lleva al frente del ministerio ya ha podido hacer un "diagnóstico de la situación", que arroja cifras preocupantes y que, a su juicio, "requieren el mayor y mejor esfuerzo del Gobierno para corregirlas.
En ese sentido, y paralelamente al desarrollo de la ley, la labor del Ministerio de Juventud e Infancia va a ir enfocándose en los problemas detectados. El empleo y la precariedad juvenil, por ejemplo, que aunque desde la crisis de 2008 se ha reducido considerablemente hasta el 27%, sigue siendo la cifra más alta de toda la Unión Europea (UE). Por ello, retomarán la implantación de un nuevo Estatuto del Becario (que quedó sin desplegar en la anterior legislatura por el adelanto electoral), y desarrollarán actuaciones en colaboración con INJUVE y el Ministerio de Trabajo "para que las personas jóvenes conozcan las herramientas que tienen a su disposición" para garantizar sus derechos; así como la implementación "completa" del plan de choque sobre empleo juvenil.
Abordará también el problema de la vivienda y la dificultad de emancipación de los jóvenes en España, que, de media, no se independizan hasta los 30 años. La salud mental será otro de los ejes de trabajo del ministerio, teniendo en cuenta que el suicidio es actualmente la primera causa de muerte de los jóvenes de 15 a 19 años. "Son las cifras de un drama social y lamentablemente eso es la punta del iceberg", ha asegurado, afirmando que ese aumento emocional entre adolescentes y jóvenes "se traduce en un incremento de la atención médica por cuadros de ansiedad, angustia, etc.".
Infancia: pobreza, violencias y pornografía
En cuanto a la infancia, Sira Rego abordará con especial incidencia la pobreza infantil, que en España anota de las tasas más elevadas de la UE: más de 2,2 millones de menores (el 27,8%) está en riesgo de pobreza, según los últimos datos que, tal y como ha aseverado la ministra, apenas han variado con los años. "Siempre son notablemente superiores a los del resto de población, lo que evidencia un problema estructural de calado que hay que abordar", ha defendido.
Se desarrollará también la ley de protección a la infancia —la LOPIVI— para ir desplegando las medidas contempladas en ella; y, paralelamente, se elaborará un registro sobre violencia contra la infancia y la adolescencia que, según ha detallado, "se va a alimentar" de las denuncias procedentes de varios ámbitos, con Sanidad, Policía, o los juzgados. Esta nueva herramienta, que espera poner en marcha este mismo año, tendrá el objetivo de "garantizar un lenguaje común y un sistema que pueda captar la información sin duplicar el trabajo".
Para analizar más exhaustivamente la violencia infantil, el ministerio ha puesto en marcha ya un estudio de prevalencia, basado en 9.000 encuestas con personas de 18 a 30 años, para conocer si sufrieron violencia en su infancia. También estará lista "a lo largo de este año 2024", según Rego, que ha recordado que desde 1994 que la administración no llevaba a cabo "un estudio de este calibre" —más allá del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la iglesia—. "Pretendemos conocer mejor la situación de violencia contra la infancia y la adolescencia y contar con más datos que nos permitan diseñar mejores políticas y acciones", ha avanzado, recordando también que la LOPIVI obliga a poner en marcha juzgados de especialización.
También como parte del desarrollo de la ley de protección a la infancia aprobada en la anterior legislatura, el ministerio impulsará un proyecto cofinanciado por la UE, y que tiene que ver con la atención integral a niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y maltrato. Se trata del modelo barnhaus (o casas de infancia, traducido del islandés), y consiste en crear un espacio en el que las víctimas puedan beneficiarse de un acceso a la justicia "amigable", con metodologías adaptadas, y que todo el proceso se desarrolle "bajo el mismo techo, lejos de hospitales y comisarias, evitando que tengan que desplazarse varias veces", y, por ende, que caigan en la revictimización.
Por último, la ministra ha recordado la estrategia anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para proteger a los menores en el entorno digital y, en concreto, frente a la pornografía. En ese marco se creó hace poco un grupo de 50 expertos, que serán los encargados de desarrollar la "hoja de ruta" de las medidas a corto, medio y largo plazo que deban impulsarse para atajar esta problemática. Ha mencionado igualmente la ley integral de entornos digitales y seguros que se impulsará durante esta legislatura, y la herramienta de verificación de la edad para acceder páginas pornográficas que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) espera tener lista antes de verano.
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