El Gobierno ha decidido poner en marcha políticas para proteger a los menores de la pornografía. Tras meses reconociendo la necesidad de tomar cartas en el asunto y después de las reiteradas peticiones de las organizaciones de protección a la infancia, impulsará durante esta legislatura una serie de medidas para regular el acceso de los menores de edad a internet. Lo hará —según anunció este domingo el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una entrevista para El País— a través de "tres ejes": mediante una ley concreta; con la aprobación de una "estrategia multidisciplinar"; y desarrollando una herramienta de verificación de edad a ciertas páginas web.
"Llevamos trabajando semanas en esta agenda porque estamos sufriendo una auténtica epidemia de menores que tienen acceso a contenidos pornográficos", reconoció Sánchez. El acceso precoz de los adolescentes a este tipo de webs, según alertó, "afectan a su formación" y a su "comportamiento" a la hora de tener relaciones. Además, añadió, son contenidos que "cosifican a la mujer". Esto es algo que ya vienen alertando las organizaciones desde hace un tiempo y que se refleja también en los datos de los informes que han ido llevando a cabo y que demuestran que la edad de acceso a la pornografía es cada vez más temprana: uno de cada cuatro menores de 12 años ha tenido acceso a ella y casi la mitad de los menores de 15 años la consume, según una investigación reciente de la Fundación FAD.
El problema, según aseguró el presidente del Gobierno, se agrava porque no es tanto que los jóvenes sean los que buscan el acceso a los contenidos pornográficos en internet, "sino que son los contenidos pornográficos los que entran en sus dispositivos móviles o en sus ordenadores". De ahí que la estrategia del Ejecutivo vaya a estar enfocada en levantar un muro de contención alrededor de los menores de edad para evitar ese acceso. Sánchez recordó, en ese sentido, la herramienta de verificación de la edad en la que ya trabaja el Ejecutivo junto a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Según anunciaron en diciembre, se trata de una propuesta pionera que permite demostrar cierta edad garantizando el anonimato de los usuarios y que estará disponible, previsiblemente, para esta primavera.
El objetivo, en definitiva, es plantear un "acuerdo de país" desde el cual ir desplegando todas las medidas. En ese sentido, Sánchez anunció también una ley integral para la protección de los menores en internet, aunque sin concretar mucho más. Prácticamente todas las formaciones políticas reconocen la problemática que existe con los menores y la pornografía —de hecho muchos como el PP lo incluyeron en sus programas para las últimas elecciones generales—. La base sobre la que parten, por lo menos, es la misma: la de reconocer la urgencia de la situación.
En esa línea, el tercer eje pasará por la aprobación de una "estrategia multidisciplinar desde el ámbito de la educación, de las competencias digitales y también en el ámbito de la igualdad". Desde el Ministerio de Juventud e Infancia —el que liderará todas estas iniciativas— ya avanzaron la creación de un grupo de 50 expertos para abordar la exposición de los niños a los móviles y las tecnologías. Según anunció su titular, Sira Rego, el objetivo es que esté funcionando en febrero. Además, según avanzó Sánchez, el Gobierno ha creado otro grupo adicional en el que colaborarán los distintos departamentos afectados: Justicia, Igualdad, Educación e Infancia.
Todos estos objetivos están recogidos en el Informe sobre la protección integral de menores frente al acceso a la pornografía en Internet, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, según adelanta El País.
Un marco común y duradero en el tiempo
Desde junio, varias ONG han ido exigiendo un Pacto de Estado para la protección de los menores en internet y las redes sociales. Una demanda a la que ya se han sumado más de 170 organizaciones, y que tuvo su primera muestra de apoyo institucional en noviembre, cuando la Fiscalía de menores ofreció su colaboración para hacer efectivo ese acuerdo de mínimos. Según defendió entonces el fiscal Eduardo Esteban, impulsar un Pacto de Estado serviría como marco común y duradero en el tiempo, que "no esté supeditado a los vaivenes de los cambios políticos".
Entre las medidas contempladas en la iniciativa —que ya se presentó en un acto oficial a finales de junio—, destacan: el control de los algoritmos según el interés del menor con un sistema de vigilancia específico; establecer un marco de rendición de cuentas para los responsables de las plataformas audiovisuales que incumplan la verificación de edad; limitar el uso de móviles en colegios; implementar sistemas de prevención en Atención Primaria para detectar consumos problemáticos; o fomentar Escuelas de Padres y Madres para dotarles de herramientas que puedan usar para educar a sus hijos en un uso responsable de internet.
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