El Gobierno ya tiene una estrategia definida para tratar de impedir el acceso temprano de los menores a la pornografía, que pivota sobre tres ejes principales: una ley integral, la elaboración de una herramienta de verificación de la edad —que podrán usar las tecnológicas si así lo desean— y la creación de dos grupos de trabajo interministeriales. El objetivo es hacer frente a los impactos negativos del consumo precoz de los menores de edad de los contenidos para adultos que, según asegura el Ejecutivo, distorsiona su percepción de la sexualidad, fomenta "actitudes y comportamientos sexuales inapropiados", y normaliza la violencia contra las mujeres.
"No podemos ni como sociedad ni mucho menos como Gobierno permanecer impasibles ante esta situación que nos preocupa tanto, y desde el día de hoy queremos dar respuesta a este problema social", ha aseverado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el Informe sobre protección integral de menores frente al acceso a la pornografía en internet. El documento hace un diagnóstico de la situación y define las iniciativas que ya están trabajando desde los distintos departamentos implicados en la materia.
Recuerda, en ese sentido, el proyecto piloto que está elaborando la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de un sistema de verificación de la edad para vetar el acceso a los menores a páginas web con contenidos pornográficos o violentos. La herramienta, según ha informado Alegría, ya ha sido probada con los principales navegadores y la previsión es que se pueda poner en marcha antes de verano. Funcionará como una aplicación en los teléfonos móviles, y en los ordenadores a través de un código QR que servirá para acreditar que el usuario en cuestión tiene la edad exigida para navegar en determinadas páginas.
Una herramienta para que se cumpla la ley
El sistema —que es pionero en Europa, aunque otros países como Reino Unido o Francia están implantando herramientas similares—, se pondrá a disposición de las tecnológicas y los navegadores online para que cumplan con la ley que obliga a contar con este tipo de mecanismos, pero que hasta ahora no los aseguraban, justificando que era incompatible con el derecho a la protección de la intimidad y los datos de los usuarios. Según ha reconocido Alegría, las plataformas instalarán esta herramienta de forma "voluntaria", por lo que nada garantiza que una tecnológica acceda a incorporar este sistema de acceso en sus plataformas, vistos los antecedentes en este sentido. Muchas veces prefieren pagar la multa que vetar a usuarios.
"Yo soy una persona adulta, en este caso madre de un menor, tengo un móvil, y si en algún momento quisiera acceder a algún contenido de uno página para adultos, el teléfono móvil me reconocería y tendría posibilidad de navegar. Pero si de ese teléfono móvil hiciera uso de mi hijo menor, la app le reconocería y le imposibilitaría que accediese a estas páginas de contenidos para adultos", ha ejemplificado la también ministra de Educación. Se garantizaría así el anonimato de los usuarios, que no accederán a las páginas con su identidad, sino en calidad de "persona autorizada a acceder", concedida a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).
El punto de inflexión, según defendió la Agencia al presentar el proyecto piloto, se da ahora porque el lanzamiento de esta herramienta demuestra que sí que se puede verificar la edad sin vulnerar el derecho a la intimidad, que era la principal razón que alegaban las empresas para tener sistemas menos restrictivos (normalmente basta con indicar en una casilla que uno es mayor de edad). Habiendo demostrado que es posible la puesta en marcha de una herramienta así de efectiva, la persecución de aquellas empresas que no cumplan con los criterios mínimos será mucho más estricta.
Además de la ley integral que dará cobertura a todas las iniciativas, pero de la cual no se han avanzado detalles por ahora, también se impulsará una estrategia multidisciplinar, que tendrá en cuenta todos los ámbitos implicados (educativo, igualdad, digitalización, etc.). En ese sentido el nuevo Ministerio de Juventud e Infancia ha creado ya un grupo de 50 expertos, que serán los encargados de marcar la hoja de ruta a seguir y que previsiblemente ya estará funcionando en febrero.
"A estas medidas se irán uniendo otras, pero, en definitiva, lo que estamos hablando es de dar respuesta y solución a un problema que atañe directamente a muchísimas familias de este país y a muchísimos menores", ha subrayado Alegría.
Por ello, ha añadido, el Gobierno considera crucial que todas las administraciones, los partidos políticos, asociaciones especializadas, expertos y plataformas digitales "ayuden y colaboren" en este plan que pretende poner fin a una problemática que va en aumento y que está dejando datos preocupantes: La mitad de los adolescentes españoles de 12 a 15 años han consumido al menos en alguna ocasión pornografía y el 25% reconocen haberlo hecho antes de los 12 años. Siete de cada diez adolescentes de entre 13 y 17 años consumen porno de forma regular, y un 30% afirma que es su única fuente de educación afectivo-sexual. "Estamos hablando de un acuerdo intergeneracional de país que dé respuesta a una de las principales preocupaciones que tiene hoy nuestra sociedad", ha reiterado la portavoz del Ejecutivo.
El PP recuerda su propuesta
Desde el Partido Popular coinciden en la necesidad de regular este problema, aunque afean que hace tres meses el PSOE rechazase una moción de los 'populares' en el Senado en la que se instaba a proteger a los menores en el entorno digital. Fuentes de Génova, celebran, en ese sentido, que el Gobierno, "aunque tarde, tome nota" de su propuesta.
Recuerdan los del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo su iniciativa, que también proponía implantar procedimientos de verificación de edad, y sugería otras medidas, como dotar a los padres de "herramientas para que den su consentimiento expreso en el acceso de sus hijos menores a las redes sociales". Proponían igualmente un plan estatal de "prevención de la salud digital infantojuvenil"; y otro de lucha contra las adicciones en la infancia y la adolescencia, prestando "atención especial" a las adicciones tecnológicas.
Con todo, y pese a que por ahora respaldan el plan del Gobierno, el PP considera que se trata de un asunto que debería tratarse desde un prisma más general, considerando todos los peligros que hay en las redes y en internet para los menores de edad. "El consumo de pornografía a edades tempranas es un problema, pero también el acceso a otro tipo de contenidos, así como las adicciones al uso de las pantallas, el mal uso de las redes sociales o de la inteligencia artificial, o las derivadas en materia de salud mental que para los jóvenes tiene el consumo digital", defienden las mismas fuentes.
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