La batalla entre Sumar y Podemos en torno al subsidio para los parados que han agotado su prestación no ha hecho más que comenzar. Los morados derribaron este miércoles el decreto que elevaba la cuantía de esa ayuda —y que mejoraba otras prestaciones para trabajadores— a causa de la inclusión en el texto de un recorte en la base de cotización de los perceptores del subsidio, que podía rebajar algo su pensión futura. El Ministerio de Trabajo, no obstante, tiene pensado volver a aprobar esa reforma y someterla de nuevo a la confianza del Congreso. Y lo hará después de negociarla con los sindicatos, lo cual supone elevar la presión sobre Podemos porque, cuando llegue a la Cámara Baja, el apoyo de los morados volverá a ser imprescindible para sacar adelante la medida.

El día posterior a la caída del decreto fue de reproches cruzados y subidos de tono entre Sumar y Podemos, cuyas relaciones están rotas por completo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue muy dura con los morados y les acusó de "golpear" a los trabajadores y de "recortar", junto a "la derecha y la extrema derecha", los "derechos de los parados". Por su parte, la número dos de Podemos y candidata del partido a las próximas elecciones europeas, Irene Montero, espetó al Gobierno que debe dejar de intentar hacer pasar a Podemos por el "trágala" de "si quieres mejoras, te tienes que comer un recorte", y se mostró dispuesta a apoyar la reforma del subsidio cuando llegue de nuevo al Congreso si se elimina dicho cambio en las pensiones

Aún es una incógnita cuándo volverá a presentar Trabajo su reforma y también por qué vía. Básicamente, son dos las opciones que tiene: aprobar un nuevo decreto en el Consejo de Ministros y llevarlo antes de un mes al Congreso para su convalidación, o bien presentar un proyecto de ley que pase por la tramitación completa de la Cámara Baja. La primera opción tiene la ventaja de ser mucho más rápida y permite a Trabajo que las medidas entren en vigor desde el momento en el que se apruebe el decreto; la segunda, por el contrario, es más lenta, pero da más tiempo a la negociación con los grupos.

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Por cualquiera de las dos vías, en cualquier caso, el apoyo de Podemos es imprescindible para sacar adelante la norma, como quedó demostrado el miércoles, puesto que ni siquiera el voto a favor de Junts —que se abstuvo en la convalidación del decreto— hubiera servido para sortear el bloqueo de los morados. Aunque el partido que lidera Ione Belarra, no obstante, tendrá una presión añadida para no volver a derribar el texto: la de que estará avalado, previsiblemente, por los sindicatos mayoritarios, a los que Díaz anunció este jueves que va a convocar en las próximas semanas para renegociar la ayuda a los parados que hayan agotado su prestación.

Fuentes del Ministerio de Trabajo evitan ofrecer ningún detalle sobre esa negociación y tampoco concretan si Díaz estaría dispuesta a flexibilizar su posición sobre la reforma de las cotizaciones que Podemos utilizó como argumento para votar en contra de la convalidación del decreto. "No nos planteamos nada en concreto, hay que ver todas las opciones con la mesa del diálogo social", se limita a señalar Trabajo. Al menos, en esta ocasión el calendario no aprieta, puesto que no estaba previsto que el grueso del decreto, el incremento de la cuantía de la ayuda a los trabajadores en paro sin prestación desde los 480 euros al mes hasta los 570 euros, entrara en vigor hasta junio.

Las centrales presionan

No obstante, conseguir el aval de los sindicatos a sus medidas —y, así, elevar la presión sobre Podemos— no le va a salir gratis a Díaz. Hace tres semanas, CCOO y UGT lanzaron un comunicado conjunto para valorar positivamente la reforma del subsidio de desempleo para parados que agoten su prestación, pero también para criticar que contenía "insuficiencias relevantes". Entre ellas, por ejemplo, precisamente la que criticaba Podemos, puesto que ambas centrales sindicales mostraron su "disconformidad con la paulatina reducción de la base de cotización del subsidio para mayores de 52 años, que en la actualidad es el 125% de la base mínima vigente cada año".

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"Cabe destacar, sin duda, la necesidad de reformular la propuesta de actuación sobre la base de cotización del subsidio de mayores de 52 años para que no se penalicen las prestaciones de jubilación futuras de los casi 450.000 personas que, en promedio, se ven obligadas anualmente a completar sus carreras de cotización por esta vía", denunció igualmente CCOO este mismo jueves. Las centrales coincidieron con el Ministerio de Trabajo en que esta medida se implantó "cuando el salario mínimo era mucho más bajo", pero aseguraron que su reforma "puede abordarse sin perjudicar la pensión futura de las personas beneficiarias de esta prestación".

Pese a todo, CCOO calificó de "mala noticia" la derogación del decreto, mientras UGT celebró que Díaz quiera renegociar el texto con los sindicatos y su secretario general, Pepe Álvarez, afirmó que va a "volver a retomar el punto de partida" en esas conversaciones. UGT, eso sí, también abrió la puerta a insistir en la eliminación del recorte a las pensiones incluido en la medida, y Álvarez sostuvo que no "vería mal" que, cuando una persona tenga más de 52 años, el Estado "como mínimo" garantice que, con independencia de la cotización que tenga en su empresa, se la mantiene el 125% de cotización en relación con el salario mínimo.