El Gobierno apura todas sus opciones para evitar la que sería su primera gran derrota de una legislatura que comenzó a andar hace menos de dos meses. El miércoles se votan tres decretos de vital importancia para el Ejecutivo -entre los que se incluyen las reformas para poder recibir 10.000 millones de euros de fondos europeos o las medidas para paliar la crisis derivada de la guerra de Ucrania- y la coalición no cuenta todavía con los votos suficientes para convalidarlos tras la negativa anunciada de Junts, necesarios para completar el bloque de la investidura, lo que ha llevado al Gobierno a derribar al menos por unos días el "muro" que había erigido en torno al PP, partido que se abre a abstenerse si la coalición incluye alguna de sus condiciones.
El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, llamó este lunes por la mañana a la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, para ver la viabilidad de llegar a un acuerdo. Ambos fueron los responsables de cerrar, hace poco más de una semana, el primer acuerdo entre los dos principales partidos en meses para modificar el texto del artículo 49 de la Constitución y eliminar la palabra "disminuidos". Según fuentes de la formación socialista, que no quieren desvelar el contenido de la conversación pero sí la acotan a los tres decretos, también hubo contactos entre el PSOE y el PP el fin de semana.
Fuentes del PP confirman que desde el Gobierno ha habido más de una llamada y e interlocutores diferentes. De acuerdo con el entorno de Alberto Núñez Feijóo, el primer contacto se produjo en la tarde del domingo, cuando el ministro de la Presidencia telefoneó a la secretaria general del PP. Al día siguiente volvieron a dialogar. Según las mismas fuentes, en paralelo, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, -en un gesto bastante inusual- llamó al portavoz y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper.
Ambos dirigentes populares transmitieron al Gobierno su negativa de apoyar el decreto 'ómnibus' para digitalizar la Justicia con los fondos europeos y el que incluye medidas para la conciliación y la reforma de subsidio del desempleo. No obstante, se abrieron a abstenerse del decreto anticrisis solo en el caso de que el Gobierno acepte incluir tres medidas para aliviar a las familias con rentas más bajas: deflactar el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros, bajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas -tal y como lleva pidiendo el PP desde la legislatura pasada- y reconsiderar la subida del IVA a la luz y el gas -que plantea el nuevo paquete anticrisis-.
El PP se enfrenta a una disyuntiva: de abstenerse estaría ayudando al Gobierno del "sanchismo" y apoyado en grupos independentistas y "antisistema"; pero de tumbar las ayudas, el Gobierno le culpará de que los ciudadanos se queden sin rebajas en el transporte, por ejemplo. Pese a ello, Feijóo ya advirtió este lunes de que el PP no se siente presionado porque es "libre".
Asimismo, desde Génova reprochan que el Gobierno acuda ahora a la oposición cuando hace unas semanas rechazó sentarse a negociar con el PP mientras se sentaban con Junts. "No vamos a ser muleta de un presidente que ya eligió a sus socios". Y sobre todo, que una vez que PSOE y Sumar acudan al PP lo hagan sin ceder. "El Gobierno llamó para pedir, no para ofrecer, y el principal partido de España no socorrerá a Pedro Sánchez en caso de que sus socios le fallen pasado mañana".
En el PSOE defienden que están dispuestos a ampliar las medidas o a incluir modificaciones, pero no parece que sea en el sentido que los 'populares' pretenden. De hecho, María Jesús Montero, estrenando su carga de vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, aseguró a primera hora de este lunes que las peticiones del PP no eran "exigencias" para abstenerse, sino "justificaciones para votar que no". "Suena más a excusa que a una oferta real de negociación", planteó Montero, que criticó que las condiciones de los populares siguen "la estela fracasada que ya siguió el Reino Unido de una bajada fiscal sin tener en cuenta la progresividad del sistema tributario ni ninguno de los elementos que tenemos que preservar para que el Estado del bienestar esté protegido".
No obstante, esa dureza fue rebajada posteriormente por Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. El socialista compareció en Ferraz, sede de la formación, al finalizar la Ejecutiva Federal y se mostró más conciliador. Si bien apuntó que las medidas propuestas por los de Feijóo supondrían "menos ingresos y más gastos", fuentes del partido se abrieron a aceptar algunas de las condiciones. En Ferraz tratan de trasladar la presión al resto de partidos, pero si se rechazaran los decretos decaerían medidas como la gratuidad del transporte público y se aplazaría el desembolso de 10.000 millones de euros por parte de la Comisión Europea. No sería un buen comienzo para el Gobierno, que prevé un calvario en cada votación por lo ajustado de las mayorías.
"Seguiremos hablando tanto con el PP como con Junts", añadió Cerdán, responsable directo de las negociaciones con los posconvergentes. Porque el PSOE no cierra la puerta a que finalmente los de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado de la Justicia, se avengan a aprobar el decreto. Más que nada, porque los socialistas han tratado ya de desmontar sus argumentos en contra. Según Josep Rius, portavoz de Junts, los decretos pondrían en peligro la amnistía al trasponer una cuestión prejudicial de la UE. "Es cumplir con la legislación europea… Lo saben y están de acuerdo", respondió Cerdán, cuyo entorno se mostró confiado en que finalmente los siete diputados de Junts voten a favor este miércoles.
No obstante, sobre la misma hora que hablaba Cerdán, desde Junts insistían en su voto en contra. Y más allá de la amnistía, que volvió a mencionar, Rius elevaba la presión afirmando que los decretos del Gobierno "agravan la infrafinanciación que ya sufre Cataluña e implican recortes de competencias de la Generalitat". Por este motivo, pidió la retirada de los decretos, algo que el PSOE descarta de plano.
Quien sí confirmó su apoyo fue ERC, que aseguró este lunes que las medidas contenidas en los decretos "mejoran la vida de las personas" y que tienen un impacto directo en su vida.
Fuentes socialistas apuntan que el hecho de que ERC ya haya confirmado su voto afirmativo juega a su favor. "Son las cosas del comer y con las cosas del comer no se juega", explican desde el PSOE, que insisten en que "en Cataluña también hay pensionistas", recordando que también está en juego la revalorización de las pensiones conforme al IPC.
En cuanto a Podemos, que exige limitar el precio de los productos básicos de la cesta de la compra y fijar en el 2% el tope a la subida anual del alquiler, que este año está en el 3%, desde Ferraz dan por hecho su apoyo: "Siempre han trabajado a favor de los ciudadanos". Los morados, no obstante, también quieren retirar del decreto de reforma del subsidio que cobran los parados que se han quedado sin prestación una disposición por la cual las futuras pensiones de los perceptores de esta ayuda podrían recortarse —según sus cálculos— hasta 162 euros al mes, en los casos más extremos.
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