El Gobierno ha dado esta semana un nuevo empujón a la construcción de viviendas públicas con la firma de una veintena de acuerdos para financiar la edificación de más de 1.500 inmuebles en seis comunidades autónomas y en Melilla. Los pisos estarán destinados a alquiler social y asequible y supondrán un desembolso por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana 59 millones de euros procedentes de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los inmuebles estarán distribuidos en 34 municipios de Galicia, Cantabria, Aragón, Cataluña, Murcia, Andalucía y Melilla. Estas actuaciones se enmarcan en un plan ya en marcha del Ministerio de Vivienda dotado con 1.000 millones de euros y orientado a aumentar el parque público de viviendas destinadas a alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de obra nueva sobre terrenos de titularidad pública. De las 1.539 viviendas previstas en los acuerdos suscritos esta semana con comunidades autónomas y ayuntamientos, el 58,9% se desarrollarán en régimen de promoción pública y el 41,1% restante mediante distintas fórmulas de colaboración público-privada.
La ayuda que se aporta es de hasta 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, hasta un máximo de 50.000 euros. Las viviendas, que deberán estar finalizadas el 30 de junio de 2026, formarán parte del parque público durante un periodo mínimo de 50 años y los edificios no solo serán energéticamente eficientes, sino que su consumo de energía primaria no renovable deberá ser inferior en un 20% como mínimo a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.
La comunidad en la que se ha firmado esta semana la construcción de un mayor número de inmuebles es Cataluña, donde el Gobierno financiará 616 nuevas viviendas en los municipios de Barcelona, Lleida, Martorell, Sabadell, Sitges, Sant Pere de Ribes, Sant Boi de Llobregat, Olesa de Montserrat, Cardona y Matadepera. Estas edificaciones, para las que el ministerio aportará 17 millones de euros, se suman a otras 4.373 viviendas destinadas al alquiler social y asequible ya proyectadas en dicha comunidad.
Galicia y Andalucía siguen a Cataluña en número de viviendas acordadas esta semana. En el noroeste peninsular se construirán 357 viviendas, que se suman a otras 785 planificadas anteriormente. Las edificaciones tendrán lugar en A Coruña, Vigo, Ourense, Ferrol, Betanzos, Tui, Viveiro y Ribadavia y supondrán un desembolso con cargo a los fondos europeos de 17,1 millones de euros. En la comunidad meridional, se han añadido a los 3.329 inmuebles ya acordados, otros 297 en las localidades de Peligros, Tomares y Sevilla, para lo que se destinarán desde el Estado 14,2 millones de euros.
En Cantabria el acuerdo suscrito esta semana supera también el centenar de viviendas. En concreto, el Ministerio de Vivienda y la empresa pública Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria han convenido financiar la edificación de 170 inmuebles en Torrelavega, Laredo, Reinosa, Polanco, Santoña, Santillana del Mar, Piélagos y Marina de Cudeyo. Para ello, el Gobierno estatal aportará 7,5 millones de euros procedentes de fondos europeos de los 24,6 millones que se prevé que alcance la inversión total. Menos numerosos son los acuerdos firmados en Melilla, Aragón y Murcia, donde se edificarán respectivamente 48, 47 y 4 viviendas.
184.000 viviendas públicas
El objetivo de estas inversiones es incrementar la oferta de alquileres sociales y asequibles mediante la ampliación del parque público de vivienda. En sus primeras palabras como ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, recalcó el compromiso del Gobierno de construir 184.000 inmuebles públicos, de las cuales apuntó que 70.000 están ya en marcha. "Vamos a trabajar para que sea accesible la vivienda en Malasaña y en el centro de Barcelona, pero también en cualquier pueblo de Pontevedra, Extremadura o de Jaén", afirmó al recibir su nueva cartera.
Hasta el momento el Gobierno ha transferido a las comunidades más de 2.750 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para rehabilitación y construcción de viviendas para alquiler social. Las comunidades autónomas y el ministerio se reunieron este miércoles en la Comisión Multilateral de Vivienda y Suelo para discutir precisamente el reparto de los fondos pendientes.
Más allá de la construcción de viviendas, el ministerio puso en marcha también este viernes un grupo de trabajo con organizaciones sectoriales y sindicatos para abordar la regulación de los alquileres temporales. En el encuentro, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, señaló la necesidad de establecer "mecanismos para no eludir el cumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos e intentar salvaguardar los alquileres de temporada que realmente lo son, como los de los estudiantes o los trabajadores temporales". La problemática de las viviendas turísticas queda fuera de este foro, ya que se ha formado un grupo específico para abordar la cuestión junto al Ministerio de Industria y Turismo.
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