Este 2023 ha estado marcado de principio a fin por los conflictos en la Justicia española, tanto en la cúpula del Poder Judicial como en los escalafones más bajos de la Administración. Ya a las puertas de 2024, la ley de amnistía y las acusaciones de lawfare a jueces y fiscales han copado la actualidad política, sumiendo al Gobierno y a sus socios en un enfrentamiento sin precedentes con el Poder Judicial. Y entre tanto, una reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo celebrada el pasado viernes abre la puerta una vez más a las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se acaban de cumplir cinco años de mandatos caducado.
El año comenzó ya con turbulencias. Por un lado, debido al nombramiento de Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional y la formación de una mayoría progresista en el órgano, que desde entonces se ha instaurado claramente en una dinámica de bloques. Pero también a causa de las huelgas y protestas en la Administración de Justicia, primero por parte de los letrados judiciales y más adelante por parte de los funcionarios.
Estas protestas no solo implicaron un duro enfrentamiento con el Gobierno, sino que contribuyeron a incrementar la sobrecarga de trabajo en una Justicia desactualizada en lo digital ante una aumento de la litigiosidad. El conflicto en la plantilla de Justicia marcó la última etapa de Pilar Llop al frente del ministerio y ocupará aún a Félix Bolaños, su sucesor, a partir del mes de enero.
Huelgas en la Administración
A finales de marzo, los letrados judiciales lograron un acuerdo con el Ministerio de Justicia para aplicar un aumento de sueldo de hasta 450 euros mensuales. Pero para entonces su huelga había causado estragos en la Justicia. Más de 350.000 juicios suspendidos, 424.000 demandas pendientes de reparto y 1.280 millones de euros bloqueados en las arcas de la Administración. El equipo de Llop había logrado apaciguar un fuego pero le esperaban más conflictos, aún debía encontrar la manera de poner al día a los tribunales y lidiar con el resto de trabajadores de la Administración, que ya reclamaban subidas similares.
Enseguida se abrieron dos nuevos frentes: los funcionarios de Justicia (45.000 trabajadores) convocaron paros y reclamaron una negociación justa, y hasta los jueces y los fiscales consideraron la posibilidad de declararse en huelga si no les subían el sueldo. Llop dio prioridad a los segundos y se sentó con ellos en la Mesa de Retribuciones.
Pactó el desembolso de 46,7 millones de euros para subir los salarios de las carreras judicial y fiscal, lo que ni hizo sino aumentar la indignación entre los funcionarios de Justicia, que por entonces ya mantenían una huelga indefinida. Los miembros del escalafón más bajo de la Administración se sentían "trabajadores de segunda" y responsabilizaban directamente a Llop. Por otro lado, se estaban tramitando las leyes de eficiencia en el Congreso, que eran la solución propuesta por el Gobierno para acabar con los atascos en los juzgados y tribunales del país.
Mientras tanto, el Tribunal Constitucional había emprendido un plan de choque para deliberar sobre los asuntos pendientes de mayor calado. Algunos de ellos, como la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero, llevaban más de 12 años esperando al debate en el Pleno del tribunal de garantías. A lo largo del año, el órgano ha dado su aval a muchas leyes impulsadas por el Gobierno y el Partido Socialista, en la mayoría de ocasiones gracias a una mayoría de siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores. Entre estas normas están la ley Celáa, la ley de la eutanasia o la ley rider.
El 23-J, un antes y un después
El 29 de mayo, como respuesta al batacazo del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales, Pedro Sánchez anunció el adelanto de las generales para sorpresa de todo el país, también de los funcionarios de Justicia en huelga, que perdieron en ese instante todo su poder de negociación hasta que se formara un nuevo Gobierno. Según lo que auguraron las encuestas en las semanas siguientes, todo indicaba que tendrían que negociar con el Gobierno de Feijóo, pero el 23 de julio hubo otra sorpresa.
Resultó que la llave del Ejecutivo, lejos de estar en Ferraz o en Génova, la custodiaba un prófugo de la Justicia afincado en Bruselas llamado Carles Puigdemont. El pago que asumió Pedro Sánchez para permanecer en la Moncloa tras unas arduas negociaciones es conocido por todos: una ley de amnistía para los implicados en el procés y varias comisiones parlamentarias para determinar si los jueces han cometido lawfare contra el independentismo.
La proposición de ley de amnistía ha originado un debate sobre la constitucionalidad de esta medida de gracia, una conversación en la que han intervenido muchos actores del Poder Judicial, pero no los dos que realmente importan: el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una vez la ley se apruebe en las Cámaras, es más que probable que los tribunales que deben aplicarla (aquellos que han juzgado o investigan los hechos relacionados con el procés) presenten cuestiones de inconstitucionalidad o acudan al tribunal europeo para determinar el encaje de la norma. Será entonces cuando quede claro si Carles Puigdemont puede regresar a España y presentarse de nuevo a unas elecciones.
Paralelamente se ha originado una segunda discusión, si cabe más acalorada, sobre las comisiones de investigación pactadas por Junts y el PSOE para investigar posibles casos de lawfare contra el independentismo. Estas comisiones parlamentarias han encontrado el rechazo de todas las asociaciones judiciales, de las asociaciones fiscales, del Consejo General del Poder Judicial y hasta del Tribunal Supremo.
Durante las últimas semanas, además, se han sucedido los ataques a jueces desde el Parlamento. El 12 de diciembre la portavoz de Junts en el Congreso llamó "personajes indecentes" a varios magistrados del alto tribunal mientras un senador del Partido Popular (que más tarde se retractó) atribuía al juez José Ricardo de Prada "el mayor caso de lawfare de la historia política de España".
Diversos actores de la cúpula judicial censuraron estas declaraciones hasta que el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, pidió este jueves al ministro de Justicia que utilice "todos los medios a su alcance" para frenar los ataques a jueces. Félix Bolaños, que ha prometido hasta la saciedad que defenderá "siempre" a jueces y fiscales frente a los señalamientos, se enfrenta a la complejísima tarea de apaciguar las relaciones con el Poder Judicial mientras su socio de investidura intenta someter a los jueces a un interrogatorio en el Parlamento.
El CGPJ ha preparado ya su estrategia frente a estas comisiones de investigación, acordando que los jueces llamados a comparecer deben preguntar a la Comisión Permanente del Consejo previamente y que esta Comisión les prohibirá declarar en el Parlamento.
En las últimas semanas se ha producido una última polémica en relación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien el Gobierno revalidó el pasado 28 de noviembre pese a las controversias que le rodean. Días antes de que el Ejecutivo anunciara la renovación de García Ortiz, el Tribunal Supremo había decidido anular un ascenso propuesto por el fiscal general y, en la sentencia, había considerado que su decisión suponía una "desviación de poder". En las semanas siguientes el fiscal ha sido objeto de las críticas de los fiscales del Supremo, que se sienten desprotegidos ante las acusaciones de lawfare, y del CGPJ, que acordó rechazar su idoneidad para el cargo.
Se abre una puerta para renovar el Consejo
Este viernes se produjo en un clima de máxima crispación una reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que acordaron reanudar las negociaciones para renovar el CGPJ, paralizadas desde octubre de 2022. En esta ocasión, además, pactaron que la Comisión Europea supervise las conversaciones. El Consejo lleva caducado desde diciembre de 2018 y a estas alturas está muy mermado. De los 20 vocales nombrados en 2013 bajo la mayoría absoluta de Mariano Rajoy solo quedan 16, y desde 2021 el Consejo tiene prohibido hacer nombramientos discrecionales, con lo que se han acumulado ya casi 90 vacantes en la cúpula judicial.
Esta anomalía no solo ha agravado los problemas de lentitud en el sistema público de Justicia, sino que lleva años causando preocupación en la Unión Europea, que recomienda a España renovar "inmediatamente" el Consejo y, acto seguido, reformar el sistema de elección de sus vocales para que una parte de ellos sean escogidos por jueces. El encuentro del pasado viernes ha sido el primer paso que dan en esta dirección el PSOE y el PP desde octubre de 2022.
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