El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha arremetido este jueves desde el Congreso contra los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que rechazaron el pasado noviembre su idoneidad para repetir en el cargo. Así lo ha hecho durante el examen de idoneidad de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, un trámite al que se somete tras ser reelegido por el Gobierno. Según el fiscal, el CGPJ "se convirtió nuevamente en un tribunal de honor" al que fue "sometido" por ocho vocales "sin rigor".
García Ortiz ha censurado así el informe de "un órgano diezmado" que, en su opinión, se ha auto atribuido "una función de fiscalización de la actuación del fiscal general del Estado, como si se tratara de un órgano superior". Además, ha reprochado a los vocales que aplicaran un criterio de oportunidad "interesado y novedoso", contrario al que aplicaron en 2016 al valorar el nombramiento del fiscal José Manuel Maza.
Por tanto, García Ortiz ha repasado desde el Congreso de los Diputados los criterios expuestos por el Consejo para justificar la su falta de idoneidad para permanecer al frente del Ministerio Público. El principal motivo que llevó al CGPJ a tomar esta decisión fue una sentencia del Tribunal Supremo por la que se revocó el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala a propuesta de García Ortiz y en contra del Consejo Fiscal. La sentencia llegaba a afirmar que el fiscal general habría cometido una "desviación de poder" al nombrar a Delgado.
Ortiz ha defendido, en contra del criterio del alto tribunal, que el nombramiento se realizó "atendiendo estrictamente a los principios de mérito y capacidad". Y ha reprochado a los vocales del Consejo que se pronunciaran sin darle "ningún tipo de audiencia". "Se convirtió nuevamente en un tribunal de honor al que fui sometido por ocho vocales, sin un expediente previo, sin alegaciones y sin rigor, pues acudieron a fuentes todavía desconocidas para mí", ha indicado a este respecto.
Otro de los asuntos que llevaron al Consejo a rechazar a Ortiz fue el alto ratio de miembros de la Unión Progresista de Fiscales (la asociación que presidió el fiscal) entre los nombramientos discrecionales del Ministerio Público. Sin embargo, el fiscal general ha señalado que los vocales "no atinan" al presentar sus datos. "Durante esta etapa se han realizado 44 nombramientos discrecionales, no 33 como afirman en su informe, y sólo 10 de los fiscales propuestos forman parte de la Unión Progresista de Fiscales, según ha confirmado esta organización", ha matizado.
Ha apuntado además que las asociaciones fiscales no tienen un "registro público de asociados" y los trabajadores del Ministerio Público no tienen "la obligación de significarse". "Por eso no puedo dejar de sorprenderme de que esos ocho vocales del Consejo conozcan la adscripción asociativa de los fiscales", ha apuntado.
Por último, García Ortiz ha citado una "insólita" afirmación contenida en el informe del CGPJ y que a juicio del fiscal general es "un comentario impropio de juristas de reconocido prestigio". Se trata de un fragmento del documento en el que los vocales señalan que durante los últimos meses la Fiscalía "ha sido sometida al escarnio público más desaforado que pudiera imaginarse y desconocido en toda nuestra historia judicial".
Rechaza pronunciarse sobre el 'lawfare' y la amnistía
Durante su comparecencia en sede parlamentaria, García Ortiz ha mantenido su postura frente a las reclamaciones que durante las últimas semanas le han trasladado fiscales del Supremo para que se pronuncie sobre los ataques de Junts a jueces y fiscales. "No creo que el fiscal general del Estado deba ser un opinador. No soy un rival político de nadie", ha apuntado en respuesta a las preguntas del diputado popular Fernando De Rosa.
"Se me exigió un posicionamiento sobre la amnistía y ni siquiera había un texto legal", ha proseguido, "no pretendo ser un comentarista de la actualidad política o judicial". "¿No les parece una temeridad que un comentario del Fiscal General del Estado pudiera llevar a pensar que eso condiciona toda la labor de la Fiscalía?", ha preguntado convencido de que verter su opinión sobre la amnistía supone "asumir un modelo en el que la mera voluntad del Fiscal General se impone a la arquitectura de toda una institución con relevancia constitucional".
"Que sea el Tribunal Supremo quien me corrija me parece perfecto, es quien me tiene que corregir, no me encontrarán en el terreno de la política", ha contestado a los diputados de la Comisión de Justicia.
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