Un mes después de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el contenido de los pactos que han permitido al secretario general socialista mantenerse en Moncloa ha empezado a desplegarse, sobre todo en lo que atañe a los acuerdos con el independentismo. En ese marco, PSOE y Junts celebraron a principios de diciembre su primera reunión en Ginebra con el diplomático salvadoreño Francisco Galindo como mediador, una figura polémica con la que están de acuerdo menos de la mitad de los votantes de PSOE y Sumar. Así se desprende de una encuesta elaborada por el Instituto DYM para 20minutos, que recoge también un cierto descontento en la opinión pública en torno a la creación de comisiones parlamentarias para investigar la persecución judicial a políticos catalanes.
El 50,8% de los entrevistados está en contra de que las reuniones para el seguimiento del pacto entre PSOE y Junts se celebren en Suiza bajo la supervisión de un mediador internacional, frente a un 30,7% que se posiciona a favor del formato y un 18,5% de indecisos que no saben o no contestan. La opinión sobre la fórmula acordada por ambas formaciones para verificar el desarrollo del pacto difiere según los electorados. Los votantes de izquierdas son los más favorables a la intervención de un mediador internacional, aunque menos de la mitad lo apoyan.
En concreto, solo un 49,9% de los entrevistados que en las pasadas elecciones del 23 de julio se decantaron por Sumar y un 46% de los que respaldaron la candidatura de Sánchez apoyan la celebración de reuniones entre PSOE y Junts en Suiza y con un verificador internacional por medio. En cambio, un 30,3% y 35,6% respectivamente se muestran en contra de este formato, un porcentaje de rechazo que alcanza el 77,6% entre los votantes de Vox y el 80,3% entre los del PP. El partido de Alberto Núñez Feijóo considera que los encuentros con el independentismo fuera de España son una "humillación" y reclama a Sánchez transparencia en el diálogo con la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont.
El objetivo de las polémicas reuniones supervisadas entre PSOE y Junts es garantizar el cumplimiento del pacto por el que los independentistas brindaron su apoyo a Sánchez en la investidura. El meollo del acuerdo es la ley de amnistía, que ya ha iniciado su andadura en el Congreso. Dos de cada tres entrevistados opinan que la norma que articule la medida de gracia deberá ser examinada por las instituciones europeas una vez la apruebe la Cámara Baja, mientras que uno de cada cinco no lo ve necesario.
Todos los electorados coinciden en señalar de forma mayoritaria la pertinencia de que la Unión Europea analice la ley de amnistía. El 88,1% y el 81,8% de los electores de PP y Vox respectivamente amparan el control del 'borrado' del 1-O por parte de las instituciones europeas. El porcentaje que cae hasta el 63,6% y el 57,5% entre los entrevistados que se decantaron por el PSOE y por Sumar en las pasadas elecciones generales, frente al 23% y al 34,5% respectivamente que se declara en contra. De este modo, los votantes de derechas son los que se muestran más favorables al examen comunitario. De hecho, el Parlamento Europeo debatió sobre la amnistía a finales de noviembre en un pleno impulsado por PP, Ciudadanos y Vox.
Además, el acuerdo entre PSOE y Junts incluye también la creación de comisiones de investigación en el Congreso para averiguar si ha habido persecución judicial a los políticos catalanes. Estas comisiones del lawfare pactadas por socialistas e independentistas, que fueron aprobadas hace apenas una semana, tienen dividida a una opinión pública que se inclina ligeramente hacia su rechazo. En concreto, el 42,2% de los entrevistados está en contra de su creación, frente a un 37,1% que se muestra partidario y un 20,6% que no sabe o no contesta.
Los electores de derechas son nuevamente los que en mayor medida se oponen a las comisiones pactadas por PSOE y Junts: el 67,8% de los votantes del PP y el 58% de los de Vox se posicionan en contra. Sin embargo, entre los electorados de izquierdas predomina el apoyo a los grupos de trabajo en el Congreso: el 43,5% de los entrevistados que respaldaron a Sánchez en las últimas elecciones y el 61,7% de los que se decantaron por Díaz son favorables a su puesta en marcha. Pese a haber impulsado la constitución de estas comisiones parlamentarias, el Gobierno ya ha avisado que votará en contra de que se llame a comparecer a jueces y magistrados.
En conjunto, un 64% de los encuestados considera que el objetivo principal de los pactos entre el PSOE y los partidos independentistas ha sido únicamente mantener a los socialistas en el Gobierno, mientras que un 27,8% opina que los acuerdos persiguen mejorar el clima político en España. Los votantes de PP y Vox se decantan por la primera tesis: el 85,5% y el 93,6% respectivamente piensan que la única finalidad de los pactos es la continuidad de Sánchez en Moncloa. En cambio, los electores de izquierdas están más dividido. El 46,4% de los votantes del PSOE y el 48,3% de los de Sumar comparten la opinión mayoritaria, pero un 50,8% y 47,5% respectivamente considera que los acuerdos mejorarán la situación política.
FICHA TÉCNICA
- Muestra y metodología: 1.011 entrevistas online aleatorias, aplicando cuotas específicas por sexo, edad, hábitat, región y ocupación. Error: el margen de error total es de un +/- 3,1% para un nivel de confianza del 95,5% en la hipótesis más desfavorable. Target: Población con 18 años o más. Trabajo de campo: realizado los días 13 y 15 de diciembre.
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