La ley de amnistía traspasa fronteras y como era de esperar ha llegado a Bruselas. La vía europea es un elemento para los partidos de la oposición, especialmente en los discursos de PP y Ciudadanos; será incluso objeto de debate este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo, pero queda la duda de hasta qué punto puede actuar la Comisión Europea para frenar la norma. Hay caminos, pero también competencias, y el Ejecutivo comunitario no podrá excederse en sus competencias, mucho menos cuando se habla de la constitucionalidad o no de la norma. Con todo, dado el escenario: ¿qué puede hacer la Unión Europea ante la ley de amnistía pactada por el PSOE y Junts para hacer presidente a Pedro Sánchez?
El debate en la Eurocámara no será vinculante, pero sí tiene mucha carga política porque sirve para que PP, Ciudadanos y Vox se anoten un tanto a la hora de dar visibilidad europea al asunto, y a la vez obligan a posicionarse a los socialdemócratas. "Me sorprende mucho que sea posible que el señor Sánchez forme Gobierno con personas que no respetan la Constitución de un Estado miembro", expresó el líder del PPE, Manfred Weber, en la rueda de prensa de este martes en Estrasburgo, en la que estuvo acompañado por Dolors Montserrat, quien dice que el debate "no es para cuestionar la legitimidad del Gobierno de Sánchez, sino hacer sonar la alarma para que la Comisión vigile lo que está haciendo y lo que va a hacer este Gobierno".
Los más críticos con la amnistía aseguran que vulnera los artículos 2 y 19 del Tratado de la UE. El primero dice lo siguiente: "La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres". Además, el 19 es el que se refiere a las competencias y a la composición del TJUE, que podría intervenir en caso de necesidad.
En la norma el Gobierno en funciones trata de curarse en salud sobre lo que pueda intervenir la Comisión Europea, y matiza que quedan fuera de la amnistía los delitos que tengan que ver con los fondos europeos. ¿Por qué? Porque eso acota precisamente el ámbito de actuación del Ejecutivo comunitario y además España tiene en juego las ayudas del fondo de recuperación. Moncloa tenía claro que había que esquivar ese problema, más allá de que se exoneren por ejemplo los delitos de malversación, algo que la UE va a ver con muy malos ojos. También resulta relevante que el texto no incluya el término lawfare, utilizado para referirse a la persecución a los políticos por parte de jueces.
Fuentes comunitarias consultadas por 20minutos sostienen que la norma se va a "examinar" tal como se ha pedido, igual se ha hecho en otros casos -con la ley anti Tusk en Polonia, que no llegó a salir adelante-, pero insisten en que la Comisión "no se va a exceder en sus competencias" y ponen el foco en que la constitucionalidad o no de la ley de amnistía la deciden "los tribunales nacionales", en este caso el Tribunal Constitucional. Las sanciones, por ejemplo, son un caso extremo y el Ejecutivo comunitario simplemente recuerda que ya está cumpliendo con sus papel a raíz de la carta del comisario Reynders pidiendo "detalles" al Gobierno central. No obstante, el propio comisario dejó claro que ha cumplido con su papel y que ahora, con la norma sobre la mesa, la Comisión "se pronunciará a su debido tiempo".
Otras fuentes especializadas en la parte jurídica añaden que "es un poco pronto para tener una opinión clara" pero a nivel macro "es normal que la Comisión pregunte por la amnistía" dado el contexto porque el Ejecutivo comunitario consulta sobre todo esto constantemente. "La ley, en todo caso, es inteligente, porque se cubre las espaldas", explican, aunque el Gobierno tendrá que explicar "muy bien" algunas partes. ¿Qué podría pasar? En un caso muy extremo, que se aplique el mecanismo de condicionalidad de los fondos europeos, "pero eso no va a ocurrir por la amnistía", sostienen las fuentes porque "no hay riesgo" sobre esos fondos. Hay una vía sobre el TJUE, pero este "no tiene competencias muy claras para meterse en esto ni va a querer meterse en esto".
Con todo, casi a la vez que se conocía el texto de la normal, PP y Cs remitieron un dosier a Charles Michel, Ursula von der Leyen, Josep Borrell, varios comisarios europeos y a los 26 Estados socios de la UE, así como a las direcciones de sus grupos en el Parlamento Europeo, sobre las implicaciones legales y políticas de la ley de amnistía pactada entre Pedro Sánchez y sus socios independentistas, junto a una carta en la que solicitan que todas las instituciones europeas sigan de cerca esa iniciativa y salvaguarden los principios fundamentales de la Unión.
"España se encuentra al borde de la crisis constitucional y política más importante de los últimos seis años", exponen ambas formaciones al arranque de la carta, en la que explican que el pacto entre el PSOE y Junts y la propuesta de una ley de amnistía marcan "el inicio de una era de desestabilización política y una clara degradación de los de los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho". Todo ello, con el único fin de lograr los siete votos de Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. La presión sobre Bruselas, por tanto, es muy alta, y hay precedentes a los que mirar.
El siguiente paso será el debate en el pleno del Parlamento Europeo de esta semana en Estrasburgo. El miércoles los grupos tendrán que marcar posiciones, con PP, Vox y Ciudadanos manteniendo un discurso muy duro contra el PSOE, que aguarda el apoyo de sus compañeros de grupo, aunque desde los populares aseguran que en S&D hay "dudas" sobre lo que está pasando e incluso "sorpresa". Mientras, la Comisión Europea espera. Algunas fuentes ya apuntan a que no ven problema en el texto de la norma, porque "no entra en asuntos relacionados con la financiación europea" aunque queda la duda de cómo valorará Bruselas lo que envuelve a los delitos de terrorismo. Con todo, la Comisión aún no ha anunciado una postura oficial, y sigue mirando el texto "con detalle".
Los casos de Polonia y Rumanía ponen sobre aviso a España. El primero es el más flagrante, pues el país está condenado al pago de 1 millón de euros diarios por una norma que sirve para que el Ejecutivo elija directamente a los jueces. Varsovia tiene abierto un procedimiento del artículo 7 de los Tratados -aunque se encuentra congelado ante la necesidad de la unanimidad-. El rumano es un precedente mucho más parecido a lo que puede estar pasando ahora en España. El que fuera líder del Partido Socialdemócrata del país, Liviu Dragnea, fue acusado de un delito de corrupción y estaba previsto que se beneficiara de una ley de amnistía ya en el año 2019. Este planteamiento fue criticado por el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker.
"De otorgarse la amnistía, como prevén algunos en este país, sería un paso atrás en el Estado de Derecho", sostuvo entonces el político luxemburgués. "Si la Comisión debe ser brutal en su evaluación, lo será. Y si debemos utilizar otros instrumentos a nuestra disposición, lo haremos", añadió por su parte el que era vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans. La medida acabó parándose porque pasó por un referéndum y 8 de cada 10 votantes la rechazaron. Ahora en España empiezan a tomar nota por lo que pueda pasar, pero a día de hoy la Comisión opta por la cautela... pero no se despista del todo.
Comentarios