"Los que me conocen en España pueden imaginar lo que pienso. Sin conocerla en detalle, conozco acuerdos políticos alcanzados con los partidos independentistas y ciertamente me provocan bastantes preocupaciones". Así ha resumido, de manera más o menos implícita, su posición sobre la ley de amnistía el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, que fue una de las voces más críticas tras el referéndum del 1-O y con el procés en general. Lo ha expresado en rueda de prensa tras el Consejo de Exteriores celebrado este lunes en Bruselas.
Borrell solo dio esos detalles sobre su opinión en la comparecencia, en un día marcado precisamente por la presentación en el Congreso de la norma, a solo dos días de que se celebre la sesión de investidura de Pedro Sánchez. El dirigente español además también fue ministro de Exteriores en el primer Gobierno de Sánchez. Hasta ahora no se había referido al asunto. La ley, en general, incluye todos los delitos del procés, los actos de terrorismo y el archivo de las causas en dos meses.
"Estoy en una rueda de prensa como Alto Representante", apuntó Borrell, tratando de ser comedido en un primer momento. "Esto no quiere decir que no tenga opinión, y en algún momento la expresaré", sostuvo también, antes de añadir que todavía no conoce la ley "en detalle" porque ha estado ocupado con los quehaceres de su cargo estos días -entre otras cosas ha anunciado un viaje a Israel y Palestina-. "Se trata de un problema difícil sobre el que, llegado el momento, me expresaré", terminó diciendo sobre la amnistía.
Este mismo lunes también el PP y Ciudadanos han remitido un dosier sobre la medida a la Comisión Europea, en el que alertan de los riesgos que supone desde el punto de vista del Estado de Derecho. La misiva ha sido enviada a Charles Michel, Ursula von der Leyen, al propio Borrell, varios comisarios europeos y a los 26 Estados socios de la UE, así como a las direcciones de sus grupos en el Parlamento Europeo, sobre las implicaciones legales y políticas de la ley de amnistía pactada entre Pedro Sánchez y sus socios independentistas, junto a una carta en la que solicitan que todas las instituciones europeas sigan de cerca esa iniciativa y salvaguarden los principios fundamentales de la Unión.
“España se encuentra al borde de la crisis constitucional y política más importante de los últimos seis años”, exponen ambas formaciones al arranque de la carta, en la que explican que el pacto entre el PSOE y Junts y la propuesta de una ley de amnistía marcan “el inicio de una era de desestabilización política y una clara degradación de los de los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho”. Todo ello, con el único fin de lograr los siete votos de Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno, añaden.
La intención de la amnistía es, sostiene el texto, “revocar los procedimientos judiciales y sanciones pendientes contra unas 3.000 personas, que abarcan delitos cometidos hasta hace una década y que incluyen actos de corrupción y terrorismo”. Además, el pacto incluye la creación de comisiones parlamentarias que investiguen si en España se ha producido "lawfare" o judicialización de la política, “con poderes para perseguir acciones de responsabilidad o enmiendas legislativas”.
Por otro lado, el Partido Popular Europeo, por petición del PP español, ha pedido que el asunto se debata en el próximo pleno del Parlamento Europeo, que tendrá lugar la semana que viene en Estrasburgo. De ese punto, como de otros, no saldrá ninguna conclusión, puesto que la Eurocámara carece de competencias para tomar decisiones, pero sirve, dicen los populares, para "alertar de lo que está pasando en España".
Comentarios