La amnistía a los independentistas le servirá a Pedro Sánchez para ser presidente del Gobierno, pero también le está rodeando de duras críticas y el tema ya está desde hace semanas en el centro del debate, también para la Unión Europea. De hecho, el PP y Ciudadanos han remitido este lunes un dosier sobre la medida a la Comisión Europea, en el que alertan de los riesgos que supone desde el punto de vista del Estado de Derecho.

La misiva ha sido enviada a Charles Michel, Ursula von der Leyen, Josep Borrell, varios comisarios europeos y a los 26 Estados socios de la UE, así como a las direcciones de sus grupos en el Parlamento Europeo, sobre las implicaciones legales y políticas de la ley de amnistía pactada entre Pedro Sánchez y sus socios independentistas, junto a una carta en la que solicitan que todas las instituciones europeas sigan de cerca esa iniciativa y salvaguarden los principios fundamentales de la Unión.

“España se encuentra al borde de la crisis constitucional y política más importante de los últimos seis años”, exponen ambas formaciones al arranque de la carta, en la que explican que el pacto entre el PSOE y Junts y la propuesta de una ley de amnistía marcan “el inicio de una era de desestabilización política y una clara degradación de los de los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho”. Todo ello, con el único fin de lograr los siete votos de Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.

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La intención de la amnistía es “revocar los procedimientos judiciales y sanciones pendientes contra unas 3.000 personas, que abarcan delitos cometidos hasta hace una década y que incluyen actos de corrupción y terrorismo”. Además, el pacto incluye la creación de comisiones parlamentarias que investiguen si en España se ha producido "lawfare" o judicialización de la política, “con poderes para perseguir acciones de responsabilidad o enmiendas legislativas”.

Por otro lado, el Partido Popular Europeo, por petición del PP español, ha pedido que el asunto se debata en el próximo pleno del Parlamento Europeo, que tendrá lugar la semana que viene en Estrasburgo. De ese punto, como de otros, no saldrá ninguna conclusión, puesto que la Eurocámara carece de competencias para tomar decisiones, pero sirve, dicen los populares, para "alertar de lo que está pasando en España".

"El Estado de Derecho no es negociable en la UE", insisten desde el grupo político, en una petición de debate que también registró por su parte Ciudadanos y que cuenta con el apoyo precisamente de los liberales y de la derecha radical de ECR. Según apuntó el PPE, este asunto ha de tratarse en el pleno porque "está en riesgo la independencia judicial en España". La UE, bajo esa premisa, ya ha tenido que abordar situaciones similares en otros Estados miembros como Polonia o Rumanía.

No saldrá nada vinculante del debate, pero para los populares es importante ponerlo sobre la mesa porque además se da en el contexto de la presidencia española del Consejo, por lo que habrá presencia del Gobierno -todavía en funciones- en el pleno de la Eurocámara. 

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"Hay que poner en el foco lo que está pasando en España. Esta ley de amnistía es la abolición del Estado de Derecho porque lo que hace es olvidar, borrar, los delitos cometidos de corrupción", explicó a 20minutos la líder del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, que además lideró este domingo una concentración frente a la sede de la Eurocámara en Bruselas para denunciar "el atropello" que supone para la democracia, dice, el pacto entre PSOE y Junts.

El pleno en Estrasburgo, por otro lado, tendrá lugar, con este debate además, solo unos días después de que se celebre la sesión de investidura del propio Pedro Sánchez, fijada ya para este miércoles y jueves. Salvo giro de última hora, saldrá elegido presidente en primera votación, pues ha sumado 179 apoyos (dos por encima de la mayoría absoluta) tras sus acuerdos con ERC, Junts, PNV y Bildu, entre otras formaciones, además de con Sumar, con quien compartirá Gobierno de coalición.