El Gobierno deja caer el mecanismo ibérico, el tope al precio del gas que logró contenerlo en los peores momentos de la crisis energética del año pasado. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha descartado la posibilidad de pedir una nueva prórroga tras revelar este martes en Bruselas que la Comisión Europea, la que debía autorizar una extensión de este herramienta más allá del 31 de diciembre de 2023, no daría la luz verde.
"La extensión del mecanismo, que en principio acaba el 31 de diciembre, requiere de un proceso de aprobación por la Dirección General de Competencia [de la Comisión Europea], que ya dejó claro que entendía que más allá no era posible llevarlo a la práctica", ha dicho Ribera en rueda de prensa al término del Consejo de Energía que sí ha dado luz verde a otras tres medidas temporales de emergencia para capear la crisis energética: la vía rápida para el despliegue de renovables, la plataforma de compras conjuntas de gas y otro tope, el de 180 euros/Mwh al gas.
De esta manera, Ribera ha resuelto la incógnita sobre una de las decisiones que tenía que tomar antes de que terminara el año, la de si pedir o no una nueva prórroga -que habría sido la segunda- del mecanismo ibérico, que expirará a final de año. Según ha apuntado, en ese caso, no habría obtenido el visto bueno por parte de la Comisión. En las últimas semanas, el Ministerio de Transición Ecológica mantenía que la decisión de pedir o no la prórroga todavía no estaba tomada. Un portavoz de la Comisión Europea ha explicado este martes a 20 Minutos que la decisión de no volver a autorizar una prórroga data del 25 de abril de este año, cuando autorizó la primera, que sería solo hasta el 31 de diciembre, y no entraría en 2024, como ya era la pretensión del Gobierno.
Más allá de esta fecha, añade la Comisión, corresponderá a España, como a cualquier otro países de UE, decidir si quiere apoyar a un sector concreto de su economía con una ayuda de Estado como la que la Dirección General de Competencia aprobó cuando dio luz verde al mecanismo ibérico por primera vez, una decisión tomada "bajo las reglas europeas de ayudas de estado" y por un valor de 8.400 millones para España y Portugal para reducir el coste de generar electricidad con gas. En concreto, se autorizó al Gobierno español a ayudar a este sector con 6.300 millones, que correspondieron a la estimación que se hizo de la denominada compensación que se imputó a todos los consumidores.
Ribera quería "hasta que fuera necesario"
El departamento de Ribera se desmarcaba de este modo del escenario que dibujaron unas declaraciones de la vicepresidenta ante el Parlamento Europeo el pasado mes de octubre, cuando se mostró favorable a que el tope al precio del gas -y, por tanto, al de toda la electricidad- permaneciera vigente "hasta que fuera necesario", aunque fuera como una 'red de seguridad', puesto que desde el mes de febrero, incluso antes de que se prorrogara en mayo, no ha sido necesario activar esta herramienta porque el precio del gas siempre ha estado por debajo del umbral progresivo que se marcó para cada mes.
Este martes, desde Bruselas, Ribera ha vuelto a referirse a esta realidad, que hace mucho tiempo que el mecanismo ibérico no tienen que entrar en escena-, no para defenderlo como un reaseguro por si el precio vuelve a dispararse, sino para intentar justificar la decisión de la Comisión de no autorizar otra extensión. "Los precios del gas se han estabilizado muy por debajo de los que vivimos en 2022, lo que explica por qué desde febrero no se ha activado este mecanismo", ha recordado.
Contener el precio
De esta manera, el 31 de diciembre expirará una herramienta extraordinaria que consiguió contener el precio de la electricidad en España y Portugal durante los peores meses de la crisis energética, en la que se alcanzaron picos históricos por el encarecimiento del gas debido a la guerra en Ucrania.
Su mera creación supuso un hito diplomático del Gobierno en Bruselas y, después de más de de dos meses esperando su autorización definitiva, se activó por primera vez el 15 de junio de 2022. El mecanismo ibérico limitaba el precio de la electricidad generada con gas, y con ella, la producida con tecnologías más baratas -particularmente renovables- que se ven arrastrado por el de mayor valor en el mercado eléctrico de la UE , de tipo marginal. A cambio, se pagaría una compensación solo por el precio real del gas a las centrales que generasen electricidad con él, pero no al resto. Esta solución, que contuvo durante meses los precios también supuso un gasto milmillonario en compensaciones y coincidió con un mayor consumo de gas, que el Gobierno justificó por las exportaciones de electricidad a Francia y Portugal y el PP o el sector eléctrico explicaron por la mera existencia del mecanismo ibérico.
Si bien no sirvió para devolver a la normalidad unos precios que por aquel entonces estaban desbocados, el tope al gas sí logró que la electricidad de origen renovable o nuclear, más baratas que el gas, no se pagara tan cara como con esta materia prima. Como resultado, contuvo los precios mejor que otros países europeos, como Francia, Alemania o Italia.
En octubre de 2022, el gas empezó a bajar -y el umbral del tope a subir, a razón de cinco euros/Mwh al mes- y hubo días en que no hubo que aplicarlo, como también sucedió cuando había tanta renovable que no hacía falta el gas. Esta situación se convirtió en la constante desde febrero de este año, porque desde entonces no se ha vuelto a activar el mecanismo. Para entonces, el Gobierno ya había obtenido la autorización de Bruselas para prorrogarlo una primera vez -expiraba en mayo y se extendió hasta final de este mes- pero Ribera lo defendió como una "red de seguridad", por si volvía a ser necesario.
Hace menos de dos meses, la vicepresidenta mantenía esta visión, que el mecanismo ibérico podía perdurar como medida de seguridad. "Mi inclinación natural es que, dado que no ha generado distorsiones y ha funcionado bien, se extiendan hasta cuando sea necesario todas las medidas", dijo el 25 de octubre. Al día siguiente, remachó la idea asegurando que así lo defendería en el Consejo de la UE, en el que hasta el 31 de diciembre preside las reuniones de ministros de Energía.
Sin embargo, esto no será así porque la Comisión ha hecho a saber que no autorizará una nueva extensión de un mecanismo que, a la postre, es una ayuda de Estado a la industria energética española y portuguesa.
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