Los países de la UE podrán seguir empleando la vía rápida para autorizar parques eólicos y fotovoltaicos hasta el 30 de junio de 2025, un año más de lo previsto inicialmente cuando, ante los elevados precios de la energía y la gran dependencia europea del gas ruso, decidieron acelerar el despliegue de renovables permitiendo sustituir un largo proceso de evaluación de impacto ambiental por la aprobación más expeditiva cuando fuera posible de un informe de afectación elaborado por el propio promotor, siempre que se no fuera en espacios con algún tipo de protección medioambiental.
Un año después de que los ministros de Energía de la UE acordaran un reglamento de emergencia por la crisis energética que en España provocó el rechazo de los técnicos de evaluación ambiental y de las plataformas de protección del territorio, este martes han decidido ampliar su aplicación un año más de la fecha prevista inicialmente, hasta el final de junio de 2025.
Aunque los precios de la energía parecen haberse estabilizado, los Estados miembros han estado de acuerdo con la Comisión Europea en que la situación es "todavía frágil" como para abandonar esta vía rápida de autorización de renovables y otras dos medidas que también se han prorrogado, el tope de 180 euros/Mwh para el precio del gas y la plataforma de compras conjuntas de gas. Con ello, esperan tener cubierto el despliegue de energías renovables para ir supliendo en la medida de lo posible los combustibles fósiles, una red de seguridad por si entretanto el precio del gas vuelve a dispararse y una medida de solidaridad para permitir que las compañías lo compren más barato por medio de adquisiciones conjuntas.
"La prórroga de las tres medidas de emergencia es necesaria para afrontar una situación todavía frágil en la UE debido a la invasión rusa de Ucrania. Nos permitirá asegurar la estabilización de los mercados energéticos, aliviar el efecto de la crisis y proteger a los ciudadanos de precios excesivamente altos de la energía", ha declarado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que este martes preside en Bruselas el último Consejo de Energía de la Presidencia española de la UE, que la comisaria de Energía, Kadris Simson, ha calificado de "auténtico éxito" en este ámbito. Días después de que la semana pasada los jefes de Estado y de Gobierno de la UE lanzaran negociaciones de adhesión de Ucrania, la reunió de este martes ha contado con la presencia telemática de su ministro de Energía, German Galushchenko, con quien han analizado la llegada del invierno en este país desde el punto de vista energético.
Informe del promotor
La "vía rápida" para acelerar la autorización de proyectos renovables supone eximir de realizar por parte de la Administración una evaluación de impacto ambiental -que puede llevar más de un año- a proyectos de fotovoltaica o eólica que no se vayan a ubicar ni dentro de la Red Natural u otras zonas con protección ni en el mar. En su lugar, el promotor debe presentar una documentación donde afirmará que el proyecto no tiene afectación ambiental por lo que respecta a vertidos, generación de residuos o recursos naturales y sobre patrimonio cultural, incidencia socio-económicas sobre el territorio o efectos sobre instalaciones próximas. Si en un plazo de 10 días la Administración y sus técnicos no consideran que existen efectos perversos dará el visto bueno, que también lo será si la administración no se pronuncia, con silencio administrativo. Esto no obsta para que los técnicos ambientales hagan un informe de afección ambiental en un plazo de dos meses, pero hasta entonces el promotor podrá empezar a poner en marcha el proyecto.
Hasta diciembre del año pasado, en España estaba permitido este procedimiento abreviado para los parques eólicos o fotovoltaicos de menor tamaño, de hasta 75MW. Con la aprobación en diciembre de 2022 del reglamento europeo, el Gobierno modificó la legislación para permitir que fuera así para los parques de cualquier tamaño. Con la decisión de los ministros europeos de Energía de este martes, seguirá en vigor un año más de lo previsto, hasta el 30 de junio de 2025.
"Es un reglamento que permite incrementar el carácter de las energías renovables considerado como prioritario con respecto a otros intereses" previstos en otras piezas legislativas, ha dicho la vicepresidenta.
Tope del precio del gas a 180 euros
La segunda prórroga que se ha acordado tiene que ver con una medida que costó mucho acordar en la UE a finales del año pasado pero que finalmente no ha tenido que aplicarse nunca. Se trata del tope al precio del gas que, después de muchos tira y afloja y amenazas de veto por parte de Alemania, los jefes de Estado y de Gobierno acordaron establecer en 180 euros por Mwh. Se trataba de una cifra menor que los picos históricos de 200 y hasta 300 euros que se habían alcanzado en agosto de ese año pero igualmente muy elevada en comparación con los precios normales del gas, alterados debido a la guerra en Ucrania y al manejo que Vladimir Putin hizo del suministro de gas a la UE. Por este motivo, desde que se aprobó esta medida, el gas nunca ha alcanzado los 180 euros por Mwh -en el mercado diario en la Península Ibérica este martes marca 33,94-, de modo que nunca tuvo que activarse este instrumento. Sin embargo, Ribera ha recordado cómo, nada más acordarse este tope el año pasado, los precios del gas empezaron a bajar y estabilizarse. "Fue un ejemplo de hasta qué punto el mensaje fue entendido y correcto", ha dicho después de que el Consejo de Energía tomara la decisión de mantenerlo en pie un año más que iba a expirar a final de enero próximo, hasta el 31 de enero de 2025.
En tercer lugar, los ministros han acordado extender hasta el 31 de diciembre de 2024 la posibilidad que el año pasado ofreció a las compañías europeas que así lo desearan de acudir a compras conjuntas de gas, a través de una plataforma organizada por la Comisión Europea para intentar cerrar acuerdos a menor precio, porque son de más volumen y se evita la competencia entre los compradores. Para ello, se fijaron condiciones como la exclusión del gas ruso de las compras conjuntas y que al menos del 15% de los almacenes de gas de los países de la UE debían rellenarse mediante demanda agregada, una medida que queda eliminada en la prorroga acordada este martes-
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